MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPAEn buena hora se registró Emilio Álvarez Icaza al proceso para elegir ombudsman nacional, el acompañamiento que tuvo en ese acto es una muestra de la confianza que suscita entre los mejores ciudadanos
Anteayer concluyó el plazo para el registro de candidatos a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde el ombudsman saliente concluirá su segundo periodo el 16 de noviembre. En este proceso, que lleva adelante la Cámara de senadores, mañana se verificará si todos los inscritos satisfacen los requisitos establecidos. La lista que resulte será pública para efectos de escrutinio público, es decir para avisar a la sociedad de modo formal quiénes buscan encabezar ese órgano constitucional autónomo, y recibir información sobre ellos. Enseguida, los candidatos serán entrevistados por miembros de tres comisiones del Senado y el 26 de octubre la Comisión de Derechos Humanos formulará una terna de la que, a más tardar el 29 de este mes, el pleno senatorial designe a quien dirija la CNDH, encabezada desde su fundación, en 1990, por Jorge Carpizo, Jorge Madrazo, Carlos Rodríguez Moreno (interinamente), Mireille Roccatti y José Luis Soberanes.
Nunca como ahora había despertado tanto interés y había hecho movilizarse tantos intereses esa elección, que prescinde por completo del Ejecutivo y deja a cargo del Senado el proceso de designación. La eminencia de la materia que promueve y defiende ese organismo, su colosal presupuesto, su incidencia en fenómenos centrales de la vida pública mexicana, la tentación en los partidos con representación senatorial de ganar una parcela de poder, y de algunos de sus jefes de erigirse en electores determinantes en este proceso, todo ello ha impreso un carácter peculiar a la sucesión de José Luis Soberanes, cuya gestión es asimismo una razón para que esta elección no pase inadvertida: hay un amplio sentimiento en contra de que, por incuria ciudadana, se elija a quien prolongue un desempeño donde abundan las anotaciones en el debe y escasean en el haber.
No obstante estar determinado claramente en la Constitución y en la ley de la comisión, una etapa anterior al proceso mismo de designación ha suscitado tensiones en el Senado. Ocurre que preside la Comisión de Derechos Humanos una mujer que rechaza los modos convencionales de hacer política, aunque por fuerza tenga que adecuarse a las formalidades de ser elegida en la planilla de un partido, de formar parte de una bancada y de ceñirse a las reglas de operación de las comisiones camarales. La senadora Rosario Ybarra, tras su lucha de más de tres décadas en pos de la presentación con vida de su hijo y cientos de personas más que han sufrido desaparición forzada, se ha forjado una noción de los derechos humanos que no se aviene con los intereses que merodean en torno de la CNDH como emplazamiento de poder. Para impedir o, cuando más, atenuar que prospere esa noción por encima de la que prevalece en las negociaciones senatoriales, la Junta de Coordinación Política del Senado pretendió que en los hechos dos comisiones más disminuyeran la presencia de la senadora Ybarra en este proceso. Ante su rechazo a esa injerencia, se llegó a una solución de compromiso (justamente del estilo que repugna a la ex candidata presidencial, pero que debe admitir en función de su pertenencia a la bancada del PT) en que las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos "acompañan" a la de derechos humanos desde emisión de la convocatoria hasta las entrevistas a los candidatos, si bien la encabezada por doña Rosario tendrá a su cargo la formulación de la terna, de donde a su vez el pleno elegirá al ombudsman nacional. De manera tan torpe se quiso disminuir la relevancia de la Comisión de Derechos Humanos, que la inscripción de los aspirantes no se hizo en su secretaría técnica sino en la oficialía de partes del Senado.
Al cerrarse el plazo se registró más de una treintena de personas. Las más de ellas son impulsadas por sí mismas o por organizaciones que existen más en la intención o la apariencia que en la realidad. Con todo, será una tarea ardua la configuración de la terna, porque no faltan en ella los nombres de mujeres y varones que con prestancia y experiencia encabecen la CNDH, tan presente en la vida pública como lo requiere el irrespeto a los derechos humanos que campea en nuestro país y el desdén que hacia su vigencia mantiene el gobierno federal. Uno de los territorios que esa Comisión Nacional ha tenido que recorrer con frecuencia, no siempre con el rigor ético indispensable, ha sido el de la militarización surgida de la inseguridad pública, la deplorable situación de los cuerpos policiales que deben encararla y la inmadura decisión del presidente Calderón de ponerse en manos de las estructuras castrenses para combatir la delincuencia organizada, sin que las tropas tengan el adiestramiento adecuado. Anteanoche mismo se produjo una condenable muestra de imprudencia que hizo perder la vida a un soldado: ignorantes de la tensión que priva en la comunidad de LeBarón, en el municipio chihuahuense de Galeana, por la violencia criminal que algunas de sus familias han padecido, integrantes de una patrulla militar se presentaron en la población en un vehículo no oficial y con sus pasajeros encapuchados, tal como los asaltantes que hace apenas unos meses asesinaron a dos líderes de LeBarón, después del fracaso en el secuestro de otro de sus miembros.
Antes de referirme a los inscritos quiero congratularme de que no se registraran los dos ministros de la Suprema Corte que el 30 de noviembre concluirán allí sus elevadas funciones. Tal vez ellos mismos no lo consideraron nunca, pero había corrido la especie de que Mariano Azuela Güitrón y Genaro David Góngora Pimentel aspirarían a suceder a Soberanes, quien a su vez pretende sustituir a alguno de los dos en el máximo tribunal. Hasta se aseguraba, en fuentes enteradas, que Azuela Güitrón era el candidato de Los Pinos, en lo que significaría una indebida injerencia del Ejecutivo en un proceso enteramente reservado a la Cámara de senadores. Daba verosimilitud a la versión de que los ministros deseaban continuar en el servicio público el que Góngora Pimentel hubiera figurado en el proceso para elegir consejero presidente del Instituto Federal Electoral en una coyuntura donde no se sabe qué fue más desafortunada, si la decisión del ministro de sujetarse a un procedimiento realizado en un órgano de otro poder o la conducta de los diputados que lo desahogaron con una venenosa mezcla de arrogancia y estolidez.
De haberse anticipado a dejar sus sillas en la Corte para contender por la presidencia de la CNDH, los ministros hubieran expresado en los hechos una pobre opinión sobre su ministerio, sobre su pertenencia a un poder de la Unión, en que, por coincidencia, cada uno de ellos fue presidente. Ser ministro de la Corte debería ser, para los juristas como lo son Azuela y Góngora, la mayor responsabilidad, el máximo honor al que pueden aspirar. Tras ejercer esas facultades los ministros deben alejarse de las tribulaciones terrenales, para eso se les jubila en condiciones materiales que propician una vida digna, sin tener que reducirse a litigar y poner en un brete a los juzgadores ante los cuales acudan. Cuando más, deben consagrarse a la enseñanza (conforme a la vocación de los dos en trance de jubilarse) en que la sabiduría unida a la experiencia sea socialmente útil en la formación de mejores profesionales del derecho.
En buena hora no hicieron realidad la conjetura que los envolvía. Y en buena hora el viernes se registró, como se había anunciado, Emilio Álvarez Icaza Longoria, que apenas el 1o. de octubre concluyó los dos periodos en los que encabezó la Comisión de Derechos humanos del Distrito Federal. Tuvo que colocar en cajas de cartón los cientos de cartas de apoyo de agrupaciones civiles activas en el ámbito de los derechos humanos. Como una demostración de la confianza que suscita entre los mejores ciudadanos, acompañaron a Álvarez Icaza a entregar su documentación al Senado José Woldenberg, Clara Jusidman y Alberto Núñez Esteva, cuyas miradas divergentes en varios aspectos coinciden en ver a Álvarez Icaza como la mejor posibilidad de fortalecer la vigencia de los derechos humanos en México. No se requiere recordar la prestancia y solvencia del primero al frente del IFE, ni la activa participación de la segunda en diversas causas sociales. El tercero, ex dirigente patronal, encabeza ahora la Sociedad en Movimiento, núcleo de grupos civiles.
Anteayer concluyó el plazo para el registro de candidatos a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde el ombudsman saliente concluirá su segundo periodo el 16 de noviembre. En este proceso, que lleva adelante la Cámara de senadores, mañana se verificará si todos los inscritos satisfacen los requisitos establecidos. La lista que resulte será pública para efectos de escrutinio público, es decir para avisar a la sociedad de modo formal quiénes buscan encabezar ese órgano constitucional autónomo, y recibir información sobre ellos. Enseguida, los candidatos serán entrevistados por miembros de tres comisiones del Senado y el 26 de octubre la Comisión de Derechos Humanos formulará una terna de la que, a más tardar el 29 de este mes, el pleno senatorial designe a quien dirija la CNDH, encabezada desde su fundación, en 1990, por Jorge Carpizo, Jorge Madrazo, Carlos Rodríguez Moreno (interinamente), Mireille Roccatti y José Luis Soberanes.
Nunca como ahora había despertado tanto interés y había hecho movilizarse tantos intereses esa elección, que prescinde por completo del Ejecutivo y deja a cargo del Senado el proceso de designación. La eminencia de la materia que promueve y defiende ese organismo, su colosal presupuesto, su incidencia en fenómenos centrales de la vida pública mexicana, la tentación en los partidos con representación senatorial de ganar una parcela de poder, y de algunos de sus jefes de erigirse en electores determinantes en este proceso, todo ello ha impreso un carácter peculiar a la sucesión de José Luis Soberanes, cuya gestión es asimismo una razón para que esta elección no pase inadvertida: hay un amplio sentimiento en contra de que, por incuria ciudadana, se elija a quien prolongue un desempeño donde abundan las anotaciones en el debe y escasean en el haber.
No obstante estar determinado claramente en la Constitución y en la ley de la comisión, una etapa anterior al proceso mismo de designación ha suscitado tensiones en el Senado. Ocurre que preside la Comisión de Derechos Humanos una mujer que rechaza los modos convencionales de hacer política, aunque por fuerza tenga que adecuarse a las formalidades de ser elegida en la planilla de un partido, de formar parte de una bancada y de ceñirse a las reglas de operación de las comisiones camarales. La senadora Rosario Ybarra, tras su lucha de más de tres décadas en pos de la presentación con vida de su hijo y cientos de personas más que han sufrido desaparición forzada, se ha forjado una noción de los derechos humanos que no se aviene con los intereses que merodean en torno de la CNDH como emplazamiento de poder. Para impedir o, cuando más, atenuar que prospere esa noción por encima de la que prevalece en las negociaciones senatoriales, la Junta de Coordinación Política del Senado pretendió que en los hechos dos comisiones más disminuyeran la presencia de la senadora Ybarra en este proceso. Ante su rechazo a esa injerencia, se llegó a una solución de compromiso (justamente del estilo que repugna a la ex candidata presidencial, pero que debe admitir en función de su pertenencia a la bancada del PT) en que las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos "acompañan" a la de derechos humanos desde emisión de la convocatoria hasta las entrevistas a los candidatos, si bien la encabezada por doña Rosario tendrá a su cargo la formulación de la terna, de donde a su vez el pleno elegirá al ombudsman nacional. De manera tan torpe se quiso disminuir la relevancia de la Comisión de Derechos Humanos, que la inscripción de los aspirantes no se hizo en su secretaría técnica sino en la oficialía de partes del Senado.
Al cerrarse el plazo se registró más de una treintena de personas. Las más de ellas son impulsadas por sí mismas o por organizaciones que existen más en la intención o la apariencia que en la realidad. Con todo, será una tarea ardua la configuración de la terna, porque no faltan en ella los nombres de mujeres y varones que con prestancia y experiencia encabecen la CNDH, tan presente en la vida pública como lo requiere el irrespeto a los derechos humanos que campea en nuestro país y el desdén que hacia su vigencia mantiene el gobierno federal. Uno de los territorios que esa Comisión Nacional ha tenido que recorrer con frecuencia, no siempre con el rigor ético indispensable, ha sido el de la militarización surgida de la inseguridad pública, la deplorable situación de los cuerpos policiales que deben encararla y la inmadura decisión del presidente Calderón de ponerse en manos de las estructuras castrenses para combatir la delincuencia organizada, sin que las tropas tengan el adiestramiento adecuado. Anteanoche mismo se produjo una condenable muestra de imprudencia que hizo perder la vida a un soldado: ignorantes de la tensión que priva en la comunidad de LeBarón, en el municipio chihuahuense de Galeana, por la violencia criminal que algunas de sus familias han padecido, integrantes de una patrulla militar se presentaron en la población en un vehículo no oficial y con sus pasajeros encapuchados, tal como los asaltantes que hace apenas unos meses asesinaron a dos líderes de LeBarón, después del fracaso en el secuestro de otro de sus miembros.
Antes de referirme a los inscritos quiero congratularme de que no se registraran los dos ministros de la Suprema Corte que el 30 de noviembre concluirán allí sus elevadas funciones. Tal vez ellos mismos no lo consideraron nunca, pero había corrido la especie de que Mariano Azuela Güitrón y Genaro David Góngora Pimentel aspirarían a suceder a Soberanes, quien a su vez pretende sustituir a alguno de los dos en el máximo tribunal. Hasta se aseguraba, en fuentes enteradas, que Azuela Güitrón era el candidato de Los Pinos, en lo que significaría una indebida injerencia del Ejecutivo en un proceso enteramente reservado a la Cámara de senadores. Daba verosimilitud a la versión de que los ministros deseaban continuar en el servicio público el que Góngora Pimentel hubiera figurado en el proceso para elegir consejero presidente del Instituto Federal Electoral en una coyuntura donde no se sabe qué fue más desafortunada, si la decisión del ministro de sujetarse a un procedimiento realizado en un órgano de otro poder o la conducta de los diputados que lo desahogaron con una venenosa mezcla de arrogancia y estolidez.
De haberse anticipado a dejar sus sillas en la Corte para contender por la presidencia de la CNDH, los ministros hubieran expresado en los hechos una pobre opinión sobre su ministerio, sobre su pertenencia a un poder de la Unión, en que, por coincidencia, cada uno de ellos fue presidente. Ser ministro de la Corte debería ser, para los juristas como lo son Azuela y Góngora, la mayor responsabilidad, el máximo honor al que pueden aspirar. Tras ejercer esas facultades los ministros deben alejarse de las tribulaciones terrenales, para eso se les jubila en condiciones materiales que propician una vida digna, sin tener que reducirse a litigar y poner en un brete a los juzgadores ante los cuales acudan. Cuando más, deben consagrarse a la enseñanza (conforme a la vocación de los dos en trance de jubilarse) en que la sabiduría unida a la experiencia sea socialmente útil en la formación de mejores profesionales del derecho.
En buena hora no hicieron realidad la conjetura que los envolvía. Y en buena hora el viernes se registró, como se había anunciado, Emilio Álvarez Icaza Longoria, que apenas el 1o. de octubre concluyó los dos periodos en los que encabezó la Comisión de Derechos humanos del Distrito Federal. Tuvo que colocar en cajas de cartón los cientos de cartas de apoyo de agrupaciones civiles activas en el ámbito de los derechos humanos. Como una demostración de la confianza que suscita entre los mejores ciudadanos, acompañaron a Álvarez Icaza a entregar su documentación al Senado José Woldenberg, Clara Jusidman y Alberto Núñez Esteva, cuyas miradas divergentes en varios aspectos coinciden en ver a Álvarez Icaza como la mejor posibilidad de fortalecer la vigencia de los derechos humanos en México. No se requiere recordar la prestancia y solvencia del primero al frente del IFE, ni la activa participación de la segunda en diversas causas sociales. El tercero, ex dirigente patronal, encabeza ahora la Sociedad en Movimiento, núcleo de grupos civiles.
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