EXTRAORDINARIOS*

JORGE ALCOCER

De manera previsible, e inevitable, la agenda electoral de este año, que abarca 14 estados con elecciones locales, incluyendo la de gobernador en Baja California, ha introducido un pesado elemento de confrontación entre las dirigencias de los partidos, y entre éstas y el gobierno federal, que tiene virtualmente paralizados los trabajos del Pacto por México, en lo que hace a la formulación de nuevas iniciativas de reformas constitucionales o legales.

Desde hace varios días las reuniones del Consejo Rector del Pacto tienen como único motivo la revisión de las quejas y denuncias que, con motivo de las campañas locales en esos 14 estados, presentan los dirigentes del PAN y del PRD ante el secretario de Gobernación, actuando como testigo de este muro de lamentaciones el presidente del PRI. Más allá de que las denuncias tengan fundamento en hechos probados, o probables, salta a la vista la perniciosa influencia que sobre las negociaciones para construir reformas siguen teniendo las contiendas electorales. Es un ciclo que se repite una y otra vez, con la misma lógica e iguales actores.

Los tres partidos suscriptores del Pacto hacen de lado a las autoridades electorales locales; institutos y tribunales son descalificados de facto. Nadie les concede capacidad, ni autoridad, para conocer, investigar y sancionar las conductas denunciadas. El Pacto ha quedado convertido en tribunal electoral de alzada. A 18 días de la jornada comicial del domingo 7 de julio, parece imposible que desde la Ciudad de México sean atendidas con prontitud y eficacia las numerosas quejas de panistas y perredistas. Las elecciones de 2013 volverán a ser evaluadas por sus resultados, no por la calidad de los procesos y las instituciones.

En esas condiciones se percibe como un gesto de optimismo mediático el anuncio, por los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD, en ambas Cámaras, de la realización de dos periodos de sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión; uno a dar inicio el 15 de julio, en tanto que el otro tendría lugar en la segunda quincena de agosto, para empalmarlo con el inicio del periodo ordinario.

En el primer periodo extraordinario, serían atendidas algunas de las minutas pendientes de dictamen y votación, como son las de reforma constitucional en materia de transparencia (IFAI) y la que daría lugar a la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, así como la que permitiría al Congreso expedir un Código Penal de aplicación general; punto obligado será culminar el procedimiento para designar a quien deba cubrir la vacante de Consejero Electoral del IFE, merced a la sentencia del TEPJF.

Con Perogrullo hay que señalar que no se puede iniciar un segundo periodo extraordinario sin haber cerrado el primero. La ley establece que ese tipo de sesiones solo pueden terminar cuando se hayan agotado los temas para las que fueron convocadas, o bien porque haya que iniciar las sesiones ordinarias. Si esas condiciones se cumplen, en la segunda quincena de agosto entrarían a dictamen y votación las leyes derivadas de las reformas en materia educativa, y las de telecomunicaciones y competencia económica, así como el paquete agrupado como reforma financiera, que ya está presentado ante la Cámara de Diputados.

Hasta hoy no conocemos las iniciativas sobre educación, telecomunicaciones y competencia económica; sin ellas, convocar a un periodo extraordinario sería como invitar a una comida sin menú. Por elemental prudencia, la convocatoria que podríamos tener en esta misma semana será solamente al primero de los extraordinarios, esperando que los resultados del 7 de julio permitan cumplir con la fecha de su inicio.

El nudo gordiano está en la elección de gobernador en Baja California; el triunfo del PRI dejará a Gustavo Madero en una posición aún más precaria frente a sus críticos internos, lo que provocará una reacción radical respecto de la continuidad del Pacto. Aunque el PRD tiene puestas sus fichas en otros territorios (Veracruz, Quintana Roo) la posible radicalización de Madero provocaría una conducta similar de parte de Jesús Zambrano. En la otra cara de la moneda, la victoria del PAN será leída como el precio pagado, por el Ejecutivo federal, para mantener a sus dos opositores en la mesa.

¡Vaya embrollo!

*Reforma 18-06-13