JORGE ALCOCER
"Hoy, las mexicanas y mexicanos podemos confiar en nuestro padrón de ciudadanos. Incluso nuestros amigos jarochos" (María Marván Laborde y David Bernal Hernández; Voz y Voto, junio, 2013, p.12).
"Por solo 4 mil pesos, cualquier persona puede tener en sus manos el padrón electoral del IFE" (Reforma, primera plana, 3 de junio, 2013, nota de Osvaldo Robles).
Existe una aparente contradicción entre lo que afirma la consejera electoral del IFE y lo que arrojó la investigación periodística de Reforma; digo que es aparente porque las informaciones están referidas a problemáticas distintas. Mientras que Marván centra su análisis en la veracidad de los datos personales asentados en el padrón y los listados de electores, la nota del reportero Robles da cuenta de la extrema vulnerabilidad que sigue afectando el resguardo de las bases de datos del Registro Federal de Electores (RFE), dependiente del IFE.
Hace lustros que el RFE enfrenta varios problemas para mantener actualizada la base de datos del padrón electoral, entre otros la desidia ciudadana en informar los cambios de domicilio; la debilidad de los registros civiles para notificar las defunciones y la persistente práctica de adulteración de datos y falsificación de credenciales para votar, con fines no electorales. Las normas legales y los acuerdos del IFE han avanzado mucho para exigir a los ciudadanos documentos probatorios de su identidad al momento de solicitar su inscripción, o notificar cambios de datos en el padrón electoral, pero los problemas persisten.
Dos condiciones de naturaleza legal afectan la calidad y seguridad de la base de datos del RFE; una es su condición de instrumento de buena fe, derivada de su naturaleza electoral. La otra es el acceso de los partidos políticos a la base de datos, situación que hace prácticamente imposible asegurar su resguardo en los términos que señala el Cofipe. Los casos de fuga de información masiva, con tráfico ilegal de la base de datos, son recurrentes.
La solución para esa problemática fue diseñada, constitucionalmente, desde la reforma de 1990, que dispuso en el artículo 36, fracción I, la obligación de los ciudadanos de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, y en correspondencia, la del Estado para la organización y funcionamiento de ese Registro y la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, misma que deberá sustituir la Credencial para Votar del IFE, según dispone el artículo Segundo Transitorio del decreto de reforma constitucional de fecha 6 de abril de 1990.
Han pasado más de 23 años desde que se promulgó aquella reforma, y seguimos sin Registro Nacional de Ciudadanos (RNC) y sin Cédula de Identidad Ciudadana (CIC); la credencial para votar del IFE sigue siendo el único medio de identificación del que dispone la inmensa mayoría de los ciudadanos. Varias veces, durante ese largo periodo de tiempo, se han realizado estudios y se han anunciado programas gubernamentales para dar lugar a la CIC.
El 28 de julio de 2009 el presidente Felipe Calderón anunció el arranque del programa para la creación del RNC y la expedición de la CIC, con el compromiso de intentar culminarlo antes del fin de su sexenio. Ante las resistencias del IFE, de los partidos y del Congreso, lo que se hizo fue iniciar la expedición de cédulas de identidad para menores de edad, y a trasmano, vía el SAT, obligar a las personas físicas con actividad empresarial (profesionistas independientes) a proporcionar sus huellas digitales completas, las del iris de los dos ojos y tomarse una fotografía en alta resolución. A esta fecha no se ha emitido una sola CIC; el programa de expedición de cédulas a menores de edad está suspendido.
Pese a que el programa que puso en marcha la Secretaría de Gobernación implicó la erogación de miles de millones de pesos, la sociedad desconoce el estado que guarda, los resultados alcanzados y su futuro inmediato, que tiene relación directa con el del padrón, las listas de electores y la credencial para votar, del IFE.
Sorprende que entre los compromisos del Pacto por México y los temas que darían lugar a una nueva reforma político-electoral, nadie haya puesto atención al asunto.
El derecho a la identidad es fundamental para todo ser humano, por ahí habría que volver a empezar.
*Reforma 04-06-13
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