RUMORES*

JORGE ALCOCER

De los 14 estados con elecciones locales el próximo 7 de julio, Baja California (BC) concentra el esfuerzo de los partidos y la atención de los medios, por ser el único que en este año renueva gobernador; a lo anterior se suman dos factores: el PAN ha gobernado desde 1989, por lo que BC es considerado reducto blanquiazul. Además, la competencia está polarizada entre las dos coaliciones, encabezada una por el PRI, al que respaldan PVEM y PT, y la otra por el PAN, en alianza con el PRD y Panal. Un tercer candidato, testimonial, es postulado por Movimiento Ciudadano.

Varios encuestadores han comentado que la competencia entre los abanderados de las dos coaliciones "está muy cerrada", misma opinión que he escuchado en boca de algunos políticos y empresarios de la Ciudad de México. Sin embargo, la encuesta que Ana Cristina Covarrubias levantó en BC entre el 16 y el 18 de mayo (Voz y Voto, junio 2013) muestra una ventaja de 9 puntos para el candidato del PRI (53% vs. 44%), considerando la intención de voto efectivo, es decir eliminado la no respuesta, la diferencia es "estadísticamente significativa".

También he escuchado la versión de que el resultado en BC está predeterminado a favor del candidato panista, pues esa es la condición de "sobrevivencia" del Pacto por México. Si el PAN pierde BC -se afirma- Gustavo Madero tendrá que renunciar, lo que provocará la salida del blanquiazul del Pacto, y por efecto dominó, la del PRD. En pocas palabras, el precio a pagar para que el Pacto sobreviva es la derrota del candidato a gobernador del PRI.

Viene a mi memoria un rumor similar, propalado en 1989 durante la campaña en la que se enfrentaron Ernesto Ruffo (PAN) y Margarita Ortega (PRI); se decía que el ex candidato presidencial del PAN Manuel J. Clouthier, junto con los principales dirigentes de ese partido, se habían entrevistado con el presidente Carlos Salinas. Acto seguido el Maquío habría acudido a una cena con empresarios de BC, en la que auguró la victoria electoral de Ernesto Ruffo; ese era -dicen que dijo- el pacto.

Nadie ha reconocido la veracidad de los hechos, ni ha documentado que, en el caso de ser ciertos, hubiesen sido determinantes para el resultado. Aclaro que yo fui uno de los que escucharon, en 1989, ese rumor; y que, hasta la fecha, protagonistas de aquella elección siguen creyendo que fue producto de hechos ciertos. Esa creencia fue reforzada por las negociaciones que poco tiempo después se vincularon a las victorias del PAN en varios municipios, como San Juan del Río y Monterrey; o la que obligó al PRI a entregar la gubernatura de Guanajuato (1991), dando lugar al término "concertacesión", de nuevo en boga.

La repetición de rumores sobre supuestos arreglos, por fuera de la ley, muestra la problemática que sigue vulnerando al sistema electoral; es un síntoma de la desconfianza que aún priva sobre la imparcialidad de los gobernantes y las autoridades comiciales. Si el resultado de una elección puede predeterminarse en una mesa, o en un pacto, no hemos avanzado nada.

Pero quienes piensan que podemos volver al pasado olvidan que sí hemos avanzado, y mucho. Aun con sus defectos, las autoridades electorales de hoy son muy distintas a las de finales de los años 80 del siglo pasado, tanto en su integración como en las normas que rigen su desempeño. Los medios de comunicación son también diferentes. La ciudadanía ha cambiado de manera notoria. La solución final, inapelable, de los conflictos electorales está a cargo del TEPJF, cuya Sala Superior es competente tratándose de elecciones de gobernador. Adulterar el resultado surgido de las urnas supone una cadena de complicidades que desborda a los partidos y al Ejecutivo federal.

No imagino al presidente Enrique Peña Nieto en una negociación que involucre resultados electorales; una y otra vez ha dicho que el Pacto es ajeno a coyunturas comiciales, y cuando éstas lo han afectado, tomó las medidas correctivas. Tampoco veo al PRI aceptando volver al pasado, sacrificando victorias electorales en aras de las reformas fiscal y energética.

Perseveremos en la democrática costumbre de que el resultado de las elecciones lo deciden los electores, para que el piso de la negociación del Presidente con los partidos y los legisladores, sea el que ponen los ciudadanos.

*Reforma 11-06-13