¿CÓMO REDUCIR EL COSTO DE LA POLÍTICA?

CIRO MURAYAMA RENDÓN

En esta temporada de aprobación de presupuestos y de contracción de ingresos públicos se vuelve casi un lugar común clamar por la disminución de los recursos públicos a los partidos. En los medios, en las tertulias, se repite una y otra vez que los partidos nos salen muy caros y que es la hora de quitarles privilegios. En las líneas que siguen voy a desentonar con buena parte del eco que produce la voz mayoritaria, señalando que ya se dio una reducción significativa de los dineros a los partidos y señalando que, en todo caso, un nuevo recorte a su financiamiento no puede responder sólo a la lógica del castigo a unas instituciones que son indispensables para la democracia.
Con la reforma electoral de 2007 se decidió que el dinero que reciben los partidos políticos a nivel federal se determinara a partir de multiplicar el 0.65 de un día de salario mínimo por el total de ciudadanos inscritos en el padrón. Quienes aseguran que en México hay “partidos ricos” no suelen tomar en cuenta que, en promedio, a cada ciudadano tener un sistema de partidos –con todas sus deficiencias– le cuesta unos 35 pesos al año, menos de 10 centavos al día; es decir, no es un monto que, utilizado en otro fin, pudiese resolver alguno de los grandes problemas nacionales o de bienestar. Pero la cancelación de esos fondos, de esos dos euros al año por persona empadronada, llevaría a los partidos políticos a buscar recursos en el sector privado para sobrevivir. En el mejor de los casos, los partidos que lograran reunir suficientes ingresos para mantener sus estructuras dependerían de los particulares, por lo que el partido puede ser “capturado” por algún grupo de interés económico privado. Entonces, castigar los recursos de los partidos no resuelve nada pero sí genera un problema político de magnitud considerable.
En lo que toca al financiamiento para cubrir las erogaciones de los partidos durante las épocas de proselitismo electoral, la reforma de 2007 especificó lo siguiente: que en año de campañas el monto de financiamiento público se ampliara, pero sin duplicarse –como ocurrió entre 1996 y 2006–, y se diferenciaran los procesos electorales en que se renueva la totalidad del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República de aquellos en que sólo se eligen los 500 asientos de la Cámara de Diputados. Así, en una elección total se amplía el monto de recursos públicos en un 50 por ciento, y en un 30 en las llamadas votaciones intermedias.
Esa disposición impactó a la baja los costos de las elecciones federales en México y, en particular, de las campañas. En la elección de 2009, la primera a nivel federal que se llevó a cabo bajo las nuevas disposiciones, el financiamiento público en términos reales disminuyó frente a la de 2003 en 74 por ciento (819 millones frente a tres mil 142 millones de pesos). Es decir, se trata de un ahorro de dos mil 323 millones de pesos a precios de 2009. Esa es una reducción de costos evidente, tangible.
Algo que hizo factible que se redujera el financiamiento en gastos de campaña fue la decisión del Constituyente permanente de prohibir la compra de publicidad electoral en radio y televisión. Así, los partidos no tuvieron que destinar grandes montos de recursos a las empresas de comunicación electrónica del país para asegurar que sus mensajes llegaran a la ciudadanía. Este cambio en el modelo de acceso de los partidos a la radio y la televisión favoreció que se desactivaran parte de los incentivos estructurales de los partidos para buscar recursos financieros adicionales, lo cual contribuye a “blindar” la vida política de la injerencia de dinero de origen opaco e incluso delincuencial.
Con la nueva legislación en materia de medios y elecciones se avanzó en la equidad en la contienda. Por ejemplo, en 2006 el IFE detectó la existencia de 601 mil anuncios en televisión y de un millón 385 mil en radio, los cuales tuvieron un costo agregado de casi dos mil millones de pesos (mil 973 millones de pesos). En promedio cada anuncio de radio y televisión costó dos mil 606 pesos al erario, pues los spots se pagaron con los recursos públicos que a través de financiamiento del IFE se entregaron a los partidos. De esos spots, en televisión, al PAN le correspondió el 25.7 porciento, a la coalición del PRI el 44.5 por ciento, a la alianza encabezada por el PRD el 21.2 por ciento, al Panal el ocho por ciento y a Alternativa Socialdemócrata el 0.5 por ciento.
Gracias a la reforma electoral, la presencia de los partidos en los medios se debe no a su capacidad financiera ni al trato más favorable o desfavorable que reciban de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, sino de un criterio que otorga el 30 por ciento del tiempo del Estado a todos los partidos por igual y el 70 por ciento restante en función del porcentaje de votos alcanzado en la elección previa. En 2009, el partido que más presencia tuvo en los medios fue el PAN, con un 28 por ciento, y el que menos el Partido Socialdemócrata, con un 5.8 por ciento. Lo anterior evidencia que la reforma electoral hizo más equitativo el acceso a los medios de comunicación.
La clave para reducir el costo de las elecciones está en haber prohibido la compra de anuncios en radio y TV, al tiempo que se garantizó el acceso de los partidos a los medios electrónicos a través de los tiempos oficiales del Estado.
Se trata del modelo que puede ser favorecido. La propuesta de volver a reducir el dinero a los partidos, como ya se vio, no significa mayores economías; es una propuesta que puede ser popular, pero también es poco racional.