DIEGO VALADÉS
El 29 de abril de 1933 fue publicado un decreto reformando varios preceptos de la Constitución. Es uno de los cambios de mayor impacto en la vida institucional del país porque estableció la no reelección sucesiva de los legisladores federales y locales, y la prohibición total de reelegir a los presidentes de la República y a los gobernadores.
La reforma del año 33 fue adoptada para dar estabilidad al entonces joven Partido Nacional Revolucionario. En tanto que la Constitución no limitaba la reelección de los legisladores, al acercarse los comicios de 1934 se advirtió la tendencia a formar nuevos partidos para competir con quienes ocupaban el Congreso federal y los congresos locales. En otras palabras, existía el riesgo de que el PNR, una confederación de partidos, se desintegrara antes de llegar a su primer lustro.
El peligro fue advertido desde 1930. Para conjurarlo, en mayo de ese año el presidente del partido, Emilio Portes Gil, declaró: "esta es la última vez que [el partido] apoyará la reelección de diputados y senadores". Con objeto de formalizar la decisión, en 1932 la dirigencia convocó una convención del partido en Aguascalientes. La propuesta del comité ejecutivo establecía que "los senadores y diputados al Congreso de la Unión nunca podrán ser reelectos para el periodo inmediato". Otro tanto se decía respecto de los legisladores locales.
Para fortalecer al partido y al presidencialismo era crucial suprimir la reelección sucesiva, pues así se reducía la tentación de competir por un cargo de elección desde otra organización política. La permanencia del PNR se consiguió a expensas de la transitoriedad de los elegidos y de un derecho de los electores. Además, la no reelección alentaba la "disciplina" de los legisladores que aspiraban a ocupar otros puestos.
El esquema comenzó a ser disfuncional a partir de que el partido hegemónico perdió la mayoría en el Congreso y luego la presidencia de la República. En un sistema multipartidista competitivo la falta de continuidad en los cargos de representación política reduce los incentivos para las conductas cooperativas. Estas conductas tienden a aumentar cuando la representación dura un tiempo razonable, por lo general más extenso que el del gobierno. La sujeción periódica al refrendo democrático de los electores obliga a los representantes a presentar y discutir resultados, y la duración debida al apoyo popular suele inhibir la frecuencia del bloqueo entre los órganos del poder, pues en el mediano plazo también afecta a los legisladores.
En un sistema representativo y democrático la provisionalidad del cargo desa-lienta la cooperación. Quien en circunstancias de ejercicio efímero accede a cooperar con el gobierno corre el riesgo de que se le acuse de entreguismo. Cuando, en cambio, las decisiones tomadas se tienen que explicar al electorado como condición para ser reelegido, los gobiernos funcionan mejor porque los representantes políticos son copartícipes de los éxitos y corresponsables de los fracasos.
El control político del presidente sobre los legisladores funcionó para consolidar un partido dominante, pero es contraproducente mantener el mecanismo cuando no subsisten el motivo ni el objetivo. Además, mientras no se restablezca la indeseable hegemonía de partido, la no reelección de los legisladores seguirá sirviendo más a las prácticas caciquiles de los gobernadores que al control vertical del presidente.
Los órganos colegiados son estructuralmente más débiles que los unitarios. La fuerza de un Congreso ante un gobierno reside, entre otras cosas, en las facultades que le da el sistema constitucional y en su capacidad para ejercerlas. La permanencia razonable ayuda en este ejercicio pues contribuye a la experiencia y a la independencia de los representantes. Esto todavía no sucede en México, pero si resultara acertado el adagio de que no hay mal que dure cien años, significaría que ya nada más nos faltan veinte para superar la mutilación democrática que padecemos.
*Reforma 07-06-13
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