JORGE ALCOCER VILLANUEVAQue la situación del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LYFC) era insostenible, desde casi cualquier punto de vista, es un hecho probado, no de ahora, sino desde hace varios lustros.
El decreto publicado el domingo establece "Artículo 1º.- Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación." En el artículo segundo transitorio, el Ejecutivo abroga "el Decreto por el cual se crea el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1994."
Cabe recordar que, durante su campaña, el candidato presidencial del PRI anunció, en un mitin realizado en Necaxa, un pacto de mutuo apoyo con el SME. En diciembre de 1989 el presidente Carlos Salinas propuso al Congreso, y éste aceptó, reformar el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que, al concluir la liquidación ordenada en 1975, el Ejecutivo constituyera un organismo descentralizado (...) "el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio que han venido proporcionando dichas compañías." Pacto cumplido.
Sin embargo, fue hasta febrero de 1994, en plena crisis política por el alzamiento del EZLN en Chiapas, que el presidente Salinas dispuso la creación de LYFC, respetando el contrato colectivo con el SME.
Las conductas que distintos gobiernos siguieron, durante casi cinco décadas, en torno a esta problemática fueron motivadas por consideraciones de carácter político-sindical, y también electoral. Una y otra vez se frenó o interrumpió la fusión de las compañías eléctricas, subsistentes en el centro del país, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como se había previsto por el presidente López Mateos desde 1960. El poder del SME gravitó una y otra vez en las decisiones.
En los años setenta, el conflicto sindical que se vivió en la CFE por la titularidad del contrato colectivo de trabajo, entre la dirigencia oficialista y la Tendencia Democrática del SUTERM, motivó al presidente Echeverría a mantener calmas las aguas en el SME; condición para asestar el golpe que liquidó la insurgencia sindical encabezada por Rafael Galván.
López Portillo, que había sido director de la CFE, mantuvo el compromiso de su antecesor y congeló la liquidación; Miguel de la Madrid, agobiado por las crisis económicas, buscó concluirla, pero no le alcanzó el tiempo, pues, como señalé antes, el pacto entre Carlos Salinas y el SME provocó un giro de 180 grados. En los dos sexenios posteriores el tema quedó congelado. Ernesto Zedillo, ante la negativa del PAN de dar su voto a favor, fracasó en su tardío proyecto de reforma al sector eléctrico; Vicente Fox dejó sin atender el asunto, los dineros del petróleo dieron para pagar los crecientes subsidios que LYFC demandaba para mantenerse en operación. Lo único que permaneció inalterado en ese largo periodo fue la improductiva y cada vez más costosa existencia de un organismo público revendedor de energía eléctrica.
Calderón ha tenido que tomar el toro por los cuernos. El sabadazo evitó que la toma de las instalaciones por parte de la PFP provocara enfrentamientos con los trabajadores, pero no evitará la movilización del SME, ni tampoco la interposición de diversos recursos legales que buscarán dejar sin efectos su decisión.
En lo inmediato, cabe pedir al Ejecutivo voz y mando únicos en una situación tan delicada. Las declaraciones de Agustín Carstens al periodista Carlos Loret de Mola, ayer por la mañana, introducen una gran confusión sobre las acciones que el Ejecutivo tomará en los próximos días. Sin que se hayan dado a conocer datos veraces, el secretario de Hacienda anunció que no pedirá al Congreso ajustes en el paquete económico, ni siquiera de forma; la recontratación de 10 mil trabajadores del SME, y que no descarta la creación de un nuevo organismo público ¡que substituya a LYFC!
¿Otra vez la burra al trigo?
El decreto publicado el domingo establece "Artículo 1º.- Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación." En el artículo segundo transitorio, el Ejecutivo abroga "el Decreto por el cual se crea el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1994."
Cabe recordar que, durante su campaña, el candidato presidencial del PRI anunció, en un mitin realizado en Necaxa, un pacto de mutuo apoyo con el SME. En diciembre de 1989 el presidente Carlos Salinas propuso al Congreso, y éste aceptó, reformar el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que, al concluir la liquidación ordenada en 1975, el Ejecutivo constituyera un organismo descentralizado (...) "el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio que han venido proporcionando dichas compañías." Pacto cumplido.
Sin embargo, fue hasta febrero de 1994, en plena crisis política por el alzamiento del EZLN en Chiapas, que el presidente Salinas dispuso la creación de LYFC, respetando el contrato colectivo con el SME.
Las conductas que distintos gobiernos siguieron, durante casi cinco décadas, en torno a esta problemática fueron motivadas por consideraciones de carácter político-sindical, y también electoral. Una y otra vez se frenó o interrumpió la fusión de las compañías eléctricas, subsistentes en el centro del país, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como se había previsto por el presidente López Mateos desde 1960. El poder del SME gravitó una y otra vez en las decisiones.
En los años setenta, el conflicto sindical que se vivió en la CFE por la titularidad del contrato colectivo de trabajo, entre la dirigencia oficialista y la Tendencia Democrática del SUTERM, motivó al presidente Echeverría a mantener calmas las aguas en el SME; condición para asestar el golpe que liquidó la insurgencia sindical encabezada por Rafael Galván.
López Portillo, que había sido director de la CFE, mantuvo el compromiso de su antecesor y congeló la liquidación; Miguel de la Madrid, agobiado por las crisis económicas, buscó concluirla, pero no le alcanzó el tiempo, pues, como señalé antes, el pacto entre Carlos Salinas y el SME provocó un giro de 180 grados. En los dos sexenios posteriores el tema quedó congelado. Ernesto Zedillo, ante la negativa del PAN de dar su voto a favor, fracasó en su tardío proyecto de reforma al sector eléctrico; Vicente Fox dejó sin atender el asunto, los dineros del petróleo dieron para pagar los crecientes subsidios que LYFC demandaba para mantenerse en operación. Lo único que permaneció inalterado en ese largo periodo fue la improductiva y cada vez más costosa existencia de un organismo público revendedor de energía eléctrica.
Calderón ha tenido que tomar el toro por los cuernos. El sabadazo evitó que la toma de las instalaciones por parte de la PFP provocara enfrentamientos con los trabajadores, pero no evitará la movilización del SME, ni tampoco la interposición de diversos recursos legales que buscarán dejar sin efectos su decisión.
En lo inmediato, cabe pedir al Ejecutivo voz y mando únicos en una situación tan delicada. Las declaraciones de Agustín Carstens al periodista Carlos Loret de Mola, ayer por la mañana, introducen una gran confusión sobre las acciones que el Ejecutivo tomará en los próximos días. Sin que se hayan dado a conocer datos veraces, el secretario de Hacienda anunció que no pedirá al Congreso ajustes en el paquete económico, ni siquiera de forma; la recontratación de 10 mil trabajadores del SME, y que no descarta la creación de un nuevo organismo público ¡que substituya a LYFC!
¿Otra vez la burra al trigo?
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