UN PRESIDENCIALISMO MODERNO*

MANLIO FABIO BELTRONES 

Es un signo muy alentador para la vida nacional que la discusión pública se ocupe hoy de la modernización del régimen político. Las propuestas son muy amplias, diversas, y coinciden, desde distintas arenas y posturas, en la necesidad de ponerlo al día bajo la premisa casi indiscutible de que hemos vivido dos procesos de alternancia y sigue pendiente la transición a un nuevo régimen.

Seguimos teniendo el mismo sistema que se conformó hace varias décadas, cuyo mayor éxito –ampliamente reconocido– ha sido la estabilidad y el cambio institucional. Sin embargo, en los últimos años ha sido recurrente la necesidad de tener un régimen en el que todos nos reconozcamos, y que integre y aliente la pluralidad y la diversidad de nuestra sociedad, y reconozca su capacidad de contribuir a la cohesión, el bienestar, la seguridad y el desarrollo autónomo de la nación. 

A partir de este consenso básico, cabe preguntar: ¿Cómo podemos avanzar en la construcción de un nuevo sistema político que nos permita convivir con eficacia dentro de la pluralidad y dar mejores resultados, generando gobernabilidad y acuerdos?

El Pacto por México es, sin duda, un punto de referencia obligado en esta ruta de modernización del régimen político. No obstante, esta buena y muy oportuna idea que tuvieron tanto los partidos políticos que lo suscriben como el gobierno federal que lo propuso, debería ser institucionalizada y reglamentada con mecanismos específicos que fortalezcan y modernicen el régimen presidencial, al tiempo que garanticen su funcionalidad a partir de una relación fluida entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Quienes hemos participado en los debates recientes –y ahora no será la excepción– reconocemos la relevancia de que las iniciativas de acuerdo político se formalicen en cambios institucionales que perduren y se regularicen más allá de los actores del presente. También sabemos que es indispensable afinar y ordenar las propuestas que se han presentado en distintos foros, porque en su diversidad es posible advertir un conjunto ambicioso e inclusive contradictorio de ideas.

El debate contemporáneo gira alrededor de la tríada compuesta por el Estado, el mercado y la sociedad. Al respecto vale recordar que el presidencialismo mexicano fue eficaz en un sistema internacional bipolar, en el que México avanzó por una vía intermedia, de centro, para eludir tanto la dictadura y el totalitarismo como los excesos del mercado libre. Fue un periodo no sólo con estabilidad política, sino también con un sostenido crecimiento económico en un tiempo prolongado.

En el escenario bipolar, las posiciones afines al comunismo de entonces no daban importancia al sistema democrático como un fin, sino como un medio para obtener el poder por una vía no violenta y entonces aplicar un modelo económico no capitalista, que restringiría las libertades individuales. Por su parte, el liberalismo a ultranza apostaba al capitalismo y al imperio del mercado, aun en contra de los derechos sociales, también bajo un Estado de signo autoritario. 

Ni en uno ni en otro extremo del espectro ideológico había un compromiso genuino con la democracia. 

Hoy existe una sociedad que ha madurado en la conciencia democrática y realidades económicas globales a las que ninguna nación que aspire al crecimiento y al progreso puede sustraerse, a riesgo de tener un papel marginal en el desarrollo y rendimientos decrecientes de sus economías.

Con esta visión del presente, el pasado y el futuro inmediato es que debemos realizar la síntesis de posturas y acuerdos legislativos que nos permitan concebir la reforma del régimen presidencial. 

Nosotros estamos convencidos que no será con una reforma instrumentada para excluir del juego a uno de los partidos políticos, como se logrará una verdadera transición democrática. 

Los elementos indispensables para la definición de un rumbo propio están a la mano, a pesar de la complejidad de las transformaciones de nuestro tiempo y de la incertidumbre sobre el curso de la economía global. Persisten las asignaturas de reducir la pobreza y la desigualdad social y de afianzar el estado de derecho, el régimen de libertades y los espacios públicos.

Por ello, la necesidad de modernizar el régimen político no es un elemento que, siendo indispensable, deba detener el curso de las grandes reformas que México necesita para lograr un crecimiento económico sostenido y generar empleos de calidad. Me refiero, desde luego, a las reformas energética y la fiscal que abordaremos al comenzar el periodo ordinario de sesiones en septiembre próximo. 

Optar entre una reforma política o una económica es un falso dilema, contraponerlas o condicionar una a la otra sería una mezquindad y no un acto de responsabilidad con una auténtica voluntad de modernidad.

*Reforma 16-06-13