Dentro de unos días comenzará el último periodo de sesiones de la actual Legislatura de la Cámara de Diputados. Los legisladores que terminarán dentro de unos meses su tarea como tales podrán presumir de haber impulsado algunas de las reformas más importantes de los últimos años, pero lo cierto es que su desempeño arroja más sombras que luces.
Es verdad que hemos visto reformas de fondo en varios temas relevantes, pero en casi todos ellos los legisladores han sido incapaces de cumplir del todo con su propósito: han dado algunos pasos importantes pero no han logrado culminar su empeño y, de esa forma, han autosaboteado su tarea.
Nadie puede negarles el mérito de haber aprobado la reforma electoral, la reforma en materia de transparencia, las importantes modificaciones en materia penal, la reforma energética o el cambio en el formato del informe presidencial. Todas ellas han sido reformas ya publicadas en el Diario Oficial que implican modificaciones al orden fundamental de la República.
Pero también es cierto que, una vez aprobadas las grandes reformas, los legisladores se han olvidado de atender los detalles, de escribir la “letra chiquita” que resulta indispensable para aterrizar cada uno de esos temas.
De esta manera, podemos observar que la importante reforma constitucional en transparencia no ha sido correspondida con la expedición de una nueva ley federal de transparencia; asimismo, la reforma electoral a la Constitución exigía la modificación de más de 12 leyes, muchas de las cuales siguen esperando en la mesa de los diputados, como nos lo ha recordado con su acostumbrada lucidez e inteligencia Lorenzo Córdova en estas mismas páginas.
En materia penal se hizo una reforma constitucional muy importante y profunda, pero los pasos para hacerla efectiva (delineados por los propios legisladores en los artículos transitorios de la reforma) parecen haberse quedado en el olvido. Se calcula que es necesario modificar más de 15 ordenamientos federales y hasta el momento sólo se ha expedido la Ley General de Seguridad Pública, la cual representa una parte verdaderamente menor de toda la tarea que tenían que hacer los diputados.
De la amplia agenda de cambios que se propuso en la Ley para la Reforma del Estado sólo se concretó lo relativo a la materia electoral y una pequeña parte de la reforma a la justicia. Quedaron en el tintero temas como la reforma del sistema federal o el régimen de las garantías sociales (de hecho, todo el tema de derechos humanos ha sido ignorado por la presente Legislatura).
Tal parece que se han preferido los grandes titulares al trabajo serio y ordenado de articular un orden jurídico. Las medidas efectistas y de impacto (muchas ciertamente necesarias por su contenido) han terminado por sustituir la construcción de mejores reglas sobre el quehacer institucional del país.
Por eso es que, de cara a las elecciones de julio, necesitamos exigir a los candidatos que se comprometan con reformas concretas y, sobre todo, completas, porque es muy fácil poner en la Constitución tal o cual cosa, pero lo difícil es hacer que cambie la realidad. Y en eso la calificación de nuestros legisladores salientes debe ser cercana a cero, para su vergüenza y la nuestra.
Es verdad que hemos visto reformas de fondo en varios temas relevantes, pero en casi todos ellos los legisladores han sido incapaces de cumplir del todo con su propósito: han dado algunos pasos importantes pero no han logrado culminar su empeño y, de esa forma, han autosaboteado su tarea.
Nadie puede negarles el mérito de haber aprobado la reforma electoral, la reforma en materia de transparencia, las importantes modificaciones en materia penal, la reforma energética o el cambio en el formato del informe presidencial. Todas ellas han sido reformas ya publicadas en el Diario Oficial que implican modificaciones al orden fundamental de la República.
Pero también es cierto que, una vez aprobadas las grandes reformas, los legisladores se han olvidado de atender los detalles, de escribir la “letra chiquita” que resulta indispensable para aterrizar cada uno de esos temas.
De esta manera, podemos observar que la importante reforma constitucional en transparencia no ha sido correspondida con la expedición de una nueva ley federal de transparencia; asimismo, la reforma electoral a la Constitución exigía la modificación de más de 12 leyes, muchas de las cuales siguen esperando en la mesa de los diputados, como nos lo ha recordado con su acostumbrada lucidez e inteligencia Lorenzo Córdova en estas mismas páginas.
En materia penal se hizo una reforma constitucional muy importante y profunda, pero los pasos para hacerla efectiva (delineados por los propios legisladores en los artículos transitorios de la reforma) parecen haberse quedado en el olvido. Se calcula que es necesario modificar más de 15 ordenamientos federales y hasta el momento sólo se ha expedido la Ley General de Seguridad Pública, la cual representa una parte verdaderamente menor de toda la tarea que tenían que hacer los diputados.
De la amplia agenda de cambios que se propuso en la Ley para la Reforma del Estado sólo se concretó lo relativo a la materia electoral y una pequeña parte de la reforma a la justicia. Quedaron en el tintero temas como la reforma del sistema federal o el régimen de las garantías sociales (de hecho, todo el tema de derechos humanos ha sido ignorado por la presente Legislatura).
Tal parece que se han preferido los grandes titulares al trabajo serio y ordenado de articular un orden jurídico. Las medidas efectistas y de impacto (muchas ciertamente necesarias por su contenido) han terminado por sustituir la construcción de mejores reglas sobre el quehacer institucional del país.
Por eso es que, de cara a las elecciones de julio, necesitamos exigir a los candidatos que se comprometan con reformas concretas y, sobre todo, completas, porque es muy fácil poner en la Constitución tal o cual cosa, pero lo difícil es hacer que cambie la realidad. Y en eso la calificación de nuestros legisladores salientes debe ser cercana a cero, para su vergüenza y la nuestra.
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