JOSÉ WOLDENBERG KARAKOSKYUn alud de reformas constitucionales para proteger la vida desde el momento de la concepción parece ser la respuesta del conservadurismo más insensible a la despenalización del aborto que se aprobó en el Distrito Federal. Luego de que la Corte estableciera que la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas era constitucional, los diputados locales del PRI y el PAN (y en algunos estados con la complicidad de los del PRD), con una celeridad digna de mejores causas, han modificado 15 constituciones locales para consagrar la protección de la vida desde la fecundación del óvulo.
En algunos casos, como Baja California, Durango, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y Sonora, han colocado en el texto constitucional un auténtico disparate: que a la fecundación se le entiende ("se le reputa") como si se tratara de un niño nacido "para todos los efectos legales correspondientes". No importa la flagrante violación de la lógica o el desconocimiento de los avances científicos, se trata de colocar un dique para impedir que las mujeres puedan interrumpir su embarazo durante las primeras semanas del mismo. Una auténtica pulsión persecutoria.
La despenalización, hay que repetirlo, a nadie obliga a abortar. Se trata de un expediente extremo al que las mujeres recurren por muy diversas razones y nadie (ni el Estado ni la Iglesia ni los vecinos) debería inmiscuirse en esa decisión. Por el contrario, la despenalización de una práctica más que extendida ayuda a que las mujeres que así lo deseen cuenten con asistencia médica y no arriesguen ni su salud ni su vida.
Pero además, todo parece indicar que en la sociedad existe una comprensión creciente de que el aborto durante las primeras semanas de la gestación no es un asunto de policías, ministerios públicos y tribunales, sino en todo caso de conciencia, y que cada mujer debe tener el pleno derecho a decidir. Y para no hablar de oídas, las organizaciones que componen la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir realizaron entre los capitalinos una encuesta (la tercera, ya que en 2007 y 2008 hicieron ejercicios similares), cuyos resultados son ilustrativos y elocuentes.
El 85 por ciento de los encuestados sabe de la existencia de una nueva disposición en el Distrito Federal que permite la interrupción legal del embarazo. El 81 por ciento se enteró por la televisión y el 6 por la radio. El 73 por ciento dijo estar de acuerdo con la nueva ley. La cifra resulta espectacular porque en 2007 sólo el 38 por ciento estaba de acuerdo, y en el año 2008 la aceptación ascendía al 63.
Dado que la despenalización estuvo acompañada de disposiciones legales que obligan al gobierno del Distrito Federal a incrementar el acceso a los servicios de salud reproductiva, a los programas de planificación familiar y a mejorar la educación sexual en las escuelas, la inmensa mayoría de los encuestados se manifestó a favor de esa fórmula que pone el énfasis en la educación y el acceso a los más diversos métodos anticonceptivos. A la pregunta de si estaba de acuerdo que para la prevención de embarazos no deseados era necesario fortalecer los programas de educación sexual, el 96 por ciento de los encuestados contestó que sí; y con relación al despliegue de programas para mejorar el acceso a los servicios de salud reproductiva, métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y uso del condón, el 97 por ciento dijo estar de acuerdo.
El 83 por ciento de los capitalinos expresó su simpatía para que la ley que permite la interrupción legal del embarazo se extienda a otras entidades, y ese mismo porcentaje enunció su acuerdo para que las mujeres que viven fuera de la capital puedan ser atendidas en el DF (porque vale la pena apuntar que el 23 por ciento de las interrupciones legales de embarazos que se realizan en la Ciudad de México corresponden a mujeres de otras entidades). Y el 84 por ciento consideró que las disposiciones capitalinas benefician de manera especial a las mujeres de escasos recursos.
El 90 por ciento de los entrevistados consideró que la decisión de interrumpir el embarazo debe ser sólo de la mujer (51 por ciento) o de la pareja (39 por ciento).
En suma, franjas muy grandes de la sociedad parecen compartir la idea de que lo óptimo es desplegar amplios programas de información y educación para que las personas puedan decidir sobre el ejercicio de su sexualidad y sus capacidades reproductivas. Ello debe ir acompañado de políticas que pongan al alcance de quienes lo deseen los muy diferentes métodos anticonceptivos. Pero si por alguna razón los mismos fallan o no fueron utilizados, la decisión de interrumpir el embarazo debe ser de la mujer (o en todo caso debe ser compartida con su pareja). Y si ello es así, el Estado más que convertirse en una entidad atosigante y punitiva, debe ofrecer las facilidades para que las mujeres eviten tener hijos no deseados, durante las primeras semanas de la gestación, en las mejores condiciones de atención a su salud.
En algunos casos, como Baja California, Durango, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y Sonora, han colocado en el texto constitucional un auténtico disparate: que a la fecundación se le entiende ("se le reputa") como si se tratara de un niño nacido "para todos los efectos legales correspondientes". No importa la flagrante violación de la lógica o el desconocimiento de los avances científicos, se trata de colocar un dique para impedir que las mujeres puedan interrumpir su embarazo durante las primeras semanas del mismo. Una auténtica pulsión persecutoria.
La despenalización, hay que repetirlo, a nadie obliga a abortar. Se trata de un expediente extremo al que las mujeres recurren por muy diversas razones y nadie (ni el Estado ni la Iglesia ni los vecinos) debería inmiscuirse en esa decisión. Por el contrario, la despenalización de una práctica más que extendida ayuda a que las mujeres que así lo deseen cuenten con asistencia médica y no arriesguen ni su salud ni su vida.
Pero además, todo parece indicar que en la sociedad existe una comprensión creciente de que el aborto durante las primeras semanas de la gestación no es un asunto de policías, ministerios públicos y tribunales, sino en todo caso de conciencia, y que cada mujer debe tener el pleno derecho a decidir. Y para no hablar de oídas, las organizaciones que componen la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir realizaron entre los capitalinos una encuesta (la tercera, ya que en 2007 y 2008 hicieron ejercicios similares), cuyos resultados son ilustrativos y elocuentes.
El 85 por ciento de los encuestados sabe de la existencia de una nueva disposición en el Distrito Federal que permite la interrupción legal del embarazo. El 81 por ciento se enteró por la televisión y el 6 por la radio. El 73 por ciento dijo estar de acuerdo con la nueva ley. La cifra resulta espectacular porque en 2007 sólo el 38 por ciento estaba de acuerdo, y en el año 2008 la aceptación ascendía al 63.
Dado que la despenalización estuvo acompañada de disposiciones legales que obligan al gobierno del Distrito Federal a incrementar el acceso a los servicios de salud reproductiva, a los programas de planificación familiar y a mejorar la educación sexual en las escuelas, la inmensa mayoría de los encuestados se manifestó a favor de esa fórmula que pone el énfasis en la educación y el acceso a los más diversos métodos anticonceptivos. A la pregunta de si estaba de acuerdo que para la prevención de embarazos no deseados era necesario fortalecer los programas de educación sexual, el 96 por ciento de los encuestados contestó que sí; y con relación al despliegue de programas para mejorar el acceso a los servicios de salud reproductiva, métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y uso del condón, el 97 por ciento dijo estar de acuerdo.
El 83 por ciento de los capitalinos expresó su simpatía para que la ley que permite la interrupción legal del embarazo se extienda a otras entidades, y ese mismo porcentaje enunció su acuerdo para que las mujeres que viven fuera de la capital puedan ser atendidas en el DF (porque vale la pena apuntar que el 23 por ciento de las interrupciones legales de embarazos que se realizan en la Ciudad de México corresponden a mujeres de otras entidades). Y el 84 por ciento consideró que las disposiciones capitalinas benefician de manera especial a las mujeres de escasos recursos.
El 90 por ciento de los entrevistados consideró que la decisión de interrumpir el embarazo debe ser sólo de la mujer (51 por ciento) o de la pareja (39 por ciento).
En suma, franjas muy grandes de la sociedad parecen compartir la idea de que lo óptimo es desplegar amplios programas de información y educación para que las personas puedan decidir sobre el ejercicio de su sexualidad y sus capacidades reproductivas. Ello debe ir acompañado de políticas que pongan al alcance de quienes lo deseen los muy diferentes métodos anticonceptivos. Pero si por alguna razón los mismos fallan o no fueron utilizados, la decisión de interrumpir el embarazo debe ser de la mujer (o en todo caso debe ser compartida con su pareja). Y si ello es así, el Estado más que convertirse en una entidad atosigante y punitiva, debe ofrecer las facilidades para que las mujeres eviten tener hijos no deseados, durante las primeras semanas de la gestación, en las mejores condiciones de atención a su salud.
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