MARÍA DEL CARMEN ALANÍS
El pasado día 15 la Comisión Europea para la Democracia a Través del Derecho (Comisión de Venecia) emitió una opinión sobre la legislación electoral federal mexicana. Ésta le fue solicitada por el presidente del Instituto Federal Electoral, a efecto de conocer en qué medida las normas que rigen los comicios en México son consistentes con estándares democráticos internacionales.
Si bien en México es inusual que las leyes se sometan a la revisión de cuerpos consultivos externos, lo cierto es que esta práctica es común en otras regiones del mundo. Desde 1990 la Comisión de Venecia ha emitido más de 500 opiniones solicitadas por autoridades de 50 países. Ello muestra el acierto del Consejo de Europa, la organización internacional más antigua del mundo, en crear un órgano experto que brinde soporte constitucional a los países miembros.
Las opiniones emitidas por la Comisión de Venecia fueron especialmente provechosas en la fase de diseño institucional de los países de Europa del Este durante los años 90. Lo son nuevamente ahora, al brindar soporte constitucional a las democracias que emergieron con la denominada primavera árabe.
Nuestro país forma parte de la Comisión de Venecia desde 2010. Sus representantes participamos activamente en la elaboración de estudios sobre leyes de diversa índole.
Paradójicamente, el país no había aprovechado la prerrogativa de requerir estudios sobre su legislación. Fue hasta ahora que el Instituto Federal Electoral solicitó la revisión de la legislación comicial y, al hacerlo, consiguió un insumo de primera importancia a los tomadores de decisiones.
El documento en cuestión revisa las normas mexicanas, desde la luz de buenas prácticas internacionales sobre sistemas electorales y de partidos. Es gratificante que la Comisión de Venecia reconozca que éstas tienen elementos positivos que inciden en elecciones libres y justas. Entre otros, señala los avances logrados en términos de independencia del Tribunal Electoral y el Instituto Federal Electoral, el financiamiento público a partidos políticos, los mecanismos de vigilancia del gasto y la creciente eficacia de las cuotas de género.
Es interesante la reflexión contenida en la opinión sobre la prohibición para la compra de tiempo en radio y televisión para propaganda política. La comisión reconoce que, si bien pudiera haber afectaciones a la libertad de comercio, la proscripción cumple con requisitos establecidos en tratados internacionales de derechos humanos, persigue el interés general y respeta el principio de proporcionalidad. Considera, por tanto, que garantiza la igualdad, sin poner en riesgo la libertad de expresión.
En general la opinión reconoce que la legislación electoral mexicana es robusta y apegada a estándares internacionales. Sin embargo, su riqueza mayor está dada por los elementos que aporta para el debate.
En este rubro se inscribe el llamado que hace la Comisión de Venecia para revisar la prohibición a la reelección legislativa inmediata en México. Aunque reconoce que hay tanto beneficios como riesgos asociados a la limitación de mandatos, el texto pone en evidencia que la tendencia internacional es a permitir la posibilidad de que los congresistas puedan ser electos para un nuevo periodo.
Asimismo, la opinión propone discutir la conveniencia del sistema tasado de nulidades que hay en México, en el que se requiere invalidar determinado porcentaje de casillas para anular una elección. Además, sugiere repensar las reglas de financiamiento y gasto, incluyendo la posibilidad de que una elección sea anulada por exceso de gasto de campaña.
En el pasado las normas mexicanas no se ventilaban fuera del territorio nacional por evitar la crítica. Esa posición autorreferencial se prueba errada ahora que el poder reformador cuenta con un riguroso estudio —a partir de parámetros internacionales —para examinar las leyes mexicanas. En todo caso, la decisión sobre cómo regularnos sigue estando exclusivamente en los mexicanos.
*El Universal 26-06-13
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