EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIAEl proceso para la elección de quien presidirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una oportunidad privilegiada de profundizar en las fortalezas y pendientes del Estado mexicano en esta materia, y en lo que significan y expresan los anhelos democráticos de quienes habitamos este país. Es claro que en el debate público existe consenso sobre la pertinencia y necesidad de los derechos humanos, pero no lo hay aún en lo que ello implica para las instancias públicas y para la ciudadanía.
Gracias a la apertura democrática y a los esfuerzos de partidos políticos y de la sociedad organizada se han logrado grandes avances en las últimas décadas. Expresión de ello son las más de 300 leyes promulgadas y casi 500 instituciones creadas —a nivel federal y local— relacionados con derechos humanos, electorales, de acceso a la información, contra la discriminación, para los usuarios de servicios médicos, financieros, de protección al ambiente, de derechos laborales, sociales, de defensa de consumidores y de contribuyentes. También las que protegen la infancia, adultos mayores, jóvenes, familias, indígenas, personas víctimas de trata, y mujeres.
Además existe un sólido conjunto de tratados internacionales que México ha ratificado y diversas reformas constitucionales que han dado lugar a leyes reglamentarias y a legislaciones estatales. Como complemento de estos avances, institucionales y sin duda presupuestales, existen avances de generación de diagnósticos —el nacional del 2003 y el del DF del 2008— y de programas de derechos humanos, el nacional de 2008 y el Distrito Federal de 2009.
Este nuevo marco no le da, sin embargo, garantías del derecho a la seguridad a un padre cuando su hija de 14 años sale con sus amigas, o a una mujer campesina que requiere sus derechos sociales para sobrevivir, para que sus hijos no hereden las enormes restricciones que impone la pobreza. Tampoco a un niño con discapacidad de que su derecho a la educación no se limitará a inscribirse en la primaria, sino que la cobertura, la calidad y la accesibilidad estarán asegurados. No da garantías de justicia a las víctimas de violaciones a cualquiera de sus derechos.
Para quien ejerce una función pública las leyes y normas son el marco de actuación. Pero en lo cotidiano la perspectiva con la que se trabaja se traduce en enormes diferencias para la gente. Se puede vivir el servicio público desde la convicción de “por qué no” suceden las cosas, de por qué los límites de horario, presupuestales o estructurales son obstáculos infranqueables. O se puede ejercer buscando “cómo sí” es posible que leyes, instituciones y políticas públicas sean un poderoso conjunto de herramientas a favor de la dignidad de las personas; “cómo sí” mirar diferente a los millones de personas que tienen más obstáculos históricos, económicos, políticos, sociales y culturales.
El Estado mexicano ha ido modificando la definición de su relación con la sociedad, y ha ido poniendo en el centro de su propuesta a las personas y a sus derechos. Ese proceso es tendencialmente irreversible en un contexto de pluralismo político, de reconocimiento de la diversidad, y en un mundo que internacionalmente define formal e informalmente criterios de respeto y vigilancia de los derechos humanos, y exigencias de diversa índole para el fortalecimiento de las democracias.
Los derechos humanos representan obligaciones de respeto, de protección, de promoción y de garantía de las instituciones públicas, y se han convertido en un indicador de gobernabilidad democrática y gestión gubernamental. Pero aún es indispensable que sean eje rector de la cultura política y social. Es indispensable encontrar maneras de que el marco legal e institucional funcione mejor, que el modelo económico tenga criterios de derechos humanos, que el sistema de justicia garantice justicia. Es indispensable que el rediseño del Estado se perciba en cada hogar no sólo como servicios o programas públicos, sino en certezas de desarrollo, de un nivel de vida adecuado, de seguridad, de posibilidad de futuro. Es irreversible en el marco del bicentenario de la Independencia, y del centenario de la Revolución, luchas nacionales por la igualdad, la equidad y la justicia.
El avance de los derechos humanos representa una nueva cultura y un nuevo marco institucional del Estado mexicano. La reforma del Estado pasa, necesariamente, por una visión de Estado en esta materia. Esa es mi convicción y compromiso. Por ello me esfuerzo desde hace muchos años. Para ello quiero ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Gracias a la apertura democrática y a los esfuerzos de partidos políticos y de la sociedad organizada se han logrado grandes avances en las últimas décadas. Expresión de ello son las más de 300 leyes promulgadas y casi 500 instituciones creadas —a nivel federal y local— relacionados con derechos humanos, electorales, de acceso a la información, contra la discriminación, para los usuarios de servicios médicos, financieros, de protección al ambiente, de derechos laborales, sociales, de defensa de consumidores y de contribuyentes. También las que protegen la infancia, adultos mayores, jóvenes, familias, indígenas, personas víctimas de trata, y mujeres.
Además existe un sólido conjunto de tratados internacionales que México ha ratificado y diversas reformas constitucionales que han dado lugar a leyes reglamentarias y a legislaciones estatales. Como complemento de estos avances, institucionales y sin duda presupuestales, existen avances de generación de diagnósticos —el nacional del 2003 y el del DF del 2008— y de programas de derechos humanos, el nacional de 2008 y el Distrito Federal de 2009.
Este nuevo marco no le da, sin embargo, garantías del derecho a la seguridad a un padre cuando su hija de 14 años sale con sus amigas, o a una mujer campesina que requiere sus derechos sociales para sobrevivir, para que sus hijos no hereden las enormes restricciones que impone la pobreza. Tampoco a un niño con discapacidad de que su derecho a la educación no se limitará a inscribirse en la primaria, sino que la cobertura, la calidad y la accesibilidad estarán asegurados. No da garantías de justicia a las víctimas de violaciones a cualquiera de sus derechos.
Para quien ejerce una función pública las leyes y normas son el marco de actuación. Pero en lo cotidiano la perspectiva con la que se trabaja se traduce en enormes diferencias para la gente. Se puede vivir el servicio público desde la convicción de “por qué no” suceden las cosas, de por qué los límites de horario, presupuestales o estructurales son obstáculos infranqueables. O se puede ejercer buscando “cómo sí” es posible que leyes, instituciones y políticas públicas sean un poderoso conjunto de herramientas a favor de la dignidad de las personas; “cómo sí” mirar diferente a los millones de personas que tienen más obstáculos históricos, económicos, políticos, sociales y culturales.
El Estado mexicano ha ido modificando la definición de su relación con la sociedad, y ha ido poniendo en el centro de su propuesta a las personas y a sus derechos. Ese proceso es tendencialmente irreversible en un contexto de pluralismo político, de reconocimiento de la diversidad, y en un mundo que internacionalmente define formal e informalmente criterios de respeto y vigilancia de los derechos humanos, y exigencias de diversa índole para el fortalecimiento de las democracias.
Los derechos humanos representan obligaciones de respeto, de protección, de promoción y de garantía de las instituciones públicas, y se han convertido en un indicador de gobernabilidad democrática y gestión gubernamental. Pero aún es indispensable que sean eje rector de la cultura política y social. Es indispensable encontrar maneras de que el marco legal e institucional funcione mejor, que el modelo económico tenga criterios de derechos humanos, que el sistema de justicia garantice justicia. Es indispensable que el rediseño del Estado se perciba en cada hogar no sólo como servicios o programas públicos, sino en certezas de desarrollo, de un nivel de vida adecuado, de seguridad, de posibilidad de futuro. Es irreversible en el marco del bicentenario de la Independencia, y del centenario de la Revolución, luchas nacionales por la igualdad, la equidad y la justicia.
El avance de los derechos humanos representa una nueva cultura y un nuevo marco institucional del Estado mexicano. La reforma del Estado pasa, necesariamente, por una visión de Estado en esta materia. Esa es mi convicción y compromiso. Por ello me esfuerzo desde hace muchos años. Para ello quiero ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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