ARNALDO CÓRDOVALa adquisición que diferentes bancos extranjeros hicieron de grandes bancos mexicanos y que comenzó con Zedillo y se aceleró durante el gobierno de Fox fue, en su momento y después, justificada con un razonamiento que parecía plausible en sí mismo: el país necesitaba capital para su desarrollo y no importaba de donde viniera. La verdad es que cada una de las adquisiciones mostró enjuagues que no tenían precisamente mucho que ver con ese propósito. Hubo banqueros delincuentes que fueron salvados de sus apuros o de sus tropelías cediendo la propiedad de sus concesiones a los mejores postores del extranjero.
Otras veces fueron motivo de jugosos negocios que, por lo demás, se llevaron a cabo con daño descarado de los intereses de la nación y, en particular, del Estado mexicano. La venta de Banamex a Citigroup, como todos recordarán, se hizo violando abiertamente la ley, pues no causó ni un centavo de impuestos al fisco. En su momento se señaló y fue motivo de escándalo, pero nadie movió ni un dedo desde el gobierno.
El asunto de las ventas de bancos pasó como si se hubiera tratado de un simple acto de transferencia de bienes, igual que se hace con cacahuates, sin ninguna implicación para el bien del país y del Estado. Hasta cuando se adquiere un bien de uso diario se está pagando impuestos. Y resulta increíble que cuando se trata de un servicio como lo es el financiero de banca y crédito se olvide que no se trata de una mera actividad de privados, sino de la explotación de un servicio público concesionado por el Estado. Todavía más increíble es que a los juristas sea a los que más se les olvida, pero también a los economistas y a los contadores.
Las leyes hablan de la naturaleza de ese servicio y lo definen siempre como público y en ello fundan también las excepciones que se fincan a ese servicio público. No se trata de sólo de negocios privados en los que poco importa lo que se haga. La fracción quinta del noveno párrafo del 27 constitucional habla de los bancos como instituciones “debidamente autorizadas” por las leyes de instituciones de crédito. El párrafo décimo del 28 define con claridad el punto: “El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en caso de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos… Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público”.
El servicio de banca y crédito ya estuvo en manos del Estado, con el retiro de las concesiones a los banqueros privados en 1982. Cuando los bancos se venden hay, en efecto, la transferencia de un bien que es cuantificable; pero eso es lo de menos, pues, con el permiso del Estado, lo que realmente pasa de unas manos a otras es la concesión del servicio. A mí no me parece sano para nuestra economía que nuestros bancos estén en manos de extranjeros, pero eso es otro asunto.
Pensando que los banqueros mexicanos, tradicionalmente, siempre fueron tan ladrones como los extranjeros, poco podría importarnos el que los bancos pasaran a manos de extranjeros. Y de que éstos han ganado dinero creo que a nadie le pueden caber dudas. Pero, en el caso especial de Banamex hay una historia que vale la pena recordar y poner en la discusión. Roberto Hernández adquirió Banamex a través de su compañía Acciones y Valores (Accival) en 1991, ayudado, se dijo entonces, por Raúl Salinas. La compraventa se hizo por títulos y con responsabilidades institucionales del banco. En agosto de 2001, ya durante el gobierno de Fox, se presentó la oportunidad de venderlo a Citigroup. No se trató, empero, de una venta cualquiera.
El nuevo secretario de Hacienda, Gil, la hizo de asesor de Hernández y el banco estadunidense y les sugirió que la transacción se hiciera por medio de la Bolsa de Valores. Fue por 12 mil 500 millones de dólares, lo que habría representado, en una operación normal, un pago en impuestos de 3 mil 500 millones de dólares, pero como las operaciones bursátiles no causan impuestos, pues de esa manera se evadió esa obligación. El pasado verano, Citigroup entró en bancarrota y el gobierno de Estados Unidos fue a su rescate mediante un crédito que tuvo como garantía la tercera parte de sus acciones que pasaron a ser propiedad del gobierno.
No hay modo de establecer que las acciones de Banamex no forman parte de ese tercio accionario en manos del gobierno de Estados Unidos. Dos ordenamientos mexicanos entran en conflicto con esa nueva situación. El artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito establece: “No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad”. El artículo 18, párrafo quinto de la Ley para Regular las Agrupaciones Bancarias, dicta: “No podrán participar en forma alguna en el capital social de la controladora, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad. Tampoco podrán hacerlo autoridades financieras del país, incluso las que formen parte del respectivo grupo”.
Las hipótesis se refieren en todo a Banamex y a Citigroup. Y eso, sin contar con el hecho de que no se trata, aquí, de pepitas, sino de un servicio público que a todos se les olvida. Por lo demás, hay que recordar que el “capital social” es el integrado por acciones.
Las autoridades hacendarias, ante la amenaza de algunos priístas interesados en forzar la venta a nacionales del banco mexicano, han respondido que no hay problema. Es muy su estilo. Se escudan en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (cap. XIV), alegando que todos los gobiernos (las partes) tienen el derecho y el deber de proteger a sus ahorradores. Aparte de que eso no es exactamente lo que dice el TLCAN, no es la materia, porque aquí se habla de la propiedad de un banco y no de salvar a los ahorradores; el presidente Obama está muy en su derecho de salvar a sus bancos. El tratado no hace ninguna excepción en contra de lo estipulado en nuestras leyes y persiste el hecho de que una persona moral extranjera que ejerce autoridad se ha convertido en accionista mayoritario de Citigroup y, con él, de Banamex.
Se alega también que se trata de una medida temporal. El presidente de Estados Unidos no lo ha dicho nunca y la propiedad accionaria de su gobierno es un hecho que para todos los efectos legales queda firme. Beltrones tiene buen chance de realizar sus propósitos, sólo le bastará que haga bien las cosas.
Otras veces fueron motivo de jugosos negocios que, por lo demás, se llevaron a cabo con daño descarado de los intereses de la nación y, en particular, del Estado mexicano. La venta de Banamex a Citigroup, como todos recordarán, se hizo violando abiertamente la ley, pues no causó ni un centavo de impuestos al fisco. En su momento se señaló y fue motivo de escándalo, pero nadie movió ni un dedo desde el gobierno.
El asunto de las ventas de bancos pasó como si se hubiera tratado de un simple acto de transferencia de bienes, igual que se hace con cacahuates, sin ninguna implicación para el bien del país y del Estado. Hasta cuando se adquiere un bien de uso diario se está pagando impuestos. Y resulta increíble que cuando se trata de un servicio como lo es el financiero de banca y crédito se olvide que no se trata de una mera actividad de privados, sino de la explotación de un servicio público concesionado por el Estado. Todavía más increíble es que a los juristas sea a los que más se les olvida, pero también a los economistas y a los contadores.
Las leyes hablan de la naturaleza de ese servicio y lo definen siempre como público y en ello fundan también las excepciones que se fincan a ese servicio público. No se trata de sólo de negocios privados en los que poco importa lo que se haga. La fracción quinta del noveno párrafo del 27 constitucional habla de los bancos como instituciones “debidamente autorizadas” por las leyes de instituciones de crédito. El párrafo décimo del 28 define con claridad el punto: “El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en caso de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos… Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público”.
El servicio de banca y crédito ya estuvo en manos del Estado, con el retiro de las concesiones a los banqueros privados en 1982. Cuando los bancos se venden hay, en efecto, la transferencia de un bien que es cuantificable; pero eso es lo de menos, pues, con el permiso del Estado, lo que realmente pasa de unas manos a otras es la concesión del servicio. A mí no me parece sano para nuestra economía que nuestros bancos estén en manos de extranjeros, pero eso es otro asunto.
Pensando que los banqueros mexicanos, tradicionalmente, siempre fueron tan ladrones como los extranjeros, poco podría importarnos el que los bancos pasaran a manos de extranjeros. Y de que éstos han ganado dinero creo que a nadie le pueden caber dudas. Pero, en el caso especial de Banamex hay una historia que vale la pena recordar y poner en la discusión. Roberto Hernández adquirió Banamex a través de su compañía Acciones y Valores (Accival) en 1991, ayudado, se dijo entonces, por Raúl Salinas. La compraventa se hizo por títulos y con responsabilidades institucionales del banco. En agosto de 2001, ya durante el gobierno de Fox, se presentó la oportunidad de venderlo a Citigroup. No se trató, empero, de una venta cualquiera.
El nuevo secretario de Hacienda, Gil, la hizo de asesor de Hernández y el banco estadunidense y les sugirió que la transacción se hiciera por medio de la Bolsa de Valores. Fue por 12 mil 500 millones de dólares, lo que habría representado, en una operación normal, un pago en impuestos de 3 mil 500 millones de dólares, pero como las operaciones bursátiles no causan impuestos, pues de esa manera se evadió esa obligación. El pasado verano, Citigroup entró en bancarrota y el gobierno de Estados Unidos fue a su rescate mediante un crédito que tuvo como garantía la tercera parte de sus acciones que pasaron a ser propiedad del gobierno.
No hay modo de establecer que las acciones de Banamex no forman parte de ese tercio accionario en manos del gobierno de Estados Unidos. Dos ordenamientos mexicanos entran en conflicto con esa nueva situación. El artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito establece: “No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad”. El artículo 18, párrafo quinto de la Ley para Regular las Agrupaciones Bancarias, dicta: “No podrán participar en forma alguna en el capital social de la controladora, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad. Tampoco podrán hacerlo autoridades financieras del país, incluso las que formen parte del respectivo grupo”.
Las hipótesis se refieren en todo a Banamex y a Citigroup. Y eso, sin contar con el hecho de que no se trata, aquí, de pepitas, sino de un servicio público que a todos se les olvida. Por lo demás, hay que recordar que el “capital social” es el integrado por acciones.
Las autoridades hacendarias, ante la amenaza de algunos priístas interesados en forzar la venta a nacionales del banco mexicano, han respondido que no hay problema. Es muy su estilo. Se escudan en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (cap. XIV), alegando que todos los gobiernos (las partes) tienen el derecho y el deber de proteger a sus ahorradores. Aparte de que eso no es exactamente lo que dice el TLCAN, no es la materia, porque aquí se habla de la propiedad de un banco y no de salvar a los ahorradores; el presidente Obama está muy en su derecho de salvar a sus bancos. El tratado no hace ninguna excepción en contra de lo estipulado en nuestras leyes y persiste el hecho de que una persona moral extranjera que ejerce autoridad se ha convertido en accionista mayoritario de Citigroup y, con él, de Banamex.
Se alega también que se trata de una medida temporal. El presidente de Estados Unidos no lo ha dicho nunca y la propiedad accionaria de su gobierno es un hecho que para todos los efectos legales queda firme. Beltrones tiene buen chance de realizar sus propósitos, sólo le bastará que haga bien las cosas.
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