JORGE ALCOCER VILLANUEVAEs sabido que, en vísperas de concluir su mandato, Ernesto Zedillo manifestó a Vicente Fox, Presidente electo, su disposición de enviar al Congreso una iniciativa de reforma tributaria, asumiendo el compromiso de que la mayoría de los legisladores del PRI, recién electos, dieran su voto aprobatorio. Lo que a Fox correspondía era asegurar el voto de los diputados y senadores del PAN.
Lo que Zedillo propuso a Fox era el mismo paquete de ajustes tributarios que en 1999 las bancadas y la dirigencia del PAN se negaron a respaldar: reducir la tasa del IVA del 15% al 12%, eliminando la exención generalizada en alimentos y medicinas, dejando protegida la canasta de alimentos básicos con mayor peso en el gasto de los segmentos de menor ingreso; la eliminación de los regímenes especiales de tributación; cambios sustanciales a las reglas en materia de consolidación y una revisión integral de los impuestos especiales.
El Presidente electo rechazó la propuesta de Zedillo. En abril de 2000 Fox envió al Congreso su propuesta de reforma fiscal, que en lo fundamental era la misma que había rechazado a su antecesor. Las cosas habían cambiado, los legisladores del PRI no estaban dispuestos a dar su voto, ni había nadie que los pudiera convencer de lo contrario.
Diez años después seguimos en la misma discusión y en peores condiciones. Espantados por el fantasma de la roqueseñal, Ejecutivo y Congreso repiten la incapacidad para transitar hacia la reforma fiscal; prefieren seguir cargando la mano a los contribuyentes cautivos y parchando un sistema tributario plagado de agujeros. Ningún esfuerzo por ensanchar la base de contribuyentes, tampoco para reducir el abultado gasto corriente. Más IVA, más ISR y más impuestos especiales a quienes pagan; mientras que los privilegios para unos cuantos se mantienen y hasta amplifican.
Se afirma que el número de pobres llega a 60 millones. Si damos la cifra por buena hay 45 millones con ingresos por arriba de la línea de pobreza. Para que 60 millones de pobres no paguen IVA por los pocos alimentos que pueden comprar, 45 millones que podrían pagarlo no lo hacen. No se paga IVA por las tortillas, el frijol y la leche, tampoco por el jamón jabugo, el paté de ganso y el caviar.
La solución que han encontrado los diputados y Hacienda es la prescripción, en dosis más alta, de la misma receta que ha mantenido postrada a la economía y debilitado los ingresos tributarios durante más de una década. Sólo que ahora la medicina se aplicará a un paciente en estado comatoso. El fracaso es inevitable.
Las alternativas planteadas por senadores del PRI provocaron la reacción de diputados de todos los partidos y la crítica de algunos economistas del sector privado. En particular, el rasgado de vestiduras se produce por la idea de elevar el déficit a un punto porcentual del PIB -apenas un cuarto de punto más que lo aprobado en San Lázaro- así como por la sugerencia de aumentar el precio de la gasolina y subir el de referencia del barril de petróleo de 59 a 63 dólares. Me parece que el argumento crítico atendible es el relativo al efecto inflacionario del precio de la gasolina, pero advierto que no hay solución perfecta, todas implican costos y beneficios, de lo que se trata es de encontrar la que reduzca los primeros y maximice los segundos. Eso es lo que el Senado debe intentar en su calidad de Cámara revisora, viendo por el interés de la mayoría.
Llevar el debate entre las dos Cámaras al terreno de los dimes y diretes, inevitablemente aderezados con futurismo al 2012, empobrece los argumentos y el análisis. Que los gobernadores intervengan en la discusión y construcción de soluciones es una práctica de hace al menos tres lustros; el problema no es que participen, sino que pretendieran imponer sus particulares visiones e intereses, que no son, necesariamente, los del conjunto del país.
La solución a que se arribe tendrá que ser evaluada con el criterio que nos enseñaron en la Facultad de Economía de la UNAM: ¿A costa de quiénes y en beneficio de cuántos?
Lo que Zedillo propuso a Fox era el mismo paquete de ajustes tributarios que en 1999 las bancadas y la dirigencia del PAN se negaron a respaldar: reducir la tasa del IVA del 15% al 12%, eliminando la exención generalizada en alimentos y medicinas, dejando protegida la canasta de alimentos básicos con mayor peso en el gasto de los segmentos de menor ingreso; la eliminación de los regímenes especiales de tributación; cambios sustanciales a las reglas en materia de consolidación y una revisión integral de los impuestos especiales.
El Presidente electo rechazó la propuesta de Zedillo. En abril de 2000 Fox envió al Congreso su propuesta de reforma fiscal, que en lo fundamental era la misma que había rechazado a su antecesor. Las cosas habían cambiado, los legisladores del PRI no estaban dispuestos a dar su voto, ni había nadie que los pudiera convencer de lo contrario.
Diez años después seguimos en la misma discusión y en peores condiciones. Espantados por el fantasma de la roqueseñal, Ejecutivo y Congreso repiten la incapacidad para transitar hacia la reforma fiscal; prefieren seguir cargando la mano a los contribuyentes cautivos y parchando un sistema tributario plagado de agujeros. Ningún esfuerzo por ensanchar la base de contribuyentes, tampoco para reducir el abultado gasto corriente. Más IVA, más ISR y más impuestos especiales a quienes pagan; mientras que los privilegios para unos cuantos se mantienen y hasta amplifican.
Se afirma que el número de pobres llega a 60 millones. Si damos la cifra por buena hay 45 millones con ingresos por arriba de la línea de pobreza. Para que 60 millones de pobres no paguen IVA por los pocos alimentos que pueden comprar, 45 millones que podrían pagarlo no lo hacen. No se paga IVA por las tortillas, el frijol y la leche, tampoco por el jamón jabugo, el paté de ganso y el caviar.
La solución que han encontrado los diputados y Hacienda es la prescripción, en dosis más alta, de la misma receta que ha mantenido postrada a la economía y debilitado los ingresos tributarios durante más de una década. Sólo que ahora la medicina se aplicará a un paciente en estado comatoso. El fracaso es inevitable.
Las alternativas planteadas por senadores del PRI provocaron la reacción de diputados de todos los partidos y la crítica de algunos economistas del sector privado. En particular, el rasgado de vestiduras se produce por la idea de elevar el déficit a un punto porcentual del PIB -apenas un cuarto de punto más que lo aprobado en San Lázaro- así como por la sugerencia de aumentar el precio de la gasolina y subir el de referencia del barril de petróleo de 59 a 63 dólares. Me parece que el argumento crítico atendible es el relativo al efecto inflacionario del precio de la gasolina, pero advierto que no hay solución perfecta, todas implican costos y beneficios, de lo que se trata es de encontrar la que reduzca los primeros y maximice los segundos. Eso es lo que el Senado debe intentar en su calidad de Cámara revisora, viendo por el interés de la mayoría.
Llevar el debate entre las dos Cámaras al terreno de los dimes y diretes, inevitablemente aderezados con futurismo al 2012, empobrece los argumentos y el análisis. Que los gobernadores intervengan en la discusión y construcción de soluciones es una práctica de hace al menos tres lustros; el problema no es que participen, sino que pretendieran imponer sus particulares visiones e intereses, que no son, necesariamente, los del conjunto del país.
La solución a que se arribe tendrá que ser evaluada con el criterio que nos enseñaron en la Facultad de Economía de la UNAM: ¿A costa de quiénes y en beneficio de cuántos?
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