martes, 25 de junio de 2013

¿CUÁL REFORMA?*

JORGE ALCOCER

Decía Norberto Bobbio que el diálogo tiene un valor en sí mismo; sirve aunque sea solamente para conocer lo que piensa el otro; por ello es que no puede haberlo cuando por delante están las descalificaciones, los epítetos y los tabúes. Es lo que está pasando con la llamada "reforma de Pemex". Al que manifiesta acuerdo se le acusa de "traidor a la patria", mientras que a las voces críticas se las califica de "bramidos". Eso no es diálogo, ni debate.

Es válido que el debate empiece con la exposición de las ideas de quienes tendrán voz y voto en esta reforma; pero mucho ayudará que a ellas se sumen las de especialistas, a fin de conocer los diagnósticos y alternativas de solución que sobre el problema existen. Debatir con quienes presumen de convicciones inamovibles y en ellas anclan sus decisiones es perder el tiempo, recurso no renovable.

Hablar de la "reforma de Pemex" es achicar el debate, reducirlo al ámbito instrumental, dejando de lado los objetivos y metas. Así ocurrió en 2008, cuando el punto de partida fue un rotundo no a la modificación del artículo 27 constitucional, por lo que las soluciones adoptadas se limitaron a cambios en la estructura corporativa de Pemex -consejeros independientes y creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos- y a otorgar base legal a los contratos con incentivos. Los resultados, en términos del presente y futuro del sector energético, han sido insuficientes.

De nuevo los participantes en el debate ponen por delante lo que no quieren, a lo que pomposamente algunos llaman "principios". "No queremos privatizar Pemex", dice el gobierno; "quieren privatizar Pemex", acusan los críticos. Lo que nadie explica es qué entienden por "privatizar". Desde su creación, la empresa estatal ha requerido de miles de proveedores privados de bienes y servicios, y los seguirá necesitando. Por ahí no está el debate.

¿Cuál reforma? Aunque sea para ordenar el debate, quizá esa es la primera pregunta a plantear; si hablamos solamente de que Pemex sea más eficiente; de transformar su estructura corporativa, o de combatir la corrupción, se tratará de cambios administrativos, que podrían ser importantes, pero no atenderán la eficiencia de la industria. Mis maestros me enseñaron que para el diseño de la política económica es indispensable conocer el problema, fijar un objetivo y optar por un instrumento, evitando sobrecargar estos últimos con múltiples objetivos, muchas veces incompatibles entre sí.

Podríamos -quizá- convenir en que la reforma debe tener un objetivo: asegurar, a mediano plazo, el abastecimiento interno de energía. Podemos agregar que ese objetivo debe cumplirse en condiciones de accesibilidad y precios competitivos. Para lo primero, la variable central es la disponibilidad -presente y futura- de los recursos energéticos: petróleo, gas y otras fuentes. Lo segundo dependerá de la infraestructura con que se cuente, y de criterios que trascienden la relación costo-precio. Los casos más evidentes son los precios de la gasolina y la electricidad.

Habrá que disponer de información verídica sobre el destino y monto de las inversiones a realizar en el sector, y sobre la disponibilidad -interna y externa- de equipos, tecnologías, expertos y mano de obra calificada. A partir de esa información se abre el debate: ¿Puede el Estado mexicano asumir en su totalidad las inversiones requeridas en el sector energético; dispone Pemex de los equipos y tecnología para emprender los nuevos proyectos, o en cuánto tiempo estaría en condiciones de hacerlo; en qué casos la participación de empresas privadas, nacionales o extranjeras, produce mejores resultados; cuáles son la ventajas, desventajas y costos de esa participación?

Una vez que se tengan respuestas, fundamentadas, procederá discutir los instrumentos jurídicos y administrativos que habrá que poner en práctica para alcanzar el objetivo. Las eventuales reformas, constitucional y a las leyes, son punto de llegada del debate; como lo serán también los posibles cambios en la estructura corporativa de Pemex.

Corresponde al gobierno aportar información, para pasar de conceptos pétreos a delinear los cambios que propone. No evitará con ello los epítetos, pero contribuirá al diálogo ordenado e informado, lo que tiene un valor en sí mismo.

*Reforma 25-06-13

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