NÉSTOR DE BUENRealmente lo que estamos viviendo estos días excede la imaginación más generosa. México pasa por un problema gravísimo de desempleo y lo mejor que se le ocurre al gobierno es despedir, en un solo acto, a más de cuarenta mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), poniendo de manifiesto su odio hacia las organizaciones sindicales democráticas e incorporando a los desempleados, que ya son muchos, un caudal importante, con capacidad adquisitiva.
Felipe Calderón se calificó de presidente del empleo. Y ciertamente parece que lo es, pero del empleo de mecanismos anticonstitucionales e ilegales seguramente para facilitar el camino a una inversión extranjera que está viendo con ojos de codicia el mercado extraordinario que se está poniendo a su disposición; obviamente con la intención de que los nuevos inversionistas no tengan problemas sindicales.
El ya famoso decreto del 11 de octubre es un conjunto perfecto de actos inconstitucionales y violatorios de la Ley Federal del Trabajo, sin olvidar el contrato colectivo de trabajo en vigor en la empresa.
¿De dónde habrá sacado el Presidente que está facultado, conforme a la fracción I del artículo 89 constitucional o, si se quiere, de todo su texto, para liquidar una empresa paraestatal? Desde luego que quien se lo haya aconsejado, sin olvidar que Calderón es abogado, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Es bien sabido que los funcionarios del Estado solamente pueden hacer aquello que les está permitido. Basta darse una asomadita al famoso 89 para advertir que ni en sueños pueden hacer otra cosa. Y no justifica la conducta la referencia, metida en el famoso decreto, a que si un presidente de la República dio origen a LFC –y habrá que ver si eso era posible entonces– otro pueda liquidarla.
Pero hay muchas más cosas. Entre otras, el despido rotundo de todos los trabajadores de la empresa, olvidándose del derecho a la estabilidad en el empleo a que se refiere la fracción XXII del apartado A del artículo 123 constitucional, que permite al trabajador injustamente despedido optar por la indemnización o la reinstalación.
Pero además, con un descaro elemental, no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la parte final del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, el cual ordena que los despidos se hagan por escrito expresando las causas previstas en el propio ordenamiento, ya que de otro modo el despido se considerará injustificado.
Hoy he sabido que no sólo se ha despedido a los miembros del sindicato sino también a los empleados de confianza, que por culpa del presidente López Mateos no tienen derecho a imponer su reinstalación, sólo a cobrar la indemnización por despido, rompiendo con un derecho consagrado en el texto original del artículo 123 constitucional. Para que se vea que no sólo los representantes del PAN son capaces de tantas barbaridades.
Pero no se acaban ahí los problemas. Los apagones se están poniendo de moda aunque se quieren atribuir a los trabajadores de LFC, que no pueden ocupar sus puestos de trabajo impedidos por la Policía Federal y el Ejército. En realidad son producto de la ineficacia de quienes han sido puestos en su lugar, seguramente por la CFE, que no tan fácilmente pueden sustituirlos manejando sistemas que no conocen.
Se invoca como motivo de la liquidación una causa de fuerza mayor. Pero a los autores del desastre se les olvida que hay fuerza mayor cuando el Estado impide el cumplimiento de una obligación y el Estado no puede invocarla en su propio beneficio.
Están repitiendo el pretexto que utilizaron para tratar de acabar con una huelga en Cananea alegando el deterioro de las instalaciones que, en todo caso, no es producto de fuerza mayor sino de casos fortuitos, suponiendo, sin conceder, que sea cierto.
Pero ahora los titulares del poder, político y de hecho, invocan cualquier cosa. Por ejemplo, la Iglesia católica se opone al aborto aunque todo parece indicar que lo hacen para impedir el nombramiento como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de quien ha defendido el derecho de la mujer a decidirlo por sí misma.
Hay que imaginar lo que puede resultar de la alianza de esos poderes. La España de Franco era buen modelo.
Felipe Calderón se calificó de presidente del empleo. Y ciertamente parece que lo es, pero del empleo de mecanismos anticonstitucionales e ilegales seguramente para facilitar el camino a una inversión extranjera que está viendo con ojos de codicia el mercado extraordinario que se está poniendo a su disposición; obviamente con la intención de que los nuevos inversionistas no tengan problemas sindicales.
El ya famoso decreto del 11 de octubre es un conjunto perfecto de actos inconstitucionales y violatorios de la Ley Federal del Trabajo, sin olvidar el contrato colectivo de trabajo en vigor en la empresa.
¿De dónde habrá sacado el Presidente que está facultado, conforme a la fracción I del artículo 89 constitucional o, si se quiere, de todo su texto, para liquidar una empresa paraestatal? Desde luego que quien se lo haya aconsejado, sin olvidar que Calderón es abogado, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Es bien sabido que los funcionarios del Estado solamente pueden hacer aquello que les está permitido. Basta darse una asomadita al famoso 89 para advertir que ni en sueños pueden hacer otra cosa. Y no justifica la conducta la referencia, metida en el famoso decreto, a que si un presidente de la República dio origen a LFC –y habrá que ver si eso era posible entonces– otro pueda liquidarla.
Pero hay muchas más cosas. Entre otras, el despido rotundo de todos los trabajadores de la empresa, olvidándose del derecho a la estabilidad en el empleo a que se refiere la fracción XXII del apartado A del artículo 123 constitucional, que permite al trabajador injustamente despedido optar por la indemnización o la reinstalación.
Pero además, con un descaro elemental, no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la parte final del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, el cual ordena que los despidos se hagan por escrito expresando las causas previstas en el propio ordenamiento, ya que de otro modo el despido se considerará injustificado.
Hoy he sabido que no sólo se ha despedido a los miembros del sindicato sino también a los empleados de confianza, que por culpa del presidente López Mateos no tienen derecho a imponer su reinstalación, sólo a cobrar la indemnización por despido, rompiendo con un derecho consagrado en el texto original del artículo 123 constitucional. Para que se vea que no sólo los representantes del PAN son capaces de tantas barbaridades.
Pero no se acaban ahí los problemas. Los apagones se están poniendo de moda aunque se quieren atribuir a los trabajadores de LFC, que no pueden ocupar sus puestos de trabajo impedidos por la Policía Federal y el Ejército. En realidad son producto de la ineficacia de quienes han sido puestos en su lugar, seguramente por la CFE, que no tan fácilmente pueden sustituirlos manejando sistemas que no conocen.
Se invoca como motivo de la liquidación una causa de fuerza mayor. Pero a los autores del desastre se les olvida que hay fuerza mayor cuando el Estado impide el cumplimiento de una obligación y el Estado no puede invocarla en su propio beneficio.
Están repitiendo el pretexto que utilizaron para tratar de acabar con una huelga en Cananea alegando el deterioro de las instalaciones que, en todo caso, no es producto de fuerza mayor sino de casos fortuitos, suponiendo, sin conceder, que sea cierto.
Pero ahora los titulares del poder, político y de hecho, invocan cualquier cosa. Por ejemplo, la Iglesia católica se opone al aborto aunque todo parece indicar que lo hacen para impedir el nombramiento como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de quien ha defendido el derecho de la mujer a decidirlo por sí misma.
Hay que imaginar lo que puede resultar de la alianza de esos poderes. La España de Franco era buen modelo.
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