ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZEl paquete fiscal aprobado por PRI y PAN en la Cámara de Diputados, y del cual ambos reniegan su paternidad, reproduce las mismas medidas que han debilitado la economía nacional y precarizado a los sectores medios y populares en el país. Se trata de una paquete regresivo, que si bien dio marcha atrás a la contribución de 2% al consumo general y a gravar alimentos y medicinas, incrementa el IVA a 16% y el ISR que, además de elevarse a 30%, grava los ingresos a partir de 6 mil pesos mensuales, lo que daña aún más el poder adquisitivo del salario y la economía familiar, ya que un trabajador con ese salario pagará casi 8% más de impuestos, mientras las grandes corporaciones —que mantienen sus privilegios— pagarán sólo 1.5% de sus ganancias; además, al impuesto sobre depósitos en efectivo, un instrumento de control, lo han convertido en un impuesto recaudatorio, al bajar el rango del monto gravable a 15 mil pesos, con una tasa de 3%. Se insiste así en tapar un “boquete fiscal” y se resisten a corregir, como la mayoría de los países lo hacen, las condiciones que propiciaron la crisis.
Como propusimos en una iniciativa de ley alternativa que la Comisión de Hacienda se negó a dictaminar, el problema de la economía mexicana no es su déficit circunstancial en las finanzas públicas, sino la insistencia en una estrategia que desmantela el aparato productivo y profundiza la desigualdad. El régimen fiscal debe contribuir a la recuperación económica y a la generación de empleo, asegurando su sustentabilidad. Dicha iniciativa planteó acciones de austeridad para limitar el oneroso costo del gobierno federal, eliminando los privilegios que ostentan las grandes empresas y grupos de la oligarquía, que no contribuyen al erario nacional.
Propusimos medidas para lograr mayor eficiencia tributaria, mediante la eliminación de los regímenes especiales, como la consolidación fiscal; el diferimiento de pagos de impuestos; los regímenes de excepción a las grandes empresas del transporte y al sector primario empresarial. Gravar las ganancias del capital y el pago de dividendos; eliminar la deducción inmediata de activos fijos y terrenos, y la deducción de las aportaciones derivadas de donativos de terceros, así coo gravar las ganancias bursátiles. Estableciendo un mayor gravamen en el ISR en los estratos de mayores ingresos, protegiendo la carga tributaria de los trabajadores que perciben menos de 10 mil pesos mensuales, para garantizar equidad y progresividad en el esfuerzo fiscal, incorporando al régimen de tributación a las empresas que bajo la protección del Estado no pagan impuestos.
Estimamos un precio promedio de 57 dólares por barril de petróleo, incluyendo en las coberturas de sobreprecios de venta de hidrocarburos a estados y municipios, incrementando la participación de las entidades federativas en la apropiación de los recursos del Fondo de Estabilización de 25 % a 50%, a fin de evitar caídas bruscas de sus ingresos como ocurrió este año; e incrementando el Fondo de Participaciones de 20% a 25% de la Recaudación Federal Participable y el Fondo de Fomento Municipal de 1% a 2% de las participaciones.
Estas medidas permitirían obtener recursos por 550 mil millones de pesos para proteger el empleo y recuperar el crecimiento. Las retomo hoy,toda vez que la aprobación del paquete fiscal no es definitiva, pues deberá ser debatida en el Senado, e incluso puede enfrentar acciones de inconstitucionalidad por el desaseo legislativo con el que se introdujo la reforma al IVA y a la Ley de Derechos, que carecen de base jurídica, en lo que los abogados denominan “la garantía de debido proceso”. Por ello es oportuno insistir en terminar con los privilegios fiscales, ya que de mantenerse tal cual estas medidas se profundizará la recesión, minando al salario, el empleo y a la pequeña y mediana empresa.
La disputa económica es esencialmente una disputa política contra la protección de privilegios y grupos de interés que buscan descargar el peso de la crisis en las capas medias y en la población de menores recursos. Se requiere erigir un nuevo pacto fiscal y la transformación del modelo económico hasta ahora implementado, en el que no se puede continuar manteniendo los privilegios para unos cuantos, en tanto se pone en riesgo la estabilidad política del país.
Como propusimos en una iniciativa de ley alternativa que la Comisión de Hacienda se negó a dictaminar, el problema de la economía mexicana no es su déficit circunstancial en las finanzas públicas, sino la insistencia en una estrategia que desmantela el aparato productivo y profundiza la desigualdad. El régimen fiscal debe contribuir a la recuperación económica y a la generación de empleo, asegurando su sustentabilidad. Dicha iniciativa planteó acciones de austeridad para limitar el oneroso costo del gobierno federal, eliminando los privilegios que ostentan las grandes empresas y grupos de la oligarquía, que no contribuyen al erario nacional.
Propusimos medidas para lograr mayor eficiencia tributaria, mediante la eliminación de los regímenes especiales, como la consolidación fiscal; el diferimiento de pagos de impuestos; los regímenes de excepción a las grandes empresas del transporte y al sector primario empresarial. Gravar las ganancias del capital y el pago de dividendos; eliminar la deducción inmediata de activos fijos y terrenos, y la deducción de las aportaciones derivadas de donativos de terceros, así coo gravar las ganancias bursátiles. Estableciendo un mayor gravamen en el ISR en los estratos de mayores ingresos, protegiendo la carga tributaria de los trabajadores que perciben menos de 10 mil pesos mensuales, para garantizar equidad y progresividad en el esfuerzo fiscal, incorporando al régimen de tributación a las empresas que bajo la protección del Estado no pagan impuestos.
Estimamos un precio promedio de 57 dólares por barril de petróleo, incluyendo en las coberturas de sobreprecios de venta de hidrocarburos a estados y municipios, incrementando la participación de las entidades federativas en la apropiación de los recursos del Fondo de Estabilización de 25 % a 50%, a fin de evitar caídas bruscas de sus ingresos como ocurrió este año; e incrementando el Fondo de Participaciones de 20% a 25% de la Recaudación Federal Participable y el Fondo de Fomento Municipal de 1% a 2% de las participaciones.
Estas medidas permitirían obtener recursos por 550 mil millones de pesos para proteger el empleo y recuperar el crecimiento. Las retomo hoy,toda vez que la aprobación del paquete fiscal no es definitiva, pues deberá ser debatida en el Senado, e incluso puede enfrentar acciones de inconstitucionalidad por el desaseo legislativo con el que se introdujo la reforma al IVA y a la Ley de Derechos, que carecen de base jurídica, en lo que los abogados denominan “la garantía de debido proceso”. Por ello es oportuno insistir en terminar con los privilegios fiscales, ya que de mantenerse tal cual estas medidas se profundizará la recesión, minando al salario, el empleo y a la pequeña y mediana empresa.
La disputa económica es esencialmente una disputa política contra la protección de privilegios y grupos de interés que buscan descargar el peso de la crisis en las capas medias y en la población de menores recursos. Se requiere erigir un nuevo pacto fiscal y la transformación del modelo económico hasta ahora implementado, en el que no se puede continuar manteniendo los privilegios para unos cuantos, en tanto se pone en riesgo la estabilidad política del país.
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