CIRO MURAYAMA
Las temporadas electorales calientan ánimos y desatan denuncias entre los actores políticos. Las acusaciones presentadas contra funcionarios federales y locales en Veracruz por buscar rentabilidad electoral de los programas sociales, que pusieron en riesgo la continuidad del Pacto por México, son muestra palpable de la sensibilidad de los partidos al mal uso de los recursos públicos por parte de sus adversarios para influir ilegítima e ilegalmente en el sufragio ciudadano.
El desvío de recursos públicos en favor de algún partido o condicionar la prestación de servicios públicos al voto son delitos tipificados en el artículo 407 del Código Penal federal, por lo que no cabe duda de que dichas conductas deben ser sancionadas con todo rigor.
Ahora bien, el problema es que el escándalo se desata y sube de tono sólo cuando el partido que denuncia se ve en riesgo de ser perjudicado en las votaciones o porque quiere sacar provecho electoral con su acusación, pero lo cierto es que el mal uso de los recursos públicos y las deficiencias de los programas sociales dañan al erario y a la población todos los días con independencia de que haya o no elecciones. La temporalidad electoral de las denuncias muestra que con frecuencia a los partidos no les conmueve el mal uso de los recursos públicos, sino el que sus competidores se beneficien de ello.
El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 que presentó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en febrero de 2013 revela cómo los programas sociales están lejos de cumplir su cometido. Ese informe, objetivo y bien documentado, no tuvo ni de lejos la atención que los partidos le dan a sus mutuas recriminaciones electorales.
La ASF concluye sobre Oportunidades que “no cumplió con el objetivo del Programa de Apoyo Alimentario, de contribuir al desarrollo de las capacidades básicas de los beneficiarios, mediante la realización de acciones para mejorar su alimentación y nutrición”. Respecto al combate a la pobreza, la ASF estima que es “necesario revisar si el enfoque asistencialista constituye la mejor opción para enfrentar el problema” y añade que “los mecanismos de dispersión de recursos para hacer llegar los apoyos a la población objetivo y la laxitud de los instrumentos de control y supervisión, en muchos casos han propiciado su mal uso o aprovechamiento en fines distintos del estricto combate a la pobreza” (p. 208).
Lo anterior ocurre a nivel federal, pero las evaluaciones independientes hechas a los programas sociales a nivel estatal y municipal muestran resultados igual de pobres, sin que haya cambios relevantes en función del partido que gobierne en cada ámbito.
Estamos ante una falla mayor del Estado mexicano: gasta poco y mal, sin garantizar el ejercicio de los derechos sociales plasmados en la Constitución. El problema es de una gravedad mayúscula que rebasa el tema comicial, por lo que la solución de fondo no puede reducirse a “blindajes electorales”. Hemos llegado a absurdos como prohibir la inauguración de obras públicas o a suspender programas sociales en épocas de temporada electoral, lo cual implica que los actores políticos asumen que esas actividades en efecto les dan réditos de forma ilegítima.
Mientras los programas sociales se sigan viendo como dádivas, continuaremos en la lógica del absurdo. ¿A alguien se le ocurre cancelar el servicio de recogida de basura o el abasto de agua en época electoral? Por supuesto que no, porque esos servicios públicos se dan por descontados por parte de la población. Pues lo mismo habría que hacer con el conjunto de bienes y servicios públicos: hacerlos universales, permanentes, no sujetos al capricho u ocurrencia del mandatario en turno. Lo anterior implica la edificación de un auténtico Estado social de derecho. Para construirlo se necesitaría salir de la noria electoral, trascender la idea de que la política es el mero juego de “quítate tú para ponerme yo”.
*El Universal 13-06-13
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