PEDRO SALAZAR UGARTE
El dato es cierto: muchos gobernadores controlan a las autoridades electorales de sus estados. Esa falta de autonomía se traduce en inequidad y parcialidad durante los comicios para renovar gubernaturas, congresos locales y autoridades municipales. Esta es la razón principal por la que se discute en el Pacto por México la propuesta de crear un solo Instituto Nacional Electoral, que sería responsable de organizar todas las elecciones en el país. Desde un punto de vista técnico la iniciativa es viable pero, desde mi perspectiva, no es deseable. Expongo tres razones y paso a delinear una propuesta alternativa.
Debemos tomarnos el federalismo en serio y esta es una propuesta que apunta en la dirección opuesta, se decanta en clave centralista. Por medio de las elecciones se integran, de forma directa o indirecta, todos los poderes estatales, así que no es una cuestión de poca monta desde la perspectiva competencial. En segundo lugar, ese mismo centralismo conlleva riesgos políticos. Si se aprueba la propuesta los conflictos electorales municipales retumbarán en la ciudad de México y, de esta manera, potencialmente, contaminarán la política nacional. Finalmente, por las mismas razones, el diseño electoral nacionalizado podría colocar de nueva cuenta la agenda electoral en el centro de la ecuación política. Y eso es un error sobre todo ahora que, por fin, después de décadas, la agenda de las reformas ha logrado librarse del yugo electorero. Hasta hace poco parecía que los actores políticos mexicanos eran incapaces de pensar más allá de lo electoral.
Ahora ofrezco las pinceladas de una propuesta alternativa orientada a superar la preocupación que motiva la propuesta. Nuestro diseño electoral ya es una combinación de actores y potestades locales, federales y nacionales. Existen institutos locales que organizan las elecciones en sus estados, un Instituto Federal Electoral que organiza los comicios federales pero que es autoridad nacional en materia de radio y televisión y un diseño de justicia electoral que opera en los tres niveles. Sobre estas piezas puede ajustarse el modelo para fortalecer la autonomía política de las autoridades locales sin lesionar al federalismo. La clave está en identificar qué es lo que debe nacionalizarse y qué no.
Para empezar, puede reformarse el artículo 116 de la Constitución Mexicana para fortalecer desde ahí a las autoridades electorales locales. En esa disposición ya se establecen algunos principios que deben contener las legislaciones estatales en la materia. Así que, desde ahí, pueden imponerse reglas para el nombramiento de los consejeros electorales, plazos para la duración de sus cargos, perfiles y requisitos. De esta manera, desde la Constitución nacional pero con deferencia al federalismo, se construirían murallas legales al control político de los gobernadores.
En paralelo, tal como sucede en materia de radio y televisión, puede considerarse la posibilidad de nacionalizar la materia de fiscalización. Ese es un tema particularmente delicado que el Instituto Federal Electoral puede centralizar en un esquema de colaboración con los institutos estatales. Así, el IFE, seguiría siendo autoridad federal en su ámbito de competencias pero nacional en estas dos materias concretas. Lo ideal, para que este esquema funcione, sería acompañar este ajuste con un rediseño del modelo sancionatorio vigente. En concreto, trasladar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación todas las potestades sancionatorias en ambos rubros. Un esquema similar existía en el pasado: el IFE instruye, las Salas Regionales del Tribunal sancionan en primera instancia y la Sala Superior tiene la última palabra.
En síntesis: organización electoral federalizada; institutos electorales constitucionalmente blindados; fiscalización y radio y televisión nacionalizados; y régimen sancionatorio judicializado.
*El Universal 20-06-13
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