MANUEL CAMACHO SOLÍSCuando el gobierno decidió extinguir Luz y Fuerza y aniquilar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el diálogo no estaba entre sus opciones. Conforme al plan, hubiera sido innecesario si tuviera asegurada la victoria total que pretendía. Como eso ya no parece posible, en algún momento tendrá que aceptar dialogar; le convendrá dialogar. La pregunta —para ambas partes— no es, pues, si debe dialogarse, sino con qué umbral de costos y cuándo.
El objetivo de derrotar en toda la línea al SME está más lejano hoy que hace una semana. La marcha fue más fuerte de lo que se esperaba y eso levantó el ánimo de los trabajadores. Por ello mismo, las liquidaciones son pocas y lentas. La opinión que parecía completamente favorable al gobierno por la ineficiencia de la empresa y por el clima de linchamiento creado contra los trabajadores, está cambiando con rapidez, posiblemente afectada por la simpatía para quienes pierden su empleo en medio de la peor crisis. La encuesta nacional de EL UNIVERSAL muestra que ya se dividió la opinión en dos polos y que el beneficio para el Presidente fue de apenas dos puntos.
La estrategia legal no está ganada por el gobierno a pesar de su enorme influencia. La Constitución y la ley protegen al SME y al derecho de los trabajadores en mayor medida de lo que consideró el decreto presidencial. El gobierno no tiene resuelta la solución: cualquiera que sea ésta (Comisión Federal de Electricidad o nuevo organismo) le representará costos financieros y de control sindical no previstos.
Todo ello aumenta la resistencia al designio gubernamental, pero el obstáculo mayor es que el golpe político que dio ha generado solidaridad y rencor. Nadie sabe qué tan lejos se está de un escalamiento en el radicalismo del movimiento. La crisis, el enojo y la convergencia de diversas inconformidades pueden crecer y desbordar incluso a las instancias de mediación y a una parte de los liderazgos. Si se insiste en agredirlos, los acontecimientos pueden llevar a una polarización social más profunda y a que se multipliquen los interlocutores, con lo que la negociación se haría más difícil.
Entre más pronto y con mayor sinceridad se negocie, menor será el costo para las partes.
Para dialogar y negociar se necesitan tres cosas: primera, poner las cifras reales sobre la mesa; segunda, presentar una propuesta seria de solución que reduzca los costos de la empresa, mejore el servicio a los clientes y respete al sindicato; tercera, decidirse a negociar.
Decidirse a negociar implica cerrar por completo el recurso a la violencia y a la represión. El SME, aún en su condición de haber sido atacado sorpresivamente y con la consecuente ira de los trabajadores, ha podido mantener la cordura. El gobierno federal debe dejar atrás su visión represiva, de “seguridad nacional” para el manejo del problema y ofrecer una solución administrativa y laboral realista y equilibrada, respaldada por el Congreso y reconocida por los trabajadores. Si lo hace pronto y con sinceridad, mejorará el servicio y los costos serán menores.
El objetivo de derrotar en toda la línea al SME está más lejano hoy que hace una semana. La marcha fue más fuerte de lo que se esperaba y eso levantó el ánimo de los trabajadores. Por ello mismo, las liquidaciones son pocas y lentas. La opinión que parecía completamente favorable al gobierno por la ineficiencia de la empresa y por el clima de linchamiento creado contra los trabajadores, está cambiando con rapidez, posiblemente afectada por la simpatía para quienes pierden su empleo en medio de la peor crisis. La encuesta nacional de EL UNIVERSAL muestra que ya se dividió la opinión en dos polos y que el beneficio para el Presidente fue de apenas dos puntos.
La estrategia legal no está ganada por el gobierno a pesar de su enorme influencia. La Constitución y la ley protegen al SME y al derecho de los trabajadores en mayor medida de lo que consideró el decreto presidencial. El gobierno no tiene resuelta la solución: cualquiera que sea ésta (Comisión Federal de Electricidad o nuevo organismo) le representará costos financieros y de control sindical no previstos.
Todo ello aumenta la resistencia al designio gubernamental, pero el obstáculo mayor es que el golpe político que dio ha generado solidaridad y rencor. Nadie sabe qué tan lejos se está de un escalamiento en el radicalismo del movimiento. La crisis, el enojo y la convergencia de diversas inconformidades pueden crecer y desbordar incluso a las instancias de mediación y a una parte de los liderazgos. Si se insiste en agredirlos, los acontecimientos pueden llevar a una polarización social más profunda y a que se multipliquen los interlocutores, con lo que la negociación se haría más difícil.
Entre más pronto y con mayor sinceridad se negocie, menor será el costo para las partes.
Para dialogar y negociar se necesitan tres cosas: primera, poner las cifras reales sobre la mesa; segunda, presentar una propuesta seria de solución que reduzca los costos de la empresa, mejore el servicio a los clientes y respete al sindicato; tercera, decidirse a negociar.
Decidirse a negociar implica cerrar por completo el recurso a la violencia y a la represión. El SME, aún en su condición de haber sido atacado sorpresivamente y con la consecuente ira de los trabajadores, ha podido mantener la cordura. El gobierno federal debe dejar atrás su visión represiva, de “seguridad nacional” para el manejo del problema y ofrecer una solución administrativa y laboral realista y equilibrada, respaldada por el Congreso y reconocida por los trabajadores. Si lo hace pronto y con sinceridad, mejorará el servicio y los costos serán menores.
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