GENERACIÓN DE AHORRO PÚBLICO

SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ

ALGUNAS ALTERNATIVAS SIMPLES A CONSIDERAR El país cruza por un momento difícil. No sólo no hemos logrado superar el rezago social histórico, sino que según cifras oficiales miles de mexicanos han pasado a engrosar las filas de pobreza en este último año. Este escenario social se ha visto agravado por el hecho de que los ingresos fiscales destinados a atender la demanda al Estado de mínimos de bienestar, se ha visto reducido. Ello ha llevado a los poderes políticos del gobierno federal -Congreso y Presidente- a reordenar las prioridades del gasto público. Decisiones políticas dramáticas sin duda. El debate sobre la ley de ingresos, y la necesidad de determinar qué segmento de la población cargará con el mayor peso de nuevos deberes fiscales, deja la impresión que las decisiones políticas que enfrenta el Congreso y el Presidente parecen ser entre una decisión mala y una peor. Pero no en todos los casos debe ser así.La atención del Congreso y el Presidente a ciertas reformas pendientes en materia judicial podrían ahorrar recursos para dirigir al gasto social, además de fortalecer nuestro Estado de Derecho y garantizar con mayor eficacia la supremacía de la Constitución. Ello sin afectar el bolsillo de nadie, sino por el contrario liberando recursos para gasto social que beneficiaría a muchos mexicanos. Concretamente me refiero a la aprobación de la nueva ley de amparo que establece efectos generales a la declaración de inconstitucionalidad de una ley. Por el momento, la inconstitucionalidad de una ley puede ser impugnada exitosamente por un particular por vía del amparo, pero de dicha resolución de inconstitucionalidad se benefician solo las partes en el juicio y aquellos mexicanos que tienen recursos suficientes para contratar a los mejores despachos del país. Pero aún los que se encuentran en este último supuesto de beneficio, deben echar a andar la maquinaria judicial para ejercer su derecho a que no se les aplique una ley inconstitucional. Este fenómeno se presenta con bastante claridad en materia fiscal. El resultado es que se consumen horas hombre del Poder Judicial de la Federación en esos nuevos amparos, desde luego con cargo a los contribuyentes que pagan la planta burocrática del Poder Judicial. Si en cambio se aprobara la nueva ley de amparo que pretende otorgar efectos generales a la declaración de inconstitucionalidad de una ley, un solo amparo bastaría para echar abajo la ley y por consiguiente no se invertirían más horas hombre del Poder Judicial en sucesivos amparos. Con ello ganaría la supremacía de la Constitución, pues no se seguiría aplicando una ley inconstitucional a otros mexicanos que no hayan reclamado su inconstitucionalidad, como absurdamente seguimos haciendo.Una segunda medida de ahorro, posible, simple e incluso popular, es impulsar decididamente la colegiación de los abogados para garantizar una mayor calidad de los prestadores de servicios de abogacía, y la imposición de medidas disciplinarias efectivas al abuso del derecho procesal. Esta última práctica, conocida en el foro como "chicanería", es un medio habitual de ciertos abogados de ganar tiempo con cargo a sus clientes, litigando a pesar de saber perdida su causa; pero al hacerlo ganan ganando tiempo, pues como ya dije cobran por sus extendidos servicios a sus clientes. Desde luego, en esta ecuación el que pierde no sólo es el cliente defraudado, sino también el contribuyente que debe mantener una planta judicial que recibe peticiones de justicia. En esta área hay ya algunas disposiciones legales, pero aún bastante tímidas. Incidir por esta vía nos podría generar ahorro de gasto público en el Poder Judicial, en la medida en que llegarían menos litigios. La colegiación de los abogados para garantizar la calidad de los servicios que prestan dichos operadores jurídicos también podría generar ahorro de recursos al incrementar la calidad de los litigantes. Me explico: es bien sabido en medios académicos que la calidad de las leyes que aprueban los congresos evita litigios en el Poder Judicial, y que inversamente leyes pobremente redactadas producen litigios. La resolución de un litigio, sobra decirlo, implica horas hombre invertidas del Poder Judicial pagadas por los contribuyentes. Por ello incluso se han dedicado estudios muy profundos bajo el rubro de "La técnica legislativa". Algo similar ocurre con el litigio. Su calidad, medida incluso en términos de cuantas hojas se requieren para expresar por escrito un argumento en forma sucinta y clara, ha llevado en otros países a un movimiento en sede judicial que se denomina "lenguaje simple", que bien valdría la pena considerar con la mayor seriedad en México. La idea subyacente de dicho movimiento que en este momento me interesa destacar, es que es más costoso para los contribuyentes del país que un juez lea cien hojas para expresar un argumento que podría haber sido elaborado -incluso con mayor claridad- en cinco o diez folios.En mi próxima participación presento un tercer argumento, el de un nuevo federalismo judicial, para generar ahorro público por vía del diseño institucional.