LORENZO CÓRDOVA VIANELLOResulta casi una perogrullada señalar que los procesos electorales son los momentos en los que se ponen a prueba las instituciones y las reglas diseñadas para organizar y normar los comicios. Más todavía cuando, como es el caso de las elecciones de 2009, se aplicarán por primera vez muchas nuevas reglas que fueron introducidas por la reforma a la Constitución en noviembre de 2007.
Sin embargo, por obvio que parezca, recordarlo es indispensable para entender el gran reto que está implícito en el proceso electoral en curso.
El modelo de regulación de la comunicación política en radio y televisión (centrado en la prohibición de compra de publicidad y el uso de los tiempos del Estado para que los partidos desplieguen su propaganda), procedimientos fiscalizadores nuevos y un regenerado órgano para aplicarlos, la capacidad del IFE de instrumentar procedimientos administrativos expeditos para detener y sancionar los actos ilícitos cometidos por partidos y candidatos (incluida la controvertida atribución de controlar la publicidad negativa), la renovada fórmula de financiamiento público de las campañas, la regulación, control y vigilancia de los procesos partidistas internos de selección de candidatos, y el rediseño de la estructura y las competencias del Tribunal Electoral son algunas de las más importantes novedades introducidas por la reforma que verán aplicación por primera vez en el proceso electoral de este año, el cual será, por ello, su “prueba del ácido”.
Insisto en que no se trata de un fenómeno nuevo; en su momento, las elecciones de 1979, de 1988, de 1991, de 1994 y de 1997 implicaron también la puesta a prueba de las reglas introducidas por las reformas que las antecedieron. Sin embargo, existe una gran diferencia: en esta ocasión los opositores a las nuevas reglas son muchos y muy poderosos. En ese sentido las reformas anteriores nunca enfrentaron un ambiente tan adverso.
Hoy, varios grandes grupos empresariales y los consorcios mediáticos —que vieron afectados gravemente sus intereses con la reforma— se han manifestado abiertamente contra las nuevas reglas, se han amparado, operan y cabildean en su contra y apuestan por su fracaso.
He sostenido que la reforma, más allá de la necesaria adecuación de las normas electorales a las exigencias de la nueva y cambiante realidad política, constituyó un acto reivindicatorio de la soberanía del Estado frente al chantaje y el condicionamiento que los titulares de las concesiones habían llegado a ejercer sobre la política. Y eso es un logro que moralmente estamos obligados a defender.
Creo que las lecciones que nos dejen los comicios de este año deberán ser ponderadas y evaluadas para hacer los ajustes necesarios a la legislación de cara a futuros procesos electorales (el de 2012 será en muchos aspectos más complejo que la presente elección intermedia). Pero precisamente por ello habrá que estar atentos para que ese no sea un pretexto para tratar de instrumentar futuras reformas regresivas que deshagan el camino andado.
No se trata de meras advertencias agoreras; hay una creciente parte de la clase política (la misma que ha sido renuente a concretar los pendientes de la reforma, entre ellos la nueva Ley del Derecho de Réplica y los cambios a la Ley de Radio y Televisión) dispuesta a resarcir los agravios que provocaron entre los dueños de los medios electrónicos al aprobar la reforma. Habrá que estar alerta y crear un contexto de exigencia adverso a esos ánimos regresivos. Lo que hemos hecho vale la pena y merece al menos eso.
Sin embargo, por obvio que parezca, recordarlo es indispensable para entender el gran reto que está implícito en el proceso electoral en curso.
El modelo de regulación de la comunicación política en radio y televisión (centrado en la prohibición de compra de publicidad y el uso de los tiempos del Estado para que los partidos desplieguen su propaganda), procedimientos fiscalizadores nuevos y un regenerado órgano para aplicarlos, la capacidad del IFE de instrumentar procedimientos administrativos expeditos para detener y sancionar los actos ilícitos cometidos por partidos y candidatos (incluida la controvertida atribución de controlar la publicidad negativa), la renovada fórmula de financiamiento público de las campañas, la regulación, control y vigilancia de los procesos partidistas internos de selección de candidatos, y el rediseño de la estructura y las competencias del Tribunal Electoral son algunas de las más importantes novedades introducidas por la reforma que verán aplicación por primera vez en el proceso electoral de este año, el cual será, por ello, su “prueba del ácido”.
Insisto en que no se trata de un fenómeno nuevo; en su momento, las elecciones de 1979, de 1988, de 1991, de 1994 y de 1997 implicaron también la puesta a prueba de las reglas introducidas por las reformas que las antecedieron. Sin embargo, existe una gran diferencia: en esta ocasión los opositores a las nuevas reglas son muchos y muy poderosos. En ese sentido las reformas anteriores nunca enfrentaron un ambiente tan adverso.
Hoy, varios grandes grupos empresariales y los consorcios mediáticos —que vieron afectados gravemente sus intereses con la reforma— se han manifestado abiertamente contra las nuevas reglas, se han amparado, operan y cabildean en su contra y apuestan por su fracaso.
He sostenido que la reforma, más allá de la necesaria adecuación de las normas electorales a las exigencias de la nueva y cambiante realidad política, constituyó un acto reivindicatorio de la soberanía del Estado frente al chantaje y el condicionamiento que los titulares de las concesiones habían llegado a ejercer sobre la política. Y eso es un logro que moralmente estamos obligados a defender.
Creo que las lecciones que nos dejen los comicios de este año deberán ser ponderadas y evaluadas para hacer los ajustes necesarios a la legislación de cara a futuros procesos electorales (el de 2012 será en muchos aspectos más complejo que la presente elección intermedia). Pero precisamente por ello habrá que estar atentos para que ese no sea un pretexto para tratar de instrumentar futuras reformas regresivas que deshagan el camino andado.
No se trata de meras advertencias agoreras; hay una creciente parte de la clase política (la misma que ha sido renuente a concretar los pendientes de la reforma, entre ellos la nueva Ley del Derecho de Réplica y los cambios a la Ley de Radio y Televisión) dispuesta a resarcir los agravios que provocaron entre los dueños de los medios electrónicos al aprobar la reforma. Habrá que estar alerta y crear un contexto de exigencia adverso a esos ánimos regresivos. Lo que hemos hecho vale la pena y merece al menos eso.
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