JOHN MILL ACKERMAN ROSEFelipe Calderón actúa como si todos los organismos descentralizados del Estado mexicano –Luz y Fuerza del Centro (LFC), Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Petróleos Mexicanos (Pemex), etcétera– le pertenecieran de manera personal y directa.
Si bien no se atreve a desaparecer al IFAI de manera unilateral y anticonstitucional como ha hecho con LFC, en los hechos lo está liquidando con el perfil de los comisionados que propone al Senado de la República.
Las designaciones de Sigrid Arzt y María Elena Pérez-Jaén también comprueban la intención de los gobiernos de la alternancia de convertir todos los organismos independientes de rendición de cuentas en disminuidos aparatos burocráticos al servicio del poder y los intereses partidistas.
El Instituto Federal Electoral (IFE) es apenas la sombra de lo que fue durante su época de gloria. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha fracasado espectacularmente en su misión de mejorar el respeto a nuestras garantías básicas. El ahora “autónomo” Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) nació muerto el año pasado, víctima de una ley secundaria diseñada por el Ejecutivo federal que resta casi toda la autonomía que le otorgaría el artículo 26.B de la Constitución. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también ha traicionado de manera sistemática los principios y criterios de avanzada que llegaron a caracterizar su actuación antes de 2006.
Calderón no quiere entender el papel que juegan estos organismos en el desarrollo de la democracia mexicana. Los ve como estorbos para su visión unitaria del poder público y como juguetes para favorecer a sus amigos. No registra la importancia de su fortalecimiento para consolidar la legitimidad y la efectividad del Estado. Prefiere gobernar por decreto y confiar en sus alianzas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las principales televisoras para asegurar un piso mínimo de “gobernabilidad”.
El IFAI no es formalmente un “organismo constitucional autónomo” equivalente al IFE, la CNDH o el Banco de México, sino apenas un “organismo descentralizado” que forma parte de la administración pública federal. Sin embargo, es un organismo sui generis, ya que, a diferencia de la mayoría de los otros organismos de esta naturaleza, tiene la responsabilidad de tutelar un derecho fundamental y no está adscrito a ningún “sector” de la administración pública ni está subordinado a ninguna secretaría de Estado.
El IFAI cuenta con su propia ley y, de manera similar a LFC, no está sujeto plenamente a todas las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, como por ejemplo el polémico artículo 16, que regula el proceso de liquidación.
Asimismo, el nuevo texto del artículo 6º constitucional señala que todos los órganos responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública deben ser “especializados”, “imparciales” y contar con “autonomía operativa, de gestión y de decisión”.
Pero todo esto parece no importarle a Calderón. En lugar de buscar candidatos independientes que dignifica-rían la labor del IFAI, ha recurrido a su tradicional estrategia de pactar con el PRI para colocar a personas que destacan más por sus fidelidades políticas que por sus capacidades técnicas o su visión social.
Estrictamente hablando, la candidatura de Arzt viola la Constitución, pues no cuenta con un conocimiento “especializado” en materia de transparencia. Tampoco cumple con el requisito de “imparcialidad”, porque ha trabajado muy de cerca con el Presidente desde hace años y mantiene relaciones con el Partido Acción Nacional.
Desde el IFAI, Arzt cumplirá el papel de perfecto aliado del nuevo procurador Arturo Chávez. Con esta mancuerna instalada en las altas esferas del gobierno se garantizará que la ciudadanía jamás tenga acceso pleno a la información sobre las estrategias de seguridad pública del gobierno federal.
Pérez-Jaén tampoco cumple con los requisitos de “especialización” e “imparcialidad”. A su paso por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal destacó más por su protagonismo personal que por su conocimiento de la materia. Igualmente, cuando era consejera del extinto Consejo de Información Pública del Distrito Federal incluso fue denunciada por haber asistido a laborar únicamente en siete ocasiones durante un periodo de tres meses. Su cercanía tanto con el PRI como con Elba Esther Gordillo ya es vox populi. También comentan que a principios de los años 90 Pérez-Jaén laboró de directora de relaciones públicas de la Fundación Cambio XXI del PRI.
El Senado cuenta con apenas cuatro días para intervenir en el proceso de nombramiento de los nuevos comisionados del IFAI. Si no actúa antes del viernes 23 de octubre, Arzt y Pérez-Jaén ocuparán automáticamente sus lugares en el pleno junto con Jacqueline Peschard, María Marván y Trinidad Zaldívar. Será muy difícil para cualquiera llenar los zapatos de los distinguidos comisionados salientes Juan Pablo Guerrero y Alonso Gómez Robledo, pero tanto la sociedad como los senadores deberían exigir que los nuevos defensores de la transparencia por lo menos cumplan con los requisitos constitucionales mínimos en la materia.
Si bien no se atreve a desaparecer al IFAI de manera unilateral y anticonstitucional como ha hecho con LFC, en los hechos lo está liquidando con el perfil de los comisionados que propone al Senado de la República.
Las designaciones de Sigrid Arzt y María Elena Pérez-Jaén también comprueban la intención de los gobiernos de la alternancia de convertir todos los organismos independientes de rendición de cuentas en disminuidos aparatos burocráticos al servicio del poder y los intereses partidistas.
El Instituto Federal Electoral (IFE) es apenas la sombra de lo que fue durante su época de gloria. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha fracasado espectacularmente en su misión de mejorar el respeto a nuestras garantías básicas. El ahora “autónomo” Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) nació muerto el año pasado, víctima de una ley secundaria diseñada por el Ejecutivo federal que resta casi toda la autonomía que le otorgaría el artículo 26.B de la Constitución. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también ha traicionado de manera sistemática los principios y criterios de avanzada que llegaron a caracterizar su actuación antes de 2006.
Calderón no quiere entender el papel que juegan estos organismos en el desarrollo de la democracia mexicana. Los ve como estorbos para su visión unitaria del poder público y como juguetes para favorecer a sus amigos. No registra la importancia de su fortalecimiento para consolidar la legitimidad y la efectividad del Estado. Prefiere gobernar por decreto y confiar en sus alianzas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las principales televisoras para asegurar un piso mínimo de “gobernabilidad”.
El IFAI no es formalmente un “organismo constitucional autónomo” equivalente al IFE, la CNDH o el Banco de México, sino apenas un “organismo descentralizado” que forma parte de la administración pública federal. Sin embargo, es un organismo sui generis, ya que, a diferencia de la mayoría de los otros organismos de esta naturaleza, tiene la responsabilidad de tutelar un derecho fundamental y no está adscrito a ningún “sector” de la administración pública ni está subordinado a ninguna secretaría de Estado.
El IFAI cuenta con su propia ley y, de manera similar a LFC, no está sujeto plenamente a todas las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, como por ejemplo el polémico artículo 16, que regula el proceso de liquidación.
Asimismo, el nuevo texto del artículo 6º constitucional señala que todos los órganos responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública deben ser “especializados”, “imparciales” y contar con “autonomía operativa, de gestión y de decisión”.
Pero todo esto parece no importarle a Calderón. En lugar de buscar candidatos independientes que dignifica-rían la labor del IFAI, ha recurrido a su tradicional estrategia de pactar con el PRI para colocar a personas que destacan más por sus fidelidades políticas que por sus capacidades técnicas o su visión social.
Estrictamente hablando, la candidatura de Arzt viola la Constitución, pues no cuenta con un conocimiento “especializado” en materia de transparencia. Tampoco cumple con el requisito de “imparcialidad”, porque ha trabajado muy de cerca con el Presidente desde hace años y mantiene relaciones con el Partido Acción Nacional.
Desde el IFAI, Arzt cumplirá el papel de perfecto aliado del nuevo procurador Arturo Chávez. Con esta mancuerna instalada en las altas esferas del gobierno se garantizará que la ciudadanía jamás tenga acceso pleno a la información sobre las estrategias de seguridad pública del gobierno federal.
Pérez-Jaén tampoco cumple con los requisitos de “especialización” e “imparcialidad”. A su paso por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal destacó más por su protagonismo personal que por su conocimiento de la materia. Igualmente, cuando era consejera del extinto Consejo de Información Pública del Distrito Federal incluso fue denunciada por haber asistido a laborar únicamente en siete ocasiones durante un periodo de tres meses. Su cercanía tanto con el PRI como con Elba Esther Gordillo ya es vox populi. También comentan que a principios de los años 90 Pérez-Jaén laboró de directora de relaciones públicas de la Fundación Cambio XXI del PRI.
El Senado cuenta con apenas cuatro días para intervenir en el proceso de nombramiento de los nuevos comisionados del IFAI. Si no actúa antes del viernes 23 de octubre, Arzt y Pérez-Jaén ocuparán automáticamente sus lugares en el pleno junto con Jacqueline Peschard, María Marván y Trinidad Zaldívar. Será muy difícil para cualquiera llenar los zapatos de los distinguidos comisionados salientes Juan Pablo Guerrero y Alonso Gómez Robledo, pero tanto la sociedad como los senadores deberían exigir que los nuevos defensores de la transparencia por lo menos cumplan con los requisitos constitucionales mínimos en la materia.
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