CORRUPCIÓN IMPUNE

ERNESTO VILLANUEVA

El problema no es que en México haya quienes violen la ley, sino que las conductas ilícitas o delictivas queden impunes. Ese es el reto mayor. En Chiapas, los fenómenos de corrupción sin consecuencia negativa alguna forman parte del sistema de gobierno. Existen elementos que me permiten afirmar lo anterior. Veamos. Primero. El reportero Víctor Carrillo Caloca, del diario Cuarto Poder, dio a conocer el 20 de junio del año 2000 que el candidato a gobernador Pablo Salazar había falsificado su título profesional de abogado y su cédula profesional, la número 0745078. Esta cédula en realidad pertenece a María Leticia Altuzar Coello, licenciada en Psicología, de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Salazar no sólo se limitó a mentir sobre su título y cédula, sino que hasta presentó documentos -que, se vería después, eran apócrifos- según los cuales había presentado su examen profesional de la carrera de abogado en la Benémerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) a las 18: 00 horas del 28 de agosto de 1978 y lo aprobó por unanimidad de votos. Bajo esta falsa identidad profesional Salazar ocupó varios cargos reservados para abogados en Chiapas, empezando por ser profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde impartía derecho constitucional y ética jurídica. El 15 de febrero de 2001, después de tantas mentiras, Salazar obtuvo su título de abogado con número 4509BUAP, con la ayuda del entonces rector de la universidad, Enrique Doger. Con motivo de lo anterior se inició la averiguación previa 275/III/2000, pero no hubo ninguna consecuencia para Salazar. Segundo. En el Poder Judicial chiapaneco, denominado como "Magistratura Superior del Estado", la corrupción se ha infiltrado sin que nadie sea castigado. En efecto, el artículo 53, fracción III de la Constitución de Chiapas, dispone que para ser magistrado se requiere poseer el día del nombramiento una "antigüedad mínima de 10 años, título y cédula profesionales de licenciado en derecho". Al menos dos magistrados han incumplido estos requisitos de estricto derecho. El 12 de agosto de 2008 fue designado Mario Ruiz Coutiño como integrante de la Magistratura Superior de Chiapas por el congreso local a propuesta del gobernador Juan Sabines. Resulta que, de acuerdo al oficio DAEP 3730/08 de la Dirección General de Profesiones de la SEP, a Ruiz Coutiño se le expidió la cédula profesional 3681877, el 7 de octubre de 2002. ¡Nada más le faltaban seis años de antigüedad para cumplir con la Constitución! Por esta razón, el licenciado Ruiz Coutiño está impedido para desempeñarse como magistrado. ¿Cómo es posible que alguien que mienta y viole con toda impunidad la ley puede estar encargado de vigilar la constitucionalidad y la legalidad de las actuaciones de Chiapas y de administrar justicia local? ¿Cómo pasar por alto que el Congreso local y el gobernador Sabines no hayan sabido de este impedimento o, peor todavía, sabiéndolo hayan lastimado el orden constitucional local para ayudar al amigo? Tercero. El actual presidente del Poder Judicial chiapaneco, Juan Gabriel Coutiño Gómez, también falta a la ley. Coutiño Gómez fue designado, al igual que Ruiz Coutiño, el 12 de agosto de 2008. De acuerdo al oficio ya citado de la SEP, Coutiño Gómez obtuvo su cédula profesional de licenciado en derecho el 4 de diciembre de 1998; en otras palabras, le faltaban tres meses y 23 días para cumplir con los requisitos constitucionales para ser magistrado. ¿Qué se puede esperar del Poder Judicial de Chiapas cuando estos magistrados llegan al cargo a costa de violar la Constitución pese a que su misión es paradójicamente la de ser garantes de su observancia? Como se puede observar, estos son sólo algunos ejemplos de cómo la transparencia es una herramienta eficaz de escrutinio social y de combate a la corrupción. La publicidad de estos actos encarece los costos de quienes desde el gobierno apuestan a la opacidad como salvoconducto para conducirse al margen del derecho. Yo no vivo en Chiapas, no tengo familiares ni interés alguno distinto al de cualquier mexicano por que algún día el estado de derecho pueda ser observado en el país. La mayor parte de los medios y de los periodistas en Chiapas, empero, forman parte de una red de colusión con el poder que, por acción u omisión, coadyuvan a que las cosas sigan igual. Hay, como en todo, sus excepciones. No puedo dejar de mencionar la valentía de los periodistas Víctor Carrillo Caloca, quien resiste desde su modesto quincenario Tinta Fresca, y particularmente del abogado y columnista Roberto Domínguez, quien ha puesto sus conocimientos al servicio de la verdad, con altos costos para él y su familia. En días pasados el ejercicio abusivo del poder se cebó con su hijo del mismo nombre por un asunto en materia familiar que, extrañamente, ha sido llevado con inusitada diligencia al terreno penal, lo que él demanda que sea investigado en el marco de la ley