JOSÉ WOLDENBERG KARAKOSKYLos siguientes son apuntes escritos desde la plataforma del desconcierto.
1. Se puede entender el argumento de la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro porque se había convertido en una empresa costosa, ineficiente y que demandaba un subsidio más que elevado. Sin embargo, no es posible compartir que la extinción de la compañía haya sido un acto unilateral acompañado de la ocupación de las instalaciones por cientos de elementos de la Policía Federal. Un desplante autoritario. La vieja conseja de que el fin justifica los medios.
2. Se entiende la preocupación e indignación de los trabajadores del SME, que observan cómo de la noche a la mañana (literalmente) desaparece su centro de trabajo y quedan sin empleo. La estabilidad laboral, las prestaciones, pero sobre todo la certeza de contar con un trabajo permanente, súbitamente, desaparecen y ello genera no sólo malestar sino coraje. Lo que no se alcanza a comprender es por qué, a lo largo de los años, el sindicato se desentendió de la enorme sangría de recursos que implicaba su contrato colectivo de trabajo y que restaba viabilidad económica a la empresa.
3. El gobierno dirá que no tenía otra ruta más que la del "descontón", que la reforma pactada era imposible, que el sindicato no era un interlocutor capaz de pactar nuevas reglas. No sabremos nunca la verdad de esa presunción. Entre otras cosas porque desde el gobierno o la empresa nunca se conoció un planteamiento abarcador sobre el contrato colectivo que eventualmente sería viable.
4. Los trabajadores, por su parte, afirman que su cuadro de prestaciones había sido pactado de manera bilateral con los sucesivos representantes de la empresa. Sin duda tienen razón. Las condiciones de trabajo, los derechos y prestaciones son acordados de manera bilateral y en todo caso existe una corresponsabilidad en la materia. Pero la vieja fórmula de hacer responsable al otro no basta; invariablemente tiene limitaciones.
5. Hay quienes aplauden la contundencia y sorpresa de la acción gubernamental. "Fue una operación magistral, asombrosa, nadie la esperaba", afirman. El problema es que el decreto de liquidación informa de un largo procedimiento que involucra a varias secretarías y que fue ocultado a los trabajadores y a la opinión pública. Se actúo en las sombras. Y tratándose del gobierno resulta cuestionable.
6. Los trabajadores han anunciado movilizaciones. No podía ser de otra manera. Ejercerán sus derechos e intentarán revertir la decisión. Acudirán a la vía del amparo y tratarán de lograr las adhesiones de legisladores necesarias para iniciar una controversia constitucional. Esto último -al parecer- no será sencillo. De nuevo la judicialización de las diferencias, de los desencuentros. Cuando las vías de la negociación y el acuerdo, es decir, de la política, no son exploradas, no queda más que el expediente judicial.
7. La primera vez que escuché la necesidad de integrar la industria eléctrica nacionalizada y de construir un gran sindicato nacional del ramo fue durante las jornadas de lucha de la Tendencia Democrática encabezada por don Rafael Galván en los primeros años setenta. Cuando fueron despojados de la titularidad de su contrato colectivo (STERM) en 1971 y cuando con posterioridad fueron expulsados del SUTERM en 1975, aquellos electricistas hicieron hincapié en la necesaria integración de la industria y en la conveniencia de dar pasos hacia una organización democrática e independiente. Deseaban una industria eléctrica fuerte, saneada, impulsora del desarrollo. Y un sindicato que fuera un instrumento de auténtica defensa de los intereses laborales de los trabajadores capaz de contribuir a esas tareas. Por desgracia, no sólo los combatieron los líderes "charros" sino también el gobierno que acabó perpetuando dos estructuras y consolidando en la CFE un sindicato dócil. Por cierto, en aquellas jornadas hubo momentos en los que el SME apoyó a los electricistas encabezados por Galván, pero luego dio pasos atrás y se quedó viendo "los toros desde la barrera".
8. El conflicto intersindical que estaba en curso fue interrumpido por la liquidación de la empresa. Los integrantes de ambas planillas han cerrado filas ante lo que consideran una agresión a todos. De tal suerte que lo que durante algún tiempo apareció como el eje del litigio dejó de serlo. Pero en esa dimensión, hay que recordarlo cada vez que haga falta, la decisión de quiénes son los representantes de un sindicato debe estar en manos de los trabajadores y sólo de ellos. Ni la empresa ni el gobierno ni la "opinión pública" tienen (o deben tener) facultades para decidir por los representados. Y el expediente del recuento, contemplado en la legislación laboral mexicana, debe ser activado. Además, en una coyuntura tan complicada como la actual siempre es conveniente tener un interlocutor legitimado. Ello tiende a facilitar la construcción de salidas.
Lo dicho: elementos para incrementar el desconcierto.
1. Se puede entender el argumento de la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro porque se había convertido en una empresa costosa, ineficiente y que demandaba un subsidio más que elevado. Sin embargo, no es posible compartir que la extinción de la compañía haya sido un acto unilateral acompañado de la ocupación de las instalaciones por cientos de elementos de la Policía Federal. Un desplante autoritario. La vieja conseja de que el fin justifica los medios.
2. Se entiende la preocupación e indignación de los trabajadores del SME, que observan cómo de la noche a la mañana (literalmente) desaparece su centro de trabajo y quedan sin empleo. La estabilidad laboral, las prestaciones, pero sobre todo la certeza de contar con un trabajo permanente, súbitamente, desaparecen y ello genera no sólo malestar sino coraje. Lo que no se alcanza a comprender es por qué, a lo largo de los años, el sindicato se desentendió de la enorme sangría de recursos que implicaba su contrato colectivo de trabajo y que restaba viabilidad económica a la empresa.
3. El gobierno dirá que no tenía otra ruta más que la del "descontón", que la reforma pactada era imposible, que el sindicato no era un interlocutor capaz de pactar nuevas reglas. No sabremos nunca la verdad de esa presunción. Entre otras cosas porque desde el gobierno o la empresa nunca se conoció un planteamiento abarcador sobre el contrato colectivo que eventualmente sería viable.
4. Los trabajadores, por su parte, afirman que su cuadro de prestaciones había sido pactado de manera bilateral con los sucesivos representantes de la empresa. Sin duda tienen razón. Las condiciones de trabajo, los derechos y prestaciones son acordados de manera bilateral y en todo caso existe una corresponsabilidad en la materia. Pero la vieja fórmula de hacer responsable al otro no basta; invariablemente tiene limitaciones.
5. Hay quienes aplauden la contundencia y sorpresa de la acción gubernamental. "Fue una operación magistral, asombrosa, nadie la esperaba", afirman. El problema es que el decreto de liquidación informa de un largo procedimiento que involucra a varias secretarías y que fue ocultado a los trabajadores y a la opinión pública. Se actúo en las sombras. Y tratándose del gobierno resulta cuestionable.
6. Los trabajadores han anunciado movilizaciones. No podía ser de otra manera. Ejercerán sus derechos e intentarán revertir la decisión. Acudirán a la vía del amparo y tratarán de lograr las adhesiones de legisladores necesarias para iniciar una controversia constitucional. Esto último -al parecer- no será sencillo. De nuevo la judicialización de las diferencias, de los desencuentros. Cuando las vías de la negociación y el acuerdo, es decir, de la política, no son exploradas, no queda más que el expediente judicial.
7. La primera vez que escuché la necesidad de integrar la industria eléctrica nacionalizada y de construir un gran sindicato nacional del ramo fue durante las jornadas de lucha de la Tendencia Democrática encabezada por don Rafael Galván en los primeros años setenta. Cuando fueron despojados de la titularidad de su contrato colectivo (STERM) en 1971 y cuando con posterioridad fueron expulsados del SUTERM en 1975, aquellos electricistas hicieron hincapié en la necesaria integración de la industria y en la conveniencia de dar pasos hacia una organización democrática e independiente. Deseaban una industria eléctrica fuerte, saneada, impulsora del desarrollo. Y un sindicato que fuera un instrumento de auténtica defensa de los intereses laborales de los trabajadores capaz de contribuir a esas tareas. Por desgracia, no sólo los combatieron los líderes "charros" sino también el gobierno que acabó perpetuando dos estructuras y consolidando en la CFE un sindicato dócil. Por cierto, en aquellas jornadas hubo momentos en los que el SME apoyó a los electricistas encabezados por Galván, pero luego dio pasos atrás y se quedó viendo "los toros desde la barrera".
8. El conflicto intersindical que estaba en curso fue interrumpido por la liquidación de la empresa. Los integrantes de ambas planillas han cerrado filas ante lo que consideran una agresión a todos. De tal suerte que lo que durante algún tiempo apareció como el eje del litigio dejó de serlo. Pero en esa dimensión, hay que recordarlo cada vez que haga falta, la decisión de quiénes son los representantes de un sindicato debe estar en manos de los trabajadores y sólo de ellos. Ni la empresa ni el gobierno ni la "opinión pública" tienen (o deben tener) facultades para decidir por los representados. Y el expediente del recuento, contemplado en la legislación laboral mexicana, debe ser activado. Además, en una coyuntura tan complicada como la actual siempre es conveniente tener un interlocutor legitimado. Ello tiende a facilitar la construcción de salidas.
Lo dicho: elementos para incrementar el desconcierto.
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