CALDERÓN Y EL SME: FIRMAS Y PALABRAS

CIRO MURAYAMA RENDÓN

El 10 de octubre por la noche, el Presidente de la República giró instrucciones para extinguir la compañía Luz y Fuerza del Centro y para que sus instalaciones fueran ocupadas por la Policía Federal. (Por cierto, ¿qué tendrá esa fecha de fatídica en las administraciones panistas?, pues también fue un 10 de octubre cuando Fox realizó el famoso “decretazo” para disminuir las obligaciones fiscales de las empresas de radio y televisión). El domingo 11, Felipe Calderón dirigió un mensaje a la nación explicando las razones de su decisión, en el que trató de persuadir de que no había otro camino dados “los privilegios y onerosas prestaciones de carácter laboral”, es decir, que no quedaba sino cerrar la compañía por el tipo de sindicato con que contaba. No obstante, apenas el año pasado, el 16 de marzo de 2008, el gobierno federal suscribió un convenio con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para, en forma conjunta, modernizar a la empresa. Es decir, había un plan de corrección de las fallas y de las actividades costosas, de las ineficiencias, por lo que es falso que no hubiese posibilidad de diálogo.

El convenio fue firmado por el secretario general del SME, Martín Esparza Flores y por el director de LyFC, Jorge Gutiérrez Vera, y tuvo como “testigos de honor” —así dice el texto, disponible en www.sener.gob.mx— a la secretaria de Energía, Georgina Kessel, al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, así como al de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón. Es decir, el gobierno en pleno estaba al tanto de la existencia de un convenio que asumía junto con el SME los problemas de la empresa (“a partir del diagnóstico de la situación técnica, financiera, operativa y administrativa del organismo público descentralizado ‘Luz y Fuerza del Centro’)” y que los quería atender “con el profundo convencimiento de las partes de que la misma amerita el concurso de las voluntades del organismo, sindicato, trabajadores y el Gobierno Federal, para mejorar la eficiencia y la eficacia en la prestación del servicio público que tiene encomendado desarrollar en la zona central del país...”.

El Presidente dijo, textual, en su mensaje del domingo, que: “debido al contrato colectivo de trabajo, casi todas las decisiones tenían que tomarse pidiendo permiso a la representación sindical, lo cual hacía que esas decisiones [...] obedecieran en muchas ocasiones a las preocupaciones e intereses del sindicato”. Pero en el convenio que su gobierno firmó apenas el año anterior nada se desprendía en ese sentido, sino que se establecía que “en el espíritu de cooperación que ha prevalecido entre LyF y el Sindicato, han determinado la necesidad de reforzar las acciones que han emprendido para corregir los problemas estructurales de ese organismo y encontrar soluciones que permitan prestar un mejor servicio público de energía eléctrica”. O sea que no se “pedía permiso”, sino que de manera conjunta se “cooperaba” para “reforzar” acciones que ya estaban en curso. El Sindicato era visto como un aliado, un interlocutor para la mejoría, no un obstáculo. Si uno se atiene a lo que firmó el gobierno con el SME, había posibilidad de diálogo y entendimiento.

Afirmó Calderón en cadena nacional: “El número de trabajadores seguía creciendo desproporcionadamente, no porque lo necesitara el servicio eléctrico, sino porque así lo exigía el contrato colectivo de trabajo”. Perdón, pero lo que Luz y Fuerza y el Sindicato establecieron en el convenio, con el gobierno de testigo, fue que cuando se determinara que existieran procesos en la empresa que pudieran “ser desarrollados con un menor número de trabajadores en las respectivas áreas, el personal que quede sin actividad será reubicado en aquellas áreas que requieran más personal en términos del propio proceso de reingeniería” y que “las partes acuerdan que el personal que no pueda ser reubicado (...) pasará a ocupar las vacantes que se generen con motivo de la jubilación de trabajadores, previa la capacitación correspondiente y los movimientos de personal a que haya lugar, en la inteligencia de que la plaza que deje el trabajador que sea reubicado no genera una vacante.” Más claro que el agua: el SME se comprometió a no ampliar el total de trabajadores.

El presidente dijo que “Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo, perdía por robos, por fallas técnicas por corrupción o por ineficiencias la tercera parte de la electricidad que distribuía”. Para empezar, los robos de luz no son atribuibles al SME, ni toda falla o ineficiencia, tampoco las corruptelas, pero en el convenio referido, había medidas para enfrentar esos problemas: “El Sindicato se compromete a coadyuvar con LyF en el objetivo de disminuir las pérdidas de energía no técnicas, hasta alcanzar al 30 de noviembre de 2012, un nivel de pérdidas similar al resto del Sector Eléctrico Nacional”.

Había, entonces, un horizonte de modernización que tenía como punto de llegada el año 2012. Era un horizonte no sólo hablado, sino firmado por el gobierno de Felipe Calderón y el SME. Ese acuerdo voló por los aires con la decisión presidencial de desaparecer la compañía y de liquidar la fuente de trabajo de los agremiados del SME.

Ya se vio cómo cumple este gobierno la palabra empeñada y la firma impresa.