RAÚL CARRANCÁ Y RIVASAsí como hay Estado de Derecho hay sociedad de Derecho, y no me refiero a la mercantil. El grado de cultura civil, democrática y política de las comunidades y sociedades se mide por su respeto al Derecho. Mientras más culto y civilizado es un pueblo más se apega, aunque sea intuitivamente, al predominio de las normas jurídicas. Por eso mismo me parece que es un abuso verbal manifestar, como lo han hecho algunos altos funcionarios del Gobierno, que "no hay marcha atrás" en el Decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, o sea, que es algo irreversible. No la habría si no se hubiera impugnado el mismo, pero deja de ser irreversible a partir del momento en que el Sindicato Mexicano de Electricistas tomó la resolución de interponer demandas de amparo individuales o colectivas. La justicia federal es la que en última instancia dirá si hay o no "marcha atrás".
Ahora bien, en una sociedad justa y donde realmente predomine el equilibrio entre los factores de la producción lo razonable sería, ante cualquier acto de autoridad como el Decreto, preguntarse si está apegado a Derecho, si es conforme a la Constitución y a las leyes secundarias. Pero todo indica que se manipula a la opinión pública con el discurso reiterado e insistente de que la sobrevivencia del organismo descentralizado del caso implicaba un costo enorme para el país, en virtud de su agotamiento económico; tesis ésta sustentada por el gobierno y un grupo de analistas en materia económica. Puede que sea verdad, puede que no; lo cual sin embargo no justifica que la medida conducente a resolver el problema se haya tomado en contra del Derecho y en concreto de la Constitución. Tal es el punto central del asunto aunque el gobierno desvíe la atención pública con el argumento de la deficiencia de Luz y Fuerza del Centro omitiendo el tema de fondo, que es el del Derecho. El Presidente sostiene la fundamentación y motivación de su Decreto en los términos del artículo 16 constitucional, siendo que el Sindicato lo contradice presentando en las próximas horas sus demandas de amparo. Resulta evidente, pues, que deberá ser la Justicia Federal la que resuelva esto. ¿A qué entonces la festinación anticipada por medio de la frase de que "no hay marcha atrás"? Y peor aún, en labios de abogados. A mayor abundamiento el Secretario del Trabajo ha sostenido que "está tomada la decisión política". ¡Quién lo duda! Lo que se espera es la decisión jurídica y judicial. En un sistema constitucional como el nuestro todo acto de autoridad que viole las garantías individuales es motivo de juicio de amparo ante los tribunales de la Federación, de acuerdo con la fracción I del artículo 103 de la Constitución.
Por último, especialistas en el análisis y evaluación de políticas públicas en México apoyan la participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico declarando que fue necesaria la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza de México por su ineficiente operación y gestión además de sus altos costos laborales. No obstante fíjese el lector en que no manejan un solo argumento jurídico. Es una pena. Insisto en que en algunos núcleos de nuestra sociedad no se ha consolidado aún la que llaman cultura de la legalidad, es decir, del respeto y apego al Derecho. A mi juicio no lograremos entrar en el mundo del progreso y de la plena evolución cultural sin que antes entendamos que la Constitución y las leyes que de ella emanan no son letra muerta. Y cuando lo son, por graves deficiencias de la moral colectiva, la sociedad comienza a agonizar. En consecuencia los tecnócratas del poder político, los globalizadores, los conservadores ultraderechistas, deben entender lo peligroso de soslayar los principios rectores del Derecho, pues haciéndolo se soslaya también al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es el auténtico beneficiario del Derecho. Hay que recordarlo si la tentación de vulnerar las garantías individuales prevalece sobre el orden jurídico. Si repasamos la historia de México se comprobará que en los momentos de mayor crisis social y política el Derecho fue desconocido, tergiversado y evadido. Lo desconcertante es que un crecido número de políticos hablan sin el apoyo jurídico; y han hablado así, por ejemplo, en lo tocante a la cuestión petrolera y el artículo 27 de la Constitución. Se pueden dar los hechos concretos que ameriten la presencia enérgica del Estado y del gobierno, pero sin dejar el Derecho a un lado lo que equivaldría a la peor crisis por la que ha atravesado el país.
Ahora bien, en una sociedad justa y donde realmente predomine el equilibrio entre los factores de la producción lo razonable sería, ante cualquier acto de autoridad como el Decreto, preguntarse si está apegado a Derecho, si es conforme a la Constitución y a las leyes secundarias. Pero todo indica que se manipula a la opinión pública con el discurso reiterado e insistente de que la sobrevivencia del organismo descentralizado del caso implicaba un costo enorme para el país, en virtud de su agotamiento económico; tesis ésta sustentada por el gobierno y un grupo de analistas en materia económica. Puede que sea verdad, puede que no; lo cual sin embargo no justifica que la medida conducente a resolver el problema se haya tomado en contra del Derecho y en concreto de la Constitución. Tal es el punto central del asunto aunque el gobierno desvíe la atención pública con el argumento de la deficiencia de Luz y Fuerza del Centro omitiendo el tema de fondo, que es el del Derecho. El Presidente sostiene la fundamentación y motivación de su Decreto en los términos del artículo 16 constitucional, siendo que el Sindicato lo contradice presentando en las próximas horas sus demandas de amparo. Resulta evidente, pues, que deberá ser la Justicia Federal la que resuelva esto. ¿A qué entonces la festinación anticipada por medio de la frase de que "no hay marcha atrás"? Y peor aún, en labios de abogados. A mayor abundamiento el Secretario del Trabajo ha sostenido que "está tomada la decisión política". ¡Quién lo duda! Lo que se espera es la decisión jurídica y judicial. En un sistema constitucional como el nuestro todo acto de autoridad que viole las garantías individuales es motivo de juicio de amparo ante los tribunales de la Federación, de acuerdo con la fracción I del artículo 103 de la Constitución.
Por último, especialistas en el análisis y evaluación de políticas públicas en México apoyan la participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico declarando que fue necesaria la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza de México por su ineficiente operación y gestión además de sus altos costos laborales. No obstante fíjese el lector en que no manejan un solo argumento jurídico. Es una pena. Insisto en que en algunos núcleos de nuestra sociedad no se ha consolidado aún la que llaman cultura de la legalidad, es decir, del respeto y apego al Derecho. A mi juicio no lograremos entrar en el mundo del progreso y de la plena evolución cultural sin que antes entendamos que la Constitución y las leyes que de ella emanan no son letra muerta. Y cuando lo son, por graves deficiencias de la moral colectiva, la sociedad comienza a agonizar. En consecuencia los tecnócratas del poder político, los globalizadores, los conservadores ultraderechistas, deben entender lo peligroso de soslayar los principios rectores del Derecho, pues haciéndolo se soslaya también al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es el auténtico beneficiario del Derecho. Hay que recordarlo si la tentación de vulnerar las garantías individuales prevalece sobre el orden jurídico. Si repasamos la historia de México se comprobará que en los momentos de mayor crisis social y política el Derecho fue desconocido, tergiversado y evadido. Lo desconcertante es que un crecido número de políticos hablan sin el apoyo jurídico; y han hablado así, por ejemplo, en lo tocante a la cuestión petrolera y el artículo 27 de la Constitución. Se pueden dar los hechos concretos que ameriten la presencia enérgica del Estado y del gobierno, pero sin dejar el Derecho a un lado lo que equivaldría a la peor crisis por la que ha atravesado el país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario