El pasado 15 de diciembre, la CNDH dio a conocer un informe sobre el derecho a la seguridad pública que merece mucha mayor atención de la que se le ha prestado. De hecho, a partir de su presentación tendrían que haber renunciado muchos funcionarios en las áreas encargadas de la seguridad pública, tanto a nivel federal como en algunas entidades. No se sabe que ninguno de ellos lo haya hecho, ni se han dignado tampoco a contestar el informe o a dar su punto de vista en torno al mismo y a su contenido.
¿Qué nos dice la CNDH en su informe? En los últimos 11 años se denunciaron en México 18 millones de delitos. Ahora bien, la tasa de delincuentes sentenciados por la comisión de los mismos es muy baja, inferior a 10%. Por ejemplo, en 2006 se denunciaron un millón 580 mil probables delitos. Fueron consignados ante los juzgados de primera instancia 243 mil 617 casos y se obtuvieron 143 mil 927 sentencias condenatorias.
Ahora bien, la tasa de denuncias encubre lo que se llama la “cifra negra”, que es de 90% del total de delitos efectivamente cometidos. La cifra negra se integra por todos aquellos delitos que no son denunciados o que por cualquier razón no llegan a conocimiento de las autoridades. Tomando en consideración la cifra negra, la CNDH estima que durante los últimos tres años se han cometido 16 millones de delitos por año. Éstos han afectado a 48 millones de víctimas, es decir, 43 mil 835 diarias. La tasa de impunidad total se ubica en un escandaloso 98.76%.
Entre enero de 2006 y el 1 de diciembre de 2008 se han ejecutado a 10 mil 500 personas (5 mil 585 durante 2008). Hasta el 1 de diciembre de 2008 se habían ejecutado en México a 648 servidores públicos, encabezan la lista de funcionarios ejecutados Chihuahua con 142 y Sinaloa con 112 casos.
La CNDH nos alerta también, como lo han hecho diversas organizaciones ciudadanas, sobre la alta incidencia del terrible delito de secuestro. Entre 2001 y noviembre de 2008 se reportaron (por denuncia ante las autoridades) 5 mil 140 casos de secuestro. En esta modalidad delictiva la cifra negra se estima en 75%, de modo que en realidad durante ese periodo se han de haber cometido más de 20 mil 500 secuestros, lo que equivale a 2 mil 500 por año y siete por día. ¿Qué se puede hacer frente a esta hidra de mil cabezas, que parece dispuesta a terminar por siempre con nuestra calidad de vida y con las instituciones del Estado mexicano?
Las respuestas no son fáciles y no podemos caer en esquemas simplistas para hacer frente a un fenómeno extendido y complejo. Ahora bien, es obvio que el primer paso es contar con un diagnóstico completo y confiable de la situación en que nos encontramos. Sin embargo, aunque resulte increíble, la CNDH se queja en su informe de que no existen registros confiables que hagan referencia a cuestiones tan elementales como el estado que guardan las órdenes de aprehensión o reaprehensión que dictan los jueces, el número de averiguaciones previas archivadas o en “reserva”, el número de averiguaciones en los que el presunto delito se encuentra prescrito o los casos que no se han concluido por falta de informes que deben elaborar las policías ministeriales.
Y si no sabemos ni eso, sobra decir que la delincuencia le lleva una enorme ventaja al Estado mexicano. Se trata de una pelea entre un campeón mundial de boxeo y un contrincante cuyos entrenadores están en la nómina del rival, que debe pelear con un ojo vendado, sin piernas y con una mano amarrada. Así nunca vamos a ganarle la guerra a la delincuencia, por más que se sigan engañando nuestros políticos con sus absurdas cantinelas.
¿Qué nos dice la CNDH en su informe? En los últimos 11 años se denunciaron en México 18 millones de delitos. Ahora bien, la tasa de delincuentes sentenciados por la comisión de los mismos es muy baja, inferior a 10%. Por ejemplo, en 2006 se denunciaron un millón 580 mil probables delitos. Fueron consignados ante los juzgados de primera instancia 243 mil 617 casos y se obtuvieron 143 mil 927 sentencias condenatorias.
Ahora bien, la tasa de denuncias encubre lo que se llama la “cifra negra”, que es de 90% del total de delitos efectivamente cometidos. La cifra negra se integra por todos aquellos delitos que no son denunciados o que por cualquier razón no llegan a conocimiento de las autoridades. Tomando en consideración la cifra negra, la CNDH estima que durante los últimos tres años se han cometido 16 millones de delitos por año. Éstos han afectado a 48 millones de víctimas, es decir, 43 mil 835 diarias. La tasa de impunidad total se ubica en un escandaloso 98.76%.
Entre enero de 2006 y el 1 de diciembre de 2008 se han ejecutado a 10 mil 500 personas (5 mil 585 durante 2008). Hasta el 1 de diciembre de 2008 se habían ejecutado en México a 648 servidores públicos, encabezan la lista de funcionarios ejecutados Chihuahua con 142 y Sinaloa con 112 casos.
La CNDH nos alerta también, como lo han hecho diversas organizaciones ciudadanas, sobre la alta incidencia del terrible delito de secuestro. Entre 2001 y noviembre de 2008 se reportaron (por denuncia ante las autoridades) 5 mil 140 casos de secuestro. En esta modalidad delictiva la cifra negra se estima en 75%, de modo que en realidad durante ese periodo se han de haber cometido más de 20 mil 500 secuestros, lo que equivale a 2 mil 500 por año y siete por día. ¿Qué se puede hacer frente a esta hidra de mil cabezas, que parece dispuesta a terminar por siempre con nuestra calidad de vida y con las instituciones del Estado mexicano?
Las respuestas no son fáciles y no podemos caer en esquemas simplistas para hacer frente a un fenómeno extendido y complejo. Ahora bien, es obvio que el primer paso es contar con un diagnóstico completo y confiable de la situación en que nos encontramos. Sin embargo, aunque resulte increíble, la CNDH se queja en su informe de que no existen registros confiables que hagan referencia a cuestiones tan elementales como el estado que guardan las órdenes de aprehensión o reaprehensión que dictan los jueces, el número de averiguaciones previas archivadas o en “reserva”, el número de averiguaciones en los que el presunto delito se encuentra prescrito o los casos que no se han concluido por falta de informes que deben elaborar las policías ministeriales.
Y si no sabemos ni eso, sobra decir que la delincuencia le lleva una enorme ventaja al Estado mexicano. Se trata de una pelea entre un campeón mundial de boxeo y un contrincante cuyos entrenadores están en la nómina del rival, que debe pelear con un ojo vendado, sin piernas y con una mano amarrada. Así nunca vamos a ganarle la guerra a la delincuencia, por más que se sigan engañando nuestros políticos con sus absurdas cantinelas.
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