JOSE ANTONIO CRESPOEl gobierno de Vicente Fox se ufanaba de haber “desnarcotizado” la agenda bilateral con Estados Unidos, para concentrarnos en el tema de migración. Y es que el problema del narco no era tan grave como ahora: fue justo la “guerra sin cuartel”, que Fox declaró a los capos, lo que provocó el incremento en la violencia. Ahora las cosas se ven a la inversa: la migración, sin dejar de ser un problema real, pareciera menos urgente que el narcotráfico. Los estadunidenses se preocupan cada vez más —no sin razón— de la narcoviolencia en nuestro país, pues les empieza a salpicar a ellos. Pero no deberían sorprenderse: si estimulan a nuestros gobiernos a declarar una guerra frontal contra los capos, y los felicitan por ello, no podrían esperar sino la violencia consecuente en toda guerra. ¿O esperaban, por ejemplo, que la resistencia iraquí no generaría miles de muertes? Pues en el combate militar contra el narco, guardadas las diferencias, no tendría por qué ser diferente.
Lo que sucede es que no hay manera de dejar contento a Washington en este tema. Si para reducir los índices de violencia, nuestro gobierno optara por hacer “la vista gorda” o pactar informalmente con los cárteles —como se presume lo hacían los gobiernos priistas—, entonces el reclamo de Estados Unidos sería, “no hacen su tarea”. Ahora que los gobiernos mexicanos se toman en serio esa estrategia, con el consecuente incremento de violencia e inseguridad públicas, particularmente fronterizas, entonces el reclamo es: “Detengan la violencia.” ¿Hay salida para nuestros gobiernos? No. A menos que lo que los estaunidenses quieran, como parece ser el caso, sea ayudarnos en ese combate de manera más directa, como lo hicieron en Colombia.
De ahí que frecuentemente aludan a ese caso como el ejemplo a seguir. Hace poco declaró el consejero de Seguridad Nacional de EU, Stephen Hardley: “Creo que la lección de Colombia es que estas luchas se pueden ganar y debemos ayudar a México a ganar su lucha también.” (7/ene/09). Pero en Colombia la ayuda de Estados Unidos fue directa. También dijo Hardley:“La violencia del narcotráfico en México representa una amenaza potencial para el futuro democrático de ese país”. Es cierto, pero no sólo a la democratización mexicana, sino también al Estado mexicano como tal; sólo que tal amenaza no proviene de la producción o el consumo de las drogas (pues, de ser así, Estados Unidos estaría en una situación más grave aún). Es el combate frontal a los capos lo que pone en riesgo la viabilidad del Estado y la democracia. Y esa es la diferencia entre ambos países: nosotros sí lo combatimos frontalmente, mientras ellos lo hacen lateralmente. Estados Unidos quisiera, pues, ayudarnos, pero de manera más directa —como lo hicieron con Colombia—. Algo probablemente intolerable en el caso mexicano, pero que, de fracasar la actual estrategia contra los cárteles —como todo indica que está ocurriendo—, quizás ese sea el siguiente paso. De hecho, un informe del Comando Conjunto de Fuerzas de Estados Unidos (Joint Operating Enviroment, 2008) señala a México y a Pakistán “como susceptibles de intervención”. ¿Por qué? Por el problema de las drogas en nuestro caso. La forma de encarar el fenómeno en ambos países es tan diferente que, lo que a los estadunidenses les preocupa más, es la violencia generada por los adictos al buscar su respectiva dosis. Dice John Walters, el zar antidrogas: “Hacer legal el consumo de drogas, aunque sea en pequeñas cantidades, tiene el riesgo de generar delincuencia entre los consumidores, ya que éstos buscarán conseguir los recursos económicos por la vía ilegal, para adquirir las sustancias… por lo que se corre el riesgo de que cometan acciones violentas o ilegales”. Ojalá el problema se redujera a eso en nuestro país, pues resultaría insignificante en comparación con la violencia entre los cárteles, y la derivada de la guerra entre el Estado y los capos. Teniendo una óptica tan diferente de la nuestra —por padecer el fenómeno de manera tan radicalmente distinta—, los estadunidenses no están dispuestos a explorar nuevas formas de enfrentar el narcotráfico, como sería la regulación de algunos estupefacientes relativamente menos perjudiciales (incluso menos que el alcohol y el tabaco), como la cannabis. En su territorio, eso se acepta ya en 13 estados, y el número seguramente irá creciendo. Pero, hacia afuera, se prefiere seguir con los viejos esquemas que han resultado fallidos.
El contraproducente modelo de prohibición de los narcóticos, tarde o temprano terminará por ser desechado; pero en tanto a Estados Unidos no le genere un costo social elevado —más allá de que los adictos asalten una farmacia—, no querrán modificarlo, así el precio de ello sea significativo para sus países vecinos del sur. Eso no les preocupa demasiado, incluso si cada vez más nos perciben como un “Estado fallido” o en vías de serlo, y con el riesgo de sufrir un “colapso rápido”. ¿No sería mejor tratar las drogas como un problema de salud pública que arriesgarse a sufrir un “colapso rápido” por abordar el problema mediante la vía policiaco-militar? Lo malo es que nuestros gobiernos, en lugar de al menos discutir la eficacia y racionalidad del modelo diseñado por Estados Unidos (que en cambio no hace gran cosa por detener el tráfico de armas a nuestro país), se limitan a aplicarlo en automático, así nos signifique un elevado costo humano, económico, social y de seguridad nacional.
Muestrario. El embajador en Canadá y ex secretario particular de Fox, Emilio Goicochea, pronto dejará de serlo, y ha solicitado residencia al gobierno de Canadá. Con ello envía el mensaje de que en México ya no se puede vivir. Y eso que los diplomáticos tienen el encargo presidencial de mejorar la imagen del país y desmentir la idea de que aquí existe un “Estado fallido”.
Lo que sucede es que no hay manera de dejar contento a Washington en este tema. Si para reducir los índices de violencia, nuestro gobierno optara por hacer “la vista gorda” o pactar informalmente con los cárteles —como se presume lo hacían los gobiernos priistas—, entonces el reclamo de Estados Unidos sería, “no hacen su tarea”. Ahora que los gobiernos mexicanos se toman en serio esa estrategia, con el consecuente incremento de violencia e inseguridad públicas, particularmente fronterizas, entonces el reclamo es: “Detengan la violencia.” ¿Hay salida para nuestros gobiernos? No. A menos que lo que los estaunidenses quieran, como parece ser el caso, sea ayudarnos en ese combate de manera más directa, como lo hicieron en Colombia.
De ahí que frecuentemente aludan a ese caso como el ejemplo a seguir. Hace poco declaró el consejero de Seguridad Nacional de EU, Stephen Hardley: “Creo que la lección de Colombia es que estas luchas se pueden ganar y debemos ayudar a México a ganar su lucha también.” (7/ene/09). Pero en Colombia la ayuda de Estados Unidos fue directa. También dijo Hardley:“La violencia del narcotráfico en México representa una amenaza potencial para el futuro democrático de ese país”. Es cierto, pero no sólo a la democratización mexicana, sino también al Estado mexicano como tal; sólo que tal amenaza no proviene de la producción o el consumo de las drogas (pues, de ser así, Estados Unidos estaría en una situación más grave aún). Es el combate frontal a los capos lo que pone en riesgo la viabilidad del Estado y la democracia. Y esa es la diferencia entre ambos países: nosotros sí lo combatimos frontalmente, mientras ellos lo hacen lateralmente. Estados Unidos quisiera, pues, ayudarnos, pero de manera más directa —como lo hicieron con Colombia—. Algo probablemente intolerable en el caso mexicano, pero que, de fracasar la actual estrategia contra los cárteles —como todo indica que está ocurriendo—, quizás ese sea el siguiente paso. De hecho, un informe del Comando Conjunto de Fuerzas de Estados Unidos (Joint Operating Enviroment, 2008) señala a México y a Pakistán “como susceptibles de intervención”. ¿Por qué? Por el problema de las drogas en nuestro caso. La forma de encarar el fenómeno en ambos países es tan diferente que, lo que a los estadunidenses les preocupa más, es la violencia generada por los adictos al buscar su respectiva dosis. Dice John Walters, el zar antidrogas: “Hacer legal el consumo de drogas, aunque sea en pequeñas cantidades, tiene el riesgo de generar delincuencia entre los consumidores, ya que éstos buscarán conseguir los recursos económicos por la vía ilegal, para adquirir las sustancias… por lo que se corre el riesgo de que cometan acciones violentas o ilegales”. Ojalá el problema se redujera a eso en nuestro país, pues resultaría insignificante en comparación con la violencia entre los cárteles, y la derivada de la guerra entre el Estado y los capos. Teniendo una óptica tan diferente de la nuestra —por padecer el fenómeno de manera tan radicalmente distinta—, los estadunidenses no están dispuestos a explorar nuevas formas de enfrentar el narcotráfico, como sería la regulación de algunos estupefacientes relativamente menos perjudiciales (incluso menos que el alcohol y el tabaco), como la cannabis. En su territorio, eso se acepta ya en 13 estados, y el número seguramente irá creciendo. Pero, hacia afuera, se prefiere seguir con los viejos esquemas que han resultado fallidos.
El contraproducente modelo de prohibición de los narcóticos, tarde o temprano terminará por ser desechado; pero en tanto a Estados Unidos no le genere un costo social elevado —más allá de que los adictos asalten una farmacia—, no querrán modificarlo, así el precio de ello sea significativo para sus países vecinos del sur. Eso no les preocupa demasiado, incluso si cada vez más nos perciben como un “Estado fallido” o en vías de serlo, y con el riesgo de sufrir un “colapso rápido”. ¿No sería mejor tratar las drogas como un problema de salud pública que arriesgarse a sufrir un “colapso rápido” por abordar el problema mediante la vía policiaco-militar? Lo malo es que nuestros gobiernos, en lugar de al menos discutir la eficacia y racionalidad del modelo diseñado por Estados Unidos (que en cambio no hace gran cosa por detener el tráfico de armas a nuestro país), se limitan a aplicarlo en automático, así nos signifique un elevado costo humano, económico, social y de seguridad nacional.
Muestrario. El embajador en Canadá y ex secretario particular de Fox, Emilio Goicochea, pronto dejará de serlo, y ha solicitado residencia al gobierno de Canadá. Con ello envía el mensaje de que en México ya no se puede vivir. Y eso que los diplomáticos tienen el encargo presidencial de mejorar la imagen del país y desmentir la idea de que aquí existe un “Estado fallido”.
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