NUEVO SISTEMA ELECTORAL*

JAVIER CORRAL JURADO

Tengo por el magistrado José Miguel Salcido, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua, un afecto personal y un respeto político a su desempeño. Con ese ánimo asistí a su toma de protesta como presidente de la Asociación Nacional de Tribunales Electorales de la República Mexicana, que ejercerá por segundo periodo consecutivo. Salcido aprovechó el acto para lanzarse en contra de la propuesta que busca crear un órgano nacional electoral y pidió un amplio debate sobre el tema. Estoy de acuerdo en orear la discusión, en la que me coloco exactamente en sentido contrario a la posición del magistrado.

Si algún momento ha acreditado la necesidad de un órgano nacional electoral es el actual, en el que se libran procesos electorales en 14 entidades del país y ha quedado demostrada —incluido el caso de Chihuahua— la subordinación política de la justicia electoral al contentillo de los gobernadores de los estados, quienes tienen prácticamente capturados a los órganos electorales locales y en no pocos casos a los tribunales mismos.

La necesidad de contar con una autoridad electoral de carácter nacional no ha surgido como una iniciativa exclusiva del PAN. El compromiso 90 del Pacto por México busca “crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales.”

De la suscripción de ese acuerdo nació la iniciativa de reforma a los artículos 21, 41, 60, 73, 76, 99, 102, 105, 116 y 122 de la Constitución que presentaron el 14 de mayo de 2013 los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN en el Congreso y que se sometió a consideración de la Cámara de Diputados. El propósito central es crear un Instituto Nacional de Elecciones.

Actualmente la Constitución en el inciso d) de la fracción IV del artículo 116, permite la posibilidad de un modelo de cooperación entre la autoridad federal electoral y las autoridades electorales locales, ya que éstas últimas pueden convenir con el Instituto Federal Electoral para que éste se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales.

Contrario a la idea de que convertir al IFE en una autoridad electoral nacional única, implicaría más gasto, sobrecarga de trabajo e imposibilidad técnica de organización de las elecciones municipales, en realidad estaríamos ante un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos y redundaría en el ahorro de cuantiosos recursos que hoy se lleva el mantenimiento de dos estructuras casi paralelas, la federal y las locales, con largos periodos de descanso entre unas y otras.

Además, la exposición de motivos de la iniciativa es clara en afirmar que con el nuevo Instituto se aprovecharían las estructuras y áreas existentes en el actual Instituto Federal para atender lo relativo a las elecciones locales, así como se adoptaría la infraestructura y el capital humano existente en los institutos electorales estatales, lo cual implica de manera inmediata una reducción en el gasto electoral. En cuanto al argumento de que no tendría capacidad de llevar acabo las elecciones en todos los municipios, es insostenible, pues el actual IFE organiza elecciones en todo el país, sección por sección.

El dato más contundente es el penoso papel que realizan los órganos locales. Se está generando un fenómeno que Andreas Schedler ha identificado como “menú de manipulación electoral” que reconoce una diversidad de tácticas utilizadas por grupos que buscan perpetuarse en el poder: el fraude electoral, la represión, la inequidad en la contienda y la manipulación de actores y reglas clave en el juego democrático, y que en muchas entidades federativas ha implicado que se recurra al desvío de recursos con fines partidistas para reducir la incertidumbre que conlleva una elección y garantizar el triunfo de su partido político.

Por la subordinación de la mayoría de los Congresos estatales al gobernador en turno, los organismos electorales en las entidades federativas presentan un panorama muy distinto en su integración y una ausencia de mecanismos para garantizar la calidad de las elecciones y la proyección de los resultados; es el caso del funcionamiento oportuno y riguroso de los sistemas de resultados preliminares, o de la difusión de los cómputos finales a la sociedad, para garantizar la transparencia en la administración de los comicios.

La reforma constitucional fortalece el marco normativo que rige los procesos electorales e influye positivamente en las condiciones de equidad, fiscalización y transparencia bajo las que se desenvuelve la competencia electoral, de ahí que sea impreciso indicar que sólo pretende crear un instituto nacional electoral, ya que el objetivo de la iniciativa, además, es impulsar la mejor fiscalización de los recursos de los partidos políticos, el rebase de topes de gasto de campaña y la emisión de una ley electoral y de partidos políticos para garantizar mayores condiciones de equidad en las contiendas que permitan una participación justa y equilibrada de todas las fuerzas y expresiones políticas.

*El Universal 25-06-13