Algunos de los vigilantes de que todo sea transparente empiezan a hacer agua. La idea de crear órganos garantes como organismos autónomos doctrinalmente fue animada para evitar la opacidad, la simulación y coadyuvar al combate a la corrupción. Es por ello que quienes integran esas comisiones o institutos deben contar con prendas jurídicas y éticas para desempeñar con solvencia semejante tarea. Un caso en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF) -el más grande presupuestálmente y en atribuciones de las entidades federativas- es de llamar la atención por sus consecuencias.En efecto, en el número 2 de la revista Transparencia y Corrupción (www.revistatransparencia.com) que se encuentra en circulación, el reportero Miguel Ángel Ortega da cuenta de una investigación periodística sobre la verdad detrás de la verdad de lo que sucede en el InfoDF. Resulta que este órgano garante de la transparencia y la legalidad en la capital del país, tiene en su pleno a una comisionada que no es quien dice ser. Tampoco se trata de la persona que tiene un nombramiento en su favor para desempeñarse como comisionada ciudadana. Pruebas en mano, Ortega señala que "María Elena Pérez-Jaén Zermeño" no existe. Al menos, no jurídicamente. Carece de lo que se denomina personalidad jurídica.En una pesquisa aleatoria en archivos públicos, entre ellos el del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, no encontró ningún registro que avalara la existencia de "Pérez-Jaén", lo que llamó su atención y picó su curiosidad periodística. Sabía que la comisionada de referencia era oriunda de Aguascalientes y que había ganado un concurso de belleza en su juventud, razón por la cual se dirigió a esa entidad. Encontró antecedentes en la hemeroteca de la capital de ese estado que registraban la existencia informativa de "Pérez-Jaén" a fines de los años setenta y principios de los ochenta. No encontró, empero, antecedentes en el Registro Civil de esa entidad sobre la vida legal de "Pérez-Jaén". Desconcertado, revisó una y otra vez el nombramiento expedido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a "María Elena Pérez-Jaén Zermeño", cuya existencia se había convertido en un enigma.Ortega se dio a la tarea de revisar las oficinas del Registro Civil de las entidades federativas. En León, Guanajuato, al fin encontró la respuesta que buscaba. "María Elena Pérez-Jaén Zermeño" era un nombre ficticio. El único existente es María Elena Pérez Zermeño. Ortega se cercioró de que no fuera una homonimia. Hizo todas las verificaciones del caso. Se pudo constatar que la clave del Registro Nacional de Población e Identificación Personal PEZE-610731MGTRRL02 es consistente con el acta de nacimiento asentada en la Oficialía 1, en el libro 2 y numerada como la 06510 del municipio de León, Guanajuato. La fecha de nacimiento se ubica el 31 de julio de 1961. Es importante hacer constar que en México cualquier persona puede modificar sus datos y transformar su personalidad legal. Para ello se requiere iniciar lo que se denomina un juicio de "jurisdicción voluntaria" ante un juez de lo familiar, quien al final del juicio ordena que en la parte posterior del acta de nacimiento se haga constar el cambio derivado de la resolución judicial, si éste fue procedente. No fue el caso de María Elena Pérez, según confirmó Ortega en el Registro Civil de Guanajuato, quienes le hicieron saber que no existía ninguna orden judicial en ese sentido.El problema no reside sólo en la probable comisión de un delito por parte de Pérez Zermeño, sino que el asunto va más allá. El presidente del InfoDF, Oscar Guerra Ford, a quien la ley de acceso del DF le obliga a "vigilar la debida actuación" de ese instituto, fue omiso y no dio parte a las autoridades competentes de esta irregularidad. Y segundo, este lamentable engaño pone en riesgo la legalidad de las resoluciones del InfoDF, habida cuenta que cualquier sujeto obligado puede invocar la falta de personalidad jurídica de uno de los comisionados para que se configure lo que denomina nulidad absoluta, lo cual hace inválidas las resoluciones donde Pérez Zermeño o su alias "Pérez-Jaén Zermeño" haya firmado. En fin, es el primer caso que pone en jaque al sistema de certeza legal que debe suponer la actuación de las autoridades en materia de transparencia y que es de esperarse no se repita más.
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