RODRIGO ALFONSO MORALES MANZANARESEn la alegre danza de cifras que ha acompañado la negociación del presupuesto han surgido todo tipo de comparaciones. Desaparición de secretarías que apenas le hacen cosquillas al boquete fiscal, prestaciones sindicales que superan el presupuesto de órganos autónomos, “ahorros” que mágicamente financian hospitales o aulas, liquidaciones que superan a las finanzas de muchos municipios, en fin, que en el nuevo deporte de comparar peras con manzanas, podemos encontrar argumentos para todo. Cito dos ejemplos.
El presidente nacional del PAN, César Nava, propuso formalmente reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos y considerar una seria reducción al presupuesto del IFE. La primera parte de su propuesta resultó por supuesto empática con los medios masivos de comunicación y se le dio una gran difusión, pero, ¿hay algún tipo de cálculo que anime dicha propuesta? ¿Hay algún análisis de los reportes de gasto de campaña, de los informes sobre actividades ordinarias que soporte la medida? Sospecho que no. En todo caso, es muy casual que sea justo la mitad. Creo que la propuesta puede tener algún éxito en la opinión pública, pero no se hace cargo de sus efectos en el sistema de partidos.
En cuanto a la segunda parte de ella, sin conocer los detalles del proyecto de presupuesto del IFE, hay que recordar, más allá de la apreciación de que la consolidación de nuestro sistema democrático autoriza a pensar en reducciones, que lo que solicita el IFE está fundado en las atribuciones y obligaciones que le confiere la ley, de modo que cualquier reducción sustantiva debiera pasar por una revisión del marco jurídico de la autoridad electoral. Pero, en efecto, las comparaciones de lo que se podría hacer si las reducciones ocurrieran son un buen abono para el debate, aunque no se hagan cargo de las consecuencias.
Segundo ejemplo. En la preparación del clima de opinión pública para la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, hace semanas supimos que el gobierno federal subsidiaba a dicha empresa con más de 40 mil millones de pesos al año. Pues bien, ese es aproximadamente el monto que a lo largo de veinte años ha invertido el IFE para la confección del padrón electoral. Y esto vale, peras y manzanas aparte, para decir que esa inversión hoy está en riesgo si la iniciativa de la cédula de identidad prospera. En alguna entrega anterior señalaba los riesgos que para el padrón electoral significaba la coexistencia de dos instrumentos registrales y de cómo la experiencia internacional acredita que, cuando se da esta convivencia, el que pierde es el padrón electoral.
Hoy tenemos dos novedades. Por un lado, la publicación de las bases de licitación para construir el servicio nacional de identidad que, más allá de plazos sospechosos e inconsistencias técnicas, no aclara las bases de operación de la nueva cédula y abre la posibilidad de que la empresa ganadora, en un esquema de outsourcing, tenga en los hechos toda la base de datos de los ciudadanos. El tema de la protección de datos personales, por lo que se ve, puede esperar. Por otro lado, el IFE ya le puso números al riesgo. La convivencia de la cédula con la credencial significará que, para la elección presidencial de 2012, el porcentaje de ciudadanos credencializados caería a 78 por ciento. Hoy ese porcentaje está muy por encima de 90 por ciento. Reitero la profecía: las urnas (y la credibilidad) pierden.
Ojalá que luego de la danza de cifras sea posible entender qué hay detrás de cada monto y no seguir congraciándose con una opinión ávida de recortes.
El presidente nacional del PAN, César Nava, propuso formalmente reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos y considerar una seria reducción al presupuesto del IFE. La primera parte de su propuesta resultó por supuesto empática con los medios masivos de comunicación y se le dio una gran difusión, pero, ¿hay algún tipo de cálculo que anime dicha propuesta? ¿Hay algún análisis de los reportes de gasto de campaña, de los informes sobre actividades ordinarias que soporte la medida? Sospecho que no. En todo caso, es muy casual que sea justo la mitad. Creo que la propuesta puede tener algún éxito en la opinión pública, pero no se hace cargo de sus efectos en el sistema de partidos.
En cuanto a la segunda parte de ella, sin conocer los detalles del proyecto de presupuesto del IFE, hay que recordar, más allá de la apreciación de que la consolidación de nuestro sistema democrático autoriza a pensar en reducciones, que lo que solicita el IFE está fundado en las atribuciones y obligaciones que le confiere la ley, de modo que cualquier reducción sustantiva debiera pasar por una revisión del marco jurídico de la autoridad electoral. Pero, en efecto, las comparaciones de lo que se podría hacer si las reducciones ocurrieran son un buen abono para el debate, aunque no se hagan cargo de las consecuencias.
Segundo ejemplo. En la preparación del clima de opinión pública para la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, hace semanas supimos que el gobierno federal subsidiaba a dicha empresa con más de 40 mil millones de pesos al año. Pues bien, ese es aproximadamente el monto que a lo largo de veinte años ha invertido el IFE para la confección del padrón electoral. Y esto vale, peras y manzanas aparte, para decir que esa inversión hoy está en riesgo si la iniciativa de la cédula de identidad prospera. En alguna entrega anterior señalaba los riesgos que para el padrón electoral significaba la coexistencia de dos instrumentos registrales y de cómo la experiencia internacional acredita que, cuando se da esta convivencia, el que pierde es el padrón electoral.
Hoy tenemos dos novedades. Por un lado, la publicación de las bases de licitación para construir el servicio nacional de identidad que, más allá de plazos sospechosos e inconsistencias técnicas, no aclara las bases de operación de la nueva cédula y abre la posibilidad de que la empresa ganadora, en un esquema de outsourcing, tenga en los hechos toda la base de datos de los ciudadanos. El tema de la protección de datos personales, por lo que se ve, puede esperar. Por otro lado, el IFE ya le puso números al riesgo. La convivencia de la cédula con la credencial significará que, para la elección presidencial de 2012, el porcentaje de ciudadanos credencializados caería a 78 por ciento. Hoy ese porcentaje está muy por encima de 90 por ciento. Reitero la profecía: las urnas (y la credibilidad) pierden.
Ojalá que luego de la danza de cifras sea posible entender qué hay detrás de cada monto y no seguir congraciándose con una opinión ávida de recortes.
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