MIGUEL CARBONELL
Todos tenemos derecho a ser presumidos inocentes y a que sea un juez el que decida sobre nuestra posible responsabilidad por haber cometido un hecho ilícito. Eso se aplica al político más corrupto lo mismo que a un peligroso narcotraficante o a una persona acusada falsamente por haber violado a otra. Ese derecho asiste también, como no puede ser de otra manera, al ex gobernador de Tabasco Andrés Granier, quien deberá enfrentar un proceso judicial en el que se ventilen sus posibles responsabilidades por lo que parece que fue un saqueo sistemático y muy bien organizado de las arcas públicas de ese estado.
Cualquiera que conozca el sistema jurídico mexicano sabe que los resultados finales de los procesos que se le abran a Granier son inciertos. Un pequeño error de la procuraduría puede salvar su pellejo. O bien puede haber un juez que lo condene a muchos años de prisión. O bien puede tomarse en consideración su edad y su estado de salud para decretar que tiene que compurgar la pena que se le imponga en su propio domicilio. Nadie puede saberlo de antemano. Ojalá que se logre una cabal aplicación de la ley, no solamente por lo que respecta a Granier, sino también a la tupida red de operadores, socios y cómplices que estuvieron a su alrededor, incluyendo desde luego a conocidos miembros de su familia.
Ahora bien, lo importante del caso Granier no es la suerte que van a correr los implicados, sino el aviso de emergencia que nos lanza, para que evitemos que vuelva a suceder. No es la primera vez que nos enteramos de desfalcos de los gobernadores, algunos de los cuales se siguen conduciendo como si fueran verdaderos virreyes, ajenos a cualquier tipo de control. Hemos visto ejemplos escandalosos de aumento de la deuda pública sin que nadie haya respondido hasta el momento y sin que se justifique un abultamiento del gasto tan relevante como improcedente.
¿Cómo podemos evitarlo en el futuro? ¿Cómo podemos hacer las cosas para que las instancias encargadas de auditar, fiscalizar, revisar e investigar no caigan en manos de la red de cómplices que exprimen el erario y acumulan cientos o miles de millones de pesos provenientes de la corrupción?, ¿qué tipo de semáforos amarillos deben existir para que cuando se sepa que un funcionario con un sueldo modesto conduce un Lamborghini que cuesta cientos de miles de dólares, sea inmediatamente investigado?
Perseguir la corrupción ha sido una tarea en la que el Estado mexicano ha sido negligente, o estúpido, o cómplice. O las tres cosas a la vez. Los resultados están a la vista. Los responsables de desfalcos recientes viven casi todos en Europa o en Estados Unidos, disfrutando de la buena vida, mientras en sus estados hay hospitales sin medicinas, agencias del Ministerio Público sin impresoras, patrullas de policía sin presupuesto para gasolina y una larga serie de hechos que darían risa si no fueran muestras de una realidad trágica que afecta la vida de millones de personas.
El pillaje sobre el presupuesto, en beneficio de gobernantes y de sus familiares, no es exclusivo de Tabasco. Quien diga que es la primera vez que pasa está mintiendo. Quien sostenga que no hay forma de evitar que vuelva a suceder, también está faltando a la verdad.
Hacen falta candados, mecanismos de alerta temprana, comisiones ciudadanas, mayor atención de los medios de comunicación, involucramiento de la sociedad civil, participación de las universidades. No podemos permitir que en los estados la camarilla en el poder capture todas las instancias de control y se silencien en los hechos las herramientas previstas en la ley para sancionar la corrupción. Si no somos capaces de hacerlo, la democracia mexicana corre un grave peligro, porque se va a limitar a una estéril lucha de los partidos por sentarse en la mesa del poder y servirse con la cuchara grande del presupuesto público.
Millones de mexicanos aspiran a que la democracia sea algo más que una autorización para el asalto y el pillaje. El dinero que pagamos los contribuyentes no puede ni debe servir para que se enriquezcan unos cuantos en perjuicio de la mayoría. Merecemos un mejor gobierno. Merecemos que se impida el saqueo del Estado. Merecemos un país sin corrupción.
*El Universal 27-06-13
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