jueves, 29 de enero de 2009

UNA HISTORIA DE NUESTRA HISTORIA

LORENZO MEYER

Sin una "gran narrativa" no es posible que el ciudadano tenga idea de su nación. Aquí hay un ejemplo de esa narrativa en pocas páginas Registrar el pasado Hace más de siglo y medio el historiador escocés Thomas Carlyle, apoyándose en Montesquieu, declaró: "¡Feliz el pueblo cuyos anales son un espacio en blanco en los libros de historia!". Si realmente esa falta de memoria histórica fuera un indicador de felicidad colectiva, tendríamos que concluir que los mexicanos estamos condenados a ser infelices, pues nuestros anales históricos conforman ya una cantidad más que respetable. Si los códices prehispánicos no hubieran sido destruidos sistemáticamente y se pudieran añadir a lo publicado sobre México desde el siglo XVI, se requeriría una auténtica megabiblioteca para albergarlos. Afortunadamente, lo afirmado por Carlyle en torno al registro del pasado de un pueblo fue sólo el desahogo ingenioso de un historiador. En la realidad, nuestra felicidad colectiva puede depender de muchas cosas, pero nunca de olvidar nuestro pasado. La tarea de crear, ensanchar y ahondar en la memoria colectiva es un esfuerzo intelectual complejo, indispensable e insustituible para mantener la identidad nacional; conocer el pasado es parte de la explicación del presente y un elemento esencial para enfrentar el futuro. Visión general Una porción del trabajo de los historiadores consiste en la investigación minuciosa de temas muy puntuales y que tienen como destino a otros especialistas. Otra parte es la elaboración de interpretaciones generales que asimilan los innumerables trabajos de expertos para ofrecer esa "gran visión" tan necesaria para la construcción de la conciencia ciudadana. Para llegar a la generalización o reducción inteligente y educada es necesario que antes se haya sido capaz de dominar la investigación especializada y a profundidad. Ése es el caso de Enrique Florescano que, junto con Francisco Eissa, acaba de publicar un Atlas histórico de México (Aguilar, 2008), de una concepción inteligente, de diseño e impresión de gran calidad y una eficacia contundente. Importancia Al discutir el surgimiento del sentimiento nacionalista contemporáneo, Benedict Anderson, en su influyente Imagined Communities (3a. ed., 1991), resalta la necesidad que los colonialistas occidentales tuvieron de reproducir masivamente mapas y otros documentos gráficos de sus dominios y que éstos terminaron por ser instrumentos al servicio de los nacionalistas y anticolonialistas, pues a ojos de los sometidos esos documentos hicieron "real" el contorno y las características de una comunidad que hasta entonces no habían imaginado y fue un paso en la construcción de las nuevas naciones. Los atlas son desde entonces, y entre otras cosas, instrumentos esenciales para fijar la idea de la nación o la patria y su complejidad social, económica, política y cultural, pues la experiencia individual nunca podrá abarcar todo lo que la imaginación educada sí puede.En la obra de Florescano y Eissa, el lector tiene la posibilidad de hacer un recorrido de miles de años por lo que hoy es México a través de 267 páginas ricamente ilustradas y cobrar conciencia de los procesos de cambio físico y social de lo que hoy es nuestro país. Este viaje a través de mapas y estadísticas, dibujos, grabados, pinturas, fotografías y, desde luego, textos -aquí la imagen sólo cobra pleno sentido en compañía de la palabra-, lleva a quien se adentre en el Atlas, desde las etapas de la formación geológica continental hasta el México actual, pasando por un centenar de temas de naturaleza básicamente social. Lo social es el meollo de la obra y abarca desde culturas prehispánicas hasta migraciones actuales, del proceso de la conquista europea a la infraestructura de riego de la agricultura actual, de la configuración de la administración colonial al mapa electoral vigente, del desarrollo regional de la guerra de independencia a la red carretera presente, de la notable extensión física del I Imperio a la contracción que significó la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848 o de la traza colonial de la Ciudad de México a la que tiene hoy.InterpretaciónEn el siglo XIX, otro gran historiador y contemporáneo de Carlyle, el alemán Leopold von Ranke, consideró posible escribir una historia que no juzgara ni pretendiera instruir al presente sobre la naturaleza del futuro sino que sólo "contara lo que pasó". Sin embargo, esa historia "objetiva" no existe, ni ha existido. Nadie puede reconstruir a plenitud y con exactitud lo que sucedió -son tantas las variables que intervienen en el drama colectivo, que es imposible identificarlas a todas y darles su valor exacto-, ni historiador alguno puede evitar que sus valores e intereses influyan en sus temas y enfoques. Así pues, no hay historia inocente, pero el buen historiador está obligado a intentar ese imposible que es la objetividad y este Atlas histórico de México lo intenta, y en ese empeño está uno de sus valores. La forma y el fondoEl mapa, la fotografía, el dibujo o la pintura unidos por el texto son la forma. En este caso el texto central es breve pero sustantivo. Las cifras y las estadísticas -condensación cuantitativa de lo cualitativo- son abundantes y numerosos los recuadros sobre temas puntuales, incluso anecdóticos, que funcionan como la sal y pimienta de la gran visión: cómo surgió el maíz, la concepción de la mujer en la Colonia, la breve biografía de Francisco Zarco en el siglo XIX o cómo y cuándo apareció el cuarto de baño en las casas particulares de los "pudientes" en el Porfiriato, por ejemplo.Si la forma del Atlas es irreprochable, el fondo es aristotélico: busca el justo medio entre los enfoques conservadores y los radicales. En el México prehispánico privilegia las "altas culturas", de los olmecas a los aztecas, pasando por mayas, teotihuacanos, tarascos, etcétera, y deja en claro lo mucho que aún no se sabe y debe investigarse sobre nuestros orígenes. La conquista se aborda de forma ortodoxa y por ello casi no toca el enorme drama que debió significar para una civilización original y absolutamente devota a sus dioses, la magnitud de su caída. En contraste, la larga época colonial se presenta con un alto grado de complejidad: la nunca concluida conquista del norte, las rebeliones indígenas, los laberintos de la administración civil y religiosa, las diferentes estructuras económicas, el comercio exterior, etcétera. El énfasis de los autores en la vida urbana en una sociedad que fue fundamentalmente rural lleva a echar de menos a la Nueva España de la mayoría: la de los pueblos y las comunidades indígenas.La lucha que estalló en 1810 cuenta con suficientes datos y mapas de las campañas como para seguirlas puntualmente pero también para definirlas como un conflicto que realmente fue significativo sólo en el centro de lo que en poco tiempo empezaría a ser México. Y en ese primer México -el del siglo XIX- los autores nos dicen e ilustran bastante los efectos de los conflictos de la nueva nación con el exterior, aunque no dicen mucho sobre uno de sus protagonistas centrales: el Ejército.Donde se descarga el peso de esta historia es en ese periodo donde ya hay el inicio de la conjunción entre Estado y nación: el Porfiriato. Es ahí donde el Atlas recrea mejor la complejidad política, económica, social y cultural de su objeto. La Revolución Mexicana tiene un espacio similar al de la independencia y los autores la toman de 1910 hasta los 1930; casi todos los temas centrales están tratados -las grandes contradicciones sociales y luchas-, pero se echa de menos el contexto externo. Un lector desprevenido no se percataría de que el campo de maniobra de ese México ya estaba muy limitado por la transformación del país vecino del norte en una gran potencia imperial.Para Florescano y Eissa, la Revolución Mexicana termina y se inicia el México moderno con el cardenismo. Sin embargo, ese singular momento de la izquierda mexicana se resume apenas en una página y en los márgenes de otra. La expropiación petrolera recibe dos menciones con un total de 34 palabras. Aquí hay un ejemplo de interpretación sujeta a debate de nuestra historia. Obviamente, es el México moderno el que ocupa el espacio mayor con abundancia de cifras, mapas y gráficas, todas pertinentes. En lo actual, el énfasis está en lo social y en lo económico. Lo político aparece como trasfondo y temas tan álgidos como justicia, crimen, inseguridad o narcotráfico quedaron fuera.En sumaNo hay historia inocente y menos en épocas tan crispadas y polarizadas como la nuestra, pero hay mucha historia. Y esta última sólo puede ser accesible y útil para la mayoría si está bien narrada, documentada e ilustrada, como es el caso de este magnifico Atlas histórico de México de Florescano y Eissa.

DIPUTADOS: AHORA O NUNCA

MIGUEL CARBONELL

Dentro de unos días comenzará el último periodo de sesiones de la actual Legislatura de la Cámara de Diputados. Los legisladores que terminarán dentro de unos meses su tarea como tales podrán presumir de haber impulsado algunas de las reformas más importantes de los últimos años, pero lo cierto es que su desempeño arroja más sombras que luces.
Es verdad que hemos visto reformas de fondo en varios temas relevantes, pero en casi todos ellos los legisladores han sido incapaces de cumplir del todo con su propósito: han dado algunos pasos importantes pero no han logrado culminar su empeño y, de esa forma, han autosaboteado su tarea.
Nadie puede negarles el mérito de haber aprobado la reforma electoral, la reforma en materia de transparencia, las importantes modificaciones en materia penal, la reforma energética o el cambio en el formato del informe presidencial. Todas ellas han sido reformas ya publicadas en el Diario Oficial que implican modificaciones al orden fundamental de la República.
Pero también es cierto que, una vez aprobadas las grandes reformas, los legisladores se han olvidado de atender los detalles, de escribir la “letra chiquita” que resulta indispensable para aterrizar cada uno de esos temas.
De esta manera, podemos observar que la importante reforma constitucional en transparencia no ha sido correspondida con la expedición de una nueva ley federal de transparencia; asimismo, la reforma electoral a la Constitución exigía la modificación de más de 12 leyes, muchas de las cuales siguen esperando en la mesa de los diputados, como nos lo ha recordado con su acostumbrada lucidez e inteligencia Lorenzo Córdova en estas mismas páginas.
En materia penal se hizo una reforma constitucional muy importante y profunda, pero los pasos para hacerla efectiva (delineados por los propios legisladores en los artículos transitorios de la reforma) parecen haberse quedado en el olvido. Se calcula que es necesario modificar más de 15 ordenamientos federales y hasta el momento sólo se ha expedido la Ley General de Seguridad Pública, la cual representa una parte verdaderamente menor de toda la tarea que tenían que hacer los diputados.
De la amplia agenda de cambios que se propuso en la Ley para la Reforma del Estado sólo se concretó lo relativo a la materia electoral y una pequeña parte de la reforma a la justicia. Quedaron en el tintero temas como la reforma del sistema federal o el régimen de las garantías sociales (de hecho, todo el tema de derechos humanos ha sido ignorado por la presente Legislatura).
Tal parece que se han preferido los grandes titulares al trabajo serio y ordenado de articular un orden jurídico. Las medidas efectistas y de impacto (muchas ciertamente necesarias por su contenido) han terminado por sustituir la construcción de mejores reglas sobre el quehacer institucional del país.
Por eso es que, de cara a las elecciones de julio, necesitamos exigir a los candidatos que se comprometan con reformas concretas y, sobre todo, completas, porque es muy fácil poner en la Constitución tal o cual cosa, pero lo difícil es hacer que cambie la realidad. Y en eso la calificación de nuestros legisladores salientes debe ser cercana a cero, para su vergüenza y la nuestra.

UNA REFORMA ANTICONSTITUCIONAL A LA CONSTITUCIÓN VII Y ÚLTIMO

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

En mi anterior artículo al escribir sobre el "hecho", el cuerpo del delito y la averiguación previa, habiéndose eliminado de la reforma el concepto de "cuerpo del delito", substituyéndolo por "hecho", y nada menos que la averiguación previa a la que el reformador-deformador llama "formalidad", dije que en la estricta realidad va a acontecer que el Ministerio Público ejercerá funciones extremas de muy dudoso contenido jurídico y en contraposición de las garantías individuales. Sin embargo, no expliqué a fondo por qué. Ahora lo digo en pocas palabras. Primero, aunque se elimine la averiguación previa el Ministerio Público no puede ni debe tomar una decisión, para ponerla en manos del juez (lo que se llama consignar), sin previamente indagar, investigar, o sea, averiguar. O qué, ¿tomará esa decisión sin averiguar si hay un posible delito, porque sí y nada más al vapor? Segundo, un "hecho" es una cosa que sucede y en la que intervienen factores "subjetivos"; y si el Ministerio Público los analiza o califica estará entrando entonces en el territorio del juez, que es el único que los puede y debe calificar. En cambio, en el concepto de "cuerpo del delito" sólo se consideran los elementos materiales y punto. Pero ahora, con la reforma, repito, el Ministerio Público conocerá de un "hecho" y lo calificará objetiva y subjetivamente. En otros términos, en rigor juzgará e incluso podrá abstenerse de consignar ante el juez, precisamente por su valoración de aquellos elementos subjetivos. O en el mejor de los casos, que es el peor, pondrá en manos del juez una resolución equivalente a una sentencia. ¿Y el juez, qué? ¿Cuál será en estricto Derecho su papel? Una reforma así, sostengo, desestabiliza al sistema constitucional y procesal mexicano con gravísimo riesgo para las garantías individuales, aparte de ser en mi concepto un mayúsculo desatino jurídico. Pero es desconcertante que esta clase de desatinos se de en el Poder Legislativo. Otro ejemplo de despropósito imperdonable, para llevarse uno las manos a la cabeza y que atañe a la sintaxis y a la gramática, es el siguiente. El nuevo artículo 6º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, que por cierto se opone al párrafo sexto de éste en lo concerniente a la prohibición de otorgar concesiones y contratos tratándose del petróleo, dice al permitir los contratos que "Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo y en ningún caso se concederán por los servicios que se presten y las obras que se ejecuten propiedad sobre los hidrocarburos..." ¿Lo entiende usted, amable lector? He subrayado lo que es una barbaridad. ¿Cómo que "en ningún caso se concederán... propiedad sobre los hidrocarburos"? ¿"Concederán", así, en plural? En la iniciativa del artículo 6º del Presidente y que pasaron por alto diputados y senadores, al margen de lo anticonstitucional de la misma, se lee que "Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan, serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán, por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, propiedad sobre los hidrocarburos...". Vuelvo a subrayar para el mejor entendimiento del texto. Aquí no se usa el pronombre personal "se", es decir, la frase es en lo conducente "en ningún caso concederán... propiedad sobre los hidrocarburos", y no "en ningún caso se concederán... propiedad sobre los hidrocarburos".Es muy lamentable, pues, que el legislador cometa esta clase de pifias que denotan un terrible descuido en el trabajo legislativo y en la redacción. Y no se me diga que son minucias o responsabilidad exclusiva de los correctores de estilo, pues en asunto tan serio, nada menos que el de la Ley Reglamentaria de un artículo constitucional, el idioma y su maneja correcto son parte imprescindible en la expresión o manifestación de la idea normativa; independientemente de que el legislador, diputado o senador, debe revisar que la ley que elabora cumpla con los requisitos mínimos de la sintaxis y de la gramática. Palabras van y palabras vienen pomposamente en las cámaras de diputados y de senadores, en los encargados de hacer las leyes, citando tesis, teorías, doctrinas, no quiero suponer que simplemente recitándolas, y pregonando que sus leyes son para resolver los graves problemas de México. Palabras que se repiten con similar solemnidad en otros foros políticos. ¿Y por qué no empiezan, me digo, por usar una buena técnica jurídica, respetar escrupulosamente la Constitución y manejar también escrupulosamente nuestro idioma?

miércoles, 28 de enero de 2009

EL MAÑOSO

SERGIO AGUAYO QUESADA

Carlos Salinas de Gortari preserva la inteligencia... y las mañas que le sirven de bastante poco en su cruzada por limpiar de mugre la elección de 1988.A finales del 2008, Martha Anaya publicó en la editorial Debate el libro 1988, el año en que calló el sistema. A Salinas no le gustó el texto porque reavivó la discusión sobre la legitimidad de su elección, y porque saca a la luz sus acuerdos secretos con el Partido Acción Nacional. Sintiéndose repostero de categoría, nos presenta un pastel de apariencia extraña y poco apetitosa; pero se niega a decir cuáles son sus ingredientes y cómo fue que lo cocinó. En otras palabras, asegura haber ganado la elección porque así lo dicen las cifras oficiales, pero olvida las múltiples irregularidades documentadas y pasa por alto que los jueces sólo resuelven con lo que contiene en el expediente.La tragedia, para Salinas, es que lo contradicen otros escritos suyos y le corrigen la plana compañeros de su partido. Basándose en cifras oficiales, Salinas insiste en lo holgado de su victoria: adelantó con 20 puntos a Cuauhtémoc Cárdenas, su más cercano seguidor. Lo notable es la manera como recuerdan la elección los priistas entrevistados por Anaya: para Guillermo Jiménez Morales: "fue una elección muy competida"; para Emilio Gamboa: "triunfo muy complicado, muy cerrado"; para Miguel de la Madrid: "elecciones muy reñidas... votación muy cerrada"; y para Salinas: "competencia electoral... cerrada". Hay un divorcio total entre las cifras y el lenguaje.Los priistas que organizaban la elección riegan con diesel la hoguera de la duda. José Newman Valenzuela: las cifras oficiales "no representan la realidad". Óscar de Lassé coincide en que "los números oficiales no reflejan lo que pasó en las elecciones". Manuel Bartlett añade que en el Colegio Electoral "se consumó todo". La conclusión es evidente: ya no se trata de la izquierda derrotada gritando en la calle su "repudio total, al fraude electoral". Es un pleito entre priistas que, por cierto, no será obstáculo para que compitan unidos en las próximas elecciones federales.Salinas también descontextualiza sus explicaciones sobre por qué ganó limpiamente. En su voluminoso libro México, un paso difícil a la modernidad, y en las columnas que escribió este 2009, presenta a las autoridades electorales como instituciones plenamente autónomas y guarda silencio sobre la intervención gubernamental a su favor. Falso.Cuando Miguel de la Madrid le informó que sería Presidente, describe en su libro la "emoción profunda" que sintió y cómo le dijo al jefe de gobierno que deseaba "mantener la cercanía entre el Presidente y el candidato". La respuesta de De la Madrid es antológica: "Presidencia y candidatura pueden ser como dos rieles de la misma propuesta".La simbiosis entre candidato y gobierno la reconfirman ambos. De la Madrid reconoce, en el libro de Anaya, que concedió la autorización para que secretarios de Estado ayudaran al candidato con la "discreción adecuada". En sus memorias, Salinas evoca una gira por Chihuahua: "fue un éxito rotundo, pues las manifestaciones de apoyo fueron masivas y cálidas. No se registró ningún acto de protesta. El gobernador Fernando Baeza realizó una tarea espléndida". La parcialidad gubernamental era ilegal, y confirma la inequidad que rodeaba toda elección mexicana.La intervención continuó y en la noche de la elección el Presidente giró instrucciones a actores claves. En sus memorias o en la entrevista para Anaya, De la Madrid reconoce haber pedido al secretario de Gobernación guardar silencio sobre los resultados que iban llegando y que diera una "visión en ascenso del PRI"; haber autorizado al presidente del PRI a "proclamar la victoria" de Salinas, pese a no existir cifras oficiales; y a la Comisión Federal Electoral le dio "línea" para limitar los "recuentos de votos al mínimo posible". Su justificación es que hizo "bien en no dejar llegar" a la izquierda. Esta evidencia quita credibilidad al alegato de Carlos Salinas.El libro de Anaya despertó atención e interés, y al menos 23 columnas se han escrito en los principales diarios capitalinos; 21 si descontamos los dos textos enviados por Salinas a Milenio y El Universal. Todas las columnas coinciden, desde diferentes ángulos, en que fue una elección sucia, irregular, fraudulenta. Ninguna concede valor alguno a los argumentos de un ex Presidente que por motivos poco claros decidió bajarse del Olimpo para influir en la interpretación histórica sobre la forma en que llegó al poder. Fracasa estrepitosamente porque se empecina en presentar una versión débil, fáctica y lógicamente; tampoco despierta simpatía como ser humano porque, además de mañoso, mantiene la arrogancia y rechaza la autocrítica. Salinas y su estéril cruzada contra una historia que condena la forma en que fue elegido.En esta guerra de ideas es notoria la ausencia del Partido Acción Nacional. Un solo panista, José Luis Salas Cacho, aceptó dar una entrevista a Anaya en la cual, por cierto, da un testimonio fundamental para rellenar huecos en el conocimiento. Un solo columnista del PAN, Juan Antonio García Villa (El Financiero, enero 16, 2009), cronicó el libro sin meterse en el espinoso tema de los acuerdos secretos entre Salinas y el PAN. Este partido, y quienes gobiernan en su nombre, siguen, frente al 88, la misma estrategia adoptada en la elección del 2006: guardar silencio con la esperanza de que el tiempo traerá el olvido. Malas noticias para Salinas y el PAN: ni el 68, ni el 88, ni el 2006 se olvidarán porque las heridas siguen abiertas.Salinas es representativo de una cultura política. El ex Presidente se defiende poniendo en la misma categoría a quienes intervienen, por una u otra razón, en la vida pública. Por ejemplo, en sus memorias dice que si un grupo de mujeres protestaba por la carestía era porque "habían sido enviadas por elementos del sindicato petrolero". Aunque no todo mundo se mueve con esa lógica, Salinas es una prueba fehaciente de la fuerza del cinismo en la política mexicana.Si en 1929 José Luis Guzmán acuñó, en La sombra del caudillo, la regla de oro "si no le madruga usted a su contrario, su contrario le madruga a usted"; Miguel de la Madrid escribió el corolario en la frase con la cual cierra su entrevista para Martha Anaya: "la eficacia es el valor supremo de la política". ¿Y dónde quedan los principios y el interés público?

martes, 27 de enero de 2009

DERECHO DE RÉPLICA

JAVIER CORRAL JURADO

Uno de los vacíos que tensan las relaciones entre ciudadanos y medios —y particularmente entre actores políticos y medios— es la falta de una legislación que reconozca y tutele el derecho de réplica. Es decir, la posibilidad que tienen las personas para responder ante cualquier acusación falsa o imputación dolosa que le afecte o agravie su imagen o buen nombre.
De los pendientes que dejaría la actual Legislatura, el de la nueva Ley del Derecho de Réplica sería uno de los más lastimosos, puesto que los actuales legisladores llevaron al artículo sexto de la Constitución la reforma que garantiza este derecho en el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente para quienes no poseen medios de comunicación o espacios en ellos.
El proceso electoral ha iniciado y ya se asoman las campañas sin que se haya logrado un procedimiento que haga realidad este derecho. Ningún escenario tan vasto en dimes y diretes como las campañas, y tan falto de reglas para la reinvindicación inmediata sobre infundios o calumnias. Ni siquiera ese incentivo —el de su propio pellejo— han tenido los políticos para hacer vigente y positivo este derecho.
El artículo 223 del Cofipe establece que partidos, precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el artículo sexto constitucional respecto de la información que presenten los medios, cuando consideren que ésta deforma hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se ejercitará en términos de la ley de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables.
Asimismo, se establece que este derecho “se ejercerá en la forma y términos que determine la ley de la materia”, o sea, no habrá manera de ejercerlo puesto que no hay ley de la materia.
Varios legisladores impulsaron proyectos concretos, principalmente el PAN. Pero ninguno ha trascendido el estatus de un anteproyecto de dictamen. A la fecha existen cuatro iniciativas: la que derivó de los trabajos de la CENCA; Iniciativa de Ley para Garantizar el Derecho de Réplica que suscribieron diputados del PAN; la Iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo Sexto, del senador Alejandro Zapata Perogordo —con licencia—, también del PAN; y la que presentaron senadores del Partido Verde.
Los grupos parlamentarios definen agendas legislativas en el último periodo ordinario de sesiones, del 1 de febrero al 31 de abril. Los tiempos electorales no son propicios para reformas de fondo, mucho menos aquéllas que tienen que ver con los intereses de los medios. Hay quienes sugieren incluso que ni se le mueva a estos temas, porque puede salir el tiro por la culata, como aconteció con la ley Televisa. Pero en este asunto México presenta un retraso democrático vergonzoso que no podemos posponer.
Debieran saber que suscribimos en 1968 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que plasma el derecho de rectificación o respuesta, al considerar que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta. Somos el único país del Pacto de San José que no incorporó esos principios a su legislación nacional.
Ese vacío no lo llena la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917, pues aunque es legislación vigente, su desfasamiento normativo es evidente y su violación sistemática. Es una ley penal pues castiga “con una pena que no baje de un mes ni exceda de 11, sin perjuicio de exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en caso de desobediencia la pena del artículo 904 del Código Penal del DF”.
Del seudoderecho de réplica consignado en el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión de 2002 ni hablamos, pues se trata de una “solicitud de aclaración”, cuya “procedencia” estará en manos de los concesionarios.
De ahí que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) exhorte a que los legisladores terminen la tarea que iniciaron, y se dispongan a discutir y aprobar el mejor proyecto legislativo. Nuestro comité jurídico, que tiene al frente a un joven y brillante abogado, Agustín Pineda, ha remitido una bien estructurada opinión que puede consultarse en www.amedi.org.mx. “Los legisladores deben considerar que el bien jurídico tutelado en el ejercicio del derecho de réplica atiende al derecho a la información de los ciudadanos y protege la dignidad e intimidad de la persona, y por eso mismo prevé la protección del honor, vida privada e imagen de las personas”. Ni más ni menos, de eso se trata.

lunes, 26 de enero de 2009

QUE SÍ Y QUÉ NO

MARÍA AMPARO CASAR

Anteayer comenzó el registro de precandidatos que buscan contender en los procesos internos de los partidos a disputar un lugar en la Cámara de Diputados y el 31 de enero darán inicio las precampañas. A pesar de la inminencia del arranque electoral, una pregunta ronda entre partidos, legisladores, posibles candidatos, autoridades de gobierno, ciudadanos y, sí, funcionarios del IFE y magistrados del Tribunal Electoral. ¿Qué está permitido y qué está prohibido? Puesto de otra manera, ¿qué conductas constituyen una violación a la norma y cuáles otras no?
Que los ciudadanos que no tenemos por qué ser expertos en legislación electoral nos preguntemos qué se puede y qué no se puede hacer me parece natural. Que los partidos y peor aún los legisladores que hicieron la legislación se lo pregunten, es más grave.
La falta de claridad se debe a muchos factores. La nueva ley electoral buscó regularlo todo aunque, como se sabe, ni la más extensa y amplia legislación puede prever cada situación y caso particular; no se contemplaron sanciones para la violación de varias de las normas; los legisladores dejaron inconcluso el trabajo de legislación secundaria, mismo que los consejeros electorales se han visto obligados a subsanar a través de reglamentos y acuerdos; la inventiva para darle la vuelta a la ley es infinita.
Son muchos los contenidos de la ley que no quedan claros. Van algunos ejemplos.
¿Puede el Partido Verde telefonear a tu casa para decirte lo que piensan sobre la pena de muerte, ofrecerte servicios médicos y de ambulancia y de paso alentarte a que te afilies a su partido?
¿Puede el PAN presumir los programas y logros del gobierno federal a través de espectaculares, mantas o promocionales?
¿Puede el gobernador Peña Nieto aparecer de manera permanente en el prime time de las televisoras a través de reportajes, gacetillas electrónicas y entrevistas?
¿Puede el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, tener coberturas de una hora en la clausura de su pista de hielo o en el programa Hoy promoviendo su imagen?
¿Puede Convergencia utilizar los tiempos oficiales que le corresponden a su partido para prestárselos a López Obrador para promocionar su movimiento y llamar a una concentración en el Zócalo? Y si más adelante cualquier otro partido le cediera sus tiempos oficiales al Consejo Coordinador Empresarial, al Movimiento Familiar Cristiano, Provida, a la APPO o a un sindicato, ¿se valdría?, ¿no son todos movimientos sociales?
¿Pueden los partidos decidir que no se use el narcotráfico como tema de campaña y prohibir la calumnia a través de un acuerdo?
¿Puede el IFE fiscalizar las cuentas de los senadores o solicitar a la Secretaría de Hacienda que lo haga porque son personas políticamente expuestas?
Todos estos ejemplos son tomados del periodo previo al arranque de las precampañas y no tienen una respuesta clara. Es posible que los consejeros o el Tribunal Electoral puedan sacarnos de la duda -de hecho tendrán que hacerlo- e ilustrarnos. Pero lo cierto es que tan no hay claridad que buen número de las conductas antes citadas ya han sido materia de controversia y denuncia ante las autoridades. Vaya, hasta el propio Senado analiza la posibilidad de interponer "un recurso legal para anular el acuerdo por el que autoridades federales investigan las operaciones financieras de los legisladores" o al menos para que el Tribunal "aclare el alcance del IFE, ya que existe el riesgo de que se exceda en sus facultades".
La ausencia de claridad no sería grave si fuéramos una democracia más o menos consolidada, pero en nuestro contexto se vuelve perniciosa. Al no tenerla ocurren dos cosas. Los partidos tienen un gran incentivo para jugar en la línea, para asumir la muy mexicana práctica de pedir perdón en lugar de pedir permiso. Tiene una consecuencia aún más perversa: la judicialización de las elecciones con su inevitable correlato, la pérdida de confianza en los procesos electorales y el desaliento a la participación.
Así pues, mal empezamos: pleitos entre las autoridades electorales, entre éstas y los legisladores, entre los propios partidos que no dejan de lanzarse acusaciones, acuerdos que aún no entran en vigor y ya se desconocen, regulaciones imposibles de cumplir, normas que no traen sanciones aparejadas.
Buena parte del problema está en la sobrerregulación y en la falta de claridad de la ley. Pero más que una ley defectuosa lo que revienta la democracia electoral de nuestro país es eso que Javier Corral ha llamado atinadamente "los burladores de la reforma".
Las cosas podrían resolverse de mejor manera si hubiera conciencia, confianza y disposición. Conciencia de que mucho está en juego, confianza en que el árbitro decidirá imparcialmente y disposición a acatar las normas y resoluciones de las autoridades electorales. Estos atributos no se ven por ningún lado a pesar de que fueron los propios partidos, a través de sus fracciones parlamentarias, quienes hicieron la legislación y quienes eligieron a los consejeros y magistrados.

MEA CULPA

DENISE DRESSER

Ciudadanos y ciudadanas. Estoy aquí para pronunciar el discurso que ustedes quisieran oír; el que merecen escuchar. Como Presidente constitucional de México, yo, Felipe Calderón, confieso ante los ateos, los agnósticos, los musulmanes, los evangélicos, los judíos, los budistas, las madres solteras, los divorciados, los homosexuales, las lesbianas y vosotros hermanos que me he equivocado seriamente en pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa he minado los cimientos del Estado laico y asumido posturas públicas que corren en contra el liberalismo democrático que debería guiar mi conducta y la del gobierno. Al hablar como lo hice en el VI Encuentro Mundial de las Familias -organizado por el Vaticano- violé el espíritu de la Constitución que juré defender. Violé los preceptos de la separación Estado-Iglesia sobre los cuales México ha intentado construir un país moderno. Ahora quisiera rectificar y hablarles con la claridad y el respeto que ansían lo habitantes de un país plural.En aquel encuentro, tuve que haber dado la bienvenida como un jefe de Estado y no pronunciar un sermón, como fue el caso. Debí inaugurar el evento, pero no formar parte de la cruzada religiosa a la cual dio pie. Fue un error confundir aquello que guía mi fuero privado con mis labores públicas. El artículo 24 de la Carta Magna me da derecho a profesar y practicar mis creencias religiosas. Pero no me da derecho a suponer que son mejores que las de otros, o que deben ser asumidas por todos los mexicanos, o que la historia de México debe ser entendida a través de los Mártires de la Persecución. Cuando hablé de la promoción de "los valores y principios fundamentales" para el país, no enfaticé aquellos que construyen la democracia liberal; enfaticé aquellos vinculados con mi credo. No hablé desde la inclusión sino desde la exclusión.Sé que tengo derecho a practicar mi fe, respetar mis valores, saludar a mis santos, hacer una apología de mi educación religiosa. Pero es un acto de torpeza presumir esa fe, esos valores, esos santos y esa religión como Presidente, ante mis compatriotas. Porque en este país hay muchas formas válidas de ser mexicano, no sólo aquellas reconocidas por la Iglesia Católica. Debí haber seguido el ejemplo de Barack Obama, quien es su discurso inaugural dijo "somos una nación de cristianos y musulmanes, judíos e hindúes y no-creyentes (...) Y porque hemos probado el sorbo amargo de la guerra civil y la segregación y emergido de aquel capítulo oscuro más fuertes y más unidos, no podemos dejar de creer que los viejos odios algún día pasarán; que las líneas de la tribu serán disueltas; y que conforme el mundo se achica, nuestra humanidad esencial será revelada...".Yo, lo reconozco, me porté de manera tribal ese día. Actué como un católico que sigue los lineamientos del Vaticano, pero no como un Presidente que respeta los lineamientos de la Constitución. No reconocí ni celebré ni aplaudí la humanidad compartida por millones de mexicanos que han elegido vivir de maneras distintas: las mujeres que crían hijos solas y las mujeres que los crían acompañadas, unos que creen en Dios y otros que dudan de su existencia; quienes cargan con un crucifijo y quienes se arrodillan hacia La Meca; los que aman a personas del mismo sexo o los que aman a personas del sexo contrario. En lugar de reconocer a los mexicanos con experiencias vitales diferentes a la mía, hice caso omiso de ellas. En lugar de apelar a la diversidad, ensalcé a la familia tradicional. Millones de mexicanos se volvieron invisibles para mí. Mandé un mensaje: no hay espacio en este país para ellos.Peor aún, repartí sablazos morales al sugerir que los divorcios producen delincuentes. Que las madres solteras merecen compasión. Que la única familia sólida es la familia tradicional. Que sólo hay una forma reconocida de llegar al cielo. Que un entorno familiar distinto al mío es disfuncional. Dividí a México en bandos de buenos y malos, en familias decentes y familias "extracurriculares", como lo señala Carlos Monsiváis. En vez de franquear las brechas que aún nos distancian, las ahondé. Pero peor aún, no hice un llamado a combatir la discriminación; no convoqué a luchar contra la homofobia; no exhorté a pelear contra la intolerancia; no subrayé la necesidad de proteger a las minorías; no resalté la necesidad de construir un sistema político capaz de proveer todos los derechos para todos, al margen de la raza, el género, la preferencia sexual, la edad, el camino andado.Ustedes se preguntarán por qué me comporté así. Quizás sólo puedo reconocer que fue un acto motivado por imperativos electorales. En el pasado, había intentado no repetir los errores que cometió Vicente Fox y empañaron su gestión: confundir lo privado con lo público, usar el púlpito presidencial para darle a Dios lo que es del César, trivializar la simbología que acompaña a los actos presidenciales y subestimar su impacto. Había sido muy cuidadoso con respecto a temas religiosos y sin embargo ahora las circunstancias me obligan a cambiar, a revirar, a emular a quien tanto critiqué. La elección intermedia se avecina y si las cosas siguen como van, al PAN se encamina a perder apoyos y votos y puestos y curules. Los asesores políticos me han dicho que una manera de movilizar mi base electoral es a través del conservadurismo confesional. Hice un cálculo y llegué a la conclusión de que los beneficios potenciales superaban los costos incurridos. Algunos intelectuales me criticarían, algunos divorciados me condenarían, algunos columnistas cuestionarían la confusión de mi papel. Pero a cambio tal vez podría conseguir un caudal de votos católicos.Sé que contribuyo a erosionar principios constitucionales básicos cuando actúo como Presidente proselitista. Sé que al asumir posturas católicas no respeto las libertades de otros grupos. Sé que me alejo del constitucionalismo liberal que debería promover. Sé que la democracia debe trascender una definición minimalista y abarcar la autonomía y la dignidad del individuo contra cualquier forma de coerción, ya sea de la Iglesia, la sociedad o el Estado. A nivel teórico, entiendo esos argumentos pero no los hago míos. Aquel día, rodeado del clero católico, me sentí en casa y mimeticé su lenguaje. Me revelé tal y como soy; no creo verdaderamente en la separación Estado-Iglesia; no asumo la laicidad como instrumento de navegación. Creo que si el PAN necesita apelar a Dios y al catolicismo para mantenerse en el poder, debe hacerlo. Por ello pido perdón, con una advertencia: quizás me he equivocado, pero por lo menos no he pecado.

VIVITA Y COLEANDO

JOHN M. ACKERMAN

Con la anulación de la elección para presidente municipal en Zimapán, Hidalgo, la sala regional con sede en Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ha dado una gran lección de garantismo y defensa del estado de derecho a la propia sala superior del mismo tribunal.
Los magistrados de Toluca, encabezados por Santiago Nieto, se negaron a continuar con la línea de impunidad y pasividad trazada por María del Carmen Alanís y sus colegas, quienes cerraron mal el año pasado al avalar las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática y validar sobre sus rodillas las elecciones municipales de Acapulco.
Políticamente es de lamentar la anulación de la victoria de José María Lozano como presidente municipal de Zimapán. Lozano, dirigente del movimiento cívico Todos somos Zimapán, que se ha opuesto de manera tajante a la construcción de un “confinamiento” de desechos tóxicos en ese municipio hildalguense. El dirigente ha denunciado presiones de la empresa constructora española Abengoa-Befesa y sostiene que la construcción del nuevo basurero podría provocar graves trastornos de salud para los habitantes del lugar.
Afortunadamente, el movimiento encabezado por Lozano no demuestra señales de debilitamiento. La anulación de su victoria ha servido de catalizador para su causa y lo más probable es que el dirigente salga victorioso de nuevo en la segunda vuelta.
Mientras tanto, en el plano jurídico el fallo de la sala de Toluca tiene gran trascendencia. Representa un esfuerzo notable por defender los principios constitucionales y la equidad en las contiendas electorales. Esta decisión rompe de manera tajante con la tolerancia hacia la ilegalidad que ha caracterizado la actuación de nuestros organismos electorales en años recientes.
La sentencia del caso Zimapán se puede leer como una extendida réplica jurisdiccional a las aberraciones tanto del dictamen de validez de la elección presidencial de 2006 como de la resolución de la elección del presidente del PRD. Los magistrados de Toluca señalan que hace falta acercarse a la labor de revisión de una elección impugnada con “apertura y flexibilidad” porque “el apego excesivo y estricto a la rigidez y formalismo en la evaluación del material probatorio, conduce a imposibilitar la acreditación de los hechos, ante la fragmentación y dispersión de los vestigios que se lograron rescatar y que habrían escapado a la destrucción, ocultamiento o simulación”.
En otras palabras, los magistrados no pueden permitirse el lujo de hacerse de la vista gorda ante las evidentes violaciones de la ley. Tienen la obligación de reconstruir los hechos lo mejor posible y actuar en consecuencia cuando se configure una violación grave y generalizada a los principios constitucionales en materia electoral.
Todos recordarán cómo en 2006 el tribunal electoral hizo todo lo contrario al minimizar las intervenciones del presidente Vicente Fox porque supuestamente la forma metafórica en que se expresaba (“hay que cambiar de jinete y no de caballo”) era difícil de entender para el pueblo mexicano.
También desechó la “determinancia” de los espots y los folletos del Consejo Coordinador Empresarial, así como de la campaña negra de Felipe Calderón porque no contaba con datos que midieran exactamente cuántos votos se le pudieron haber restado a López Obrador. En lugar de evaluar, investigar e interpretar todos los ilícitos de manera integral, los magistrados prefirieron esconder su impericia tras una fachada de “formalismo”.
Con la decisión tomada en el caso Zimapán la sala regional de Toluca no solamente ofrece una gran lección a la sala superior del TEPJF, sino que también se rebela ante el intento de parte de los legisladores federales para atar de las manos a los jueces electorales. Uno de los elementos más cuestionables de la reforma constitucional en materia electoral de 2007 fue el intento de eliminar la posibilidad de anular elecciones utilizando la “causal abstracta de nulidad”. El nuevo texto del artículo 99 de la Carta Magna indica que el tribunal electoral solamente puede “declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes”.
Pero la sentencia de Zimapán sostiene que esta disposición constitucional no puede estar por encima de otros mandatos y principios constitucionales en materia electoral tales como la equidad, la certeza, la legalidad y la separación entre el Estado y la iglesia.
De acuerdo con la interpretación de Nieto y su colega Adriana Favela, los magistrados electorales tienen la obligación de defender y hacer valer la Constitución de manera directa, más allá de la redacción específica de las causales de nulidad en la ley. En otras palabras, la visionaria “causal abstracta de nulidad” por fortuna sigue vivita y coleando gracias a los magistrados de Toluca, y a pesar de los intentos tanto de los magistrados de la sala superior como de los legisladores federales de darle una muerte prematura.

jueves, 22 de enero de 2009

LA PRÓXIMA CÁMARA

JOSÉ WOLDENBERG

La Cámara de Diputados fue la primera institución del Estado mexicano que se abrió a la pluralidad y desde 1997 ninguna de las fuerzas políticas ha logrado una mayoría absoluta de asientos, lo que determina que en ese espacio el diálogo, la negociación y el acuerdo se vuelvan imprescindibles. Al concluir la presente legislatura serán 12 años consecutivos de un equilibrio de fuerzas que modificó de manera profunda las viejas rutinas del quehacer político. Si hasta antes de ese año, un solo partido (el PRI) podía modificar cualquier ordenamiento legal sin el concurso de ningún otro grupo parlamentario, a partir de entonces esa Cámara adquirió una mecánica de trabajo compleja, marcada por la coexistencia de la pluralidad sin mayoría preconstruida.Vamos ahora a una nueva renovación de la casa de los diputados el 5 de julio. En las próximas semanas todos los partidos y coaliciones deberán pulir sus plataformas políticas y decidir quiénes serán sus candidatos. Los eslabones del proceso serán afinados por el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atenderá las quejas que son consustanciales a todo proceso comicial. Pero vale la pena (creo) especular sobre los eventuales escenarios que pueden brotar de las elecciones. De manera burda tres son los posibles.A) Se refrenda por quinta ocasión una Cámara sin mayoría absoluta de ningún partido o coalición. Lo más probable (creo) es que eso suceda. Ocho partidos competirán. Se requiere que alguno de ellos obtenga más del 42.2 por ciento de los votos para que pueda tener el 50.2 por ciento (251) de los escaños. Y si eso sucede las rutinas conocidas tendrán que seguirse afinando. Es decir, por necesidad, el gobierno y su partido, y las distintas oposiciones tendrán la obligación de hablar, acordar, pactar. Seguirá siendo el hábitat donde se reproduce la pluralidad política y que obliga a todos a escuchar a sus adversarios, a los otros. (Por supuesto que no será lo mismo si algún partido está muy cerca del 50 por ciento más uno de los escaños y puede pactar con alguno de los grandes pero también optar por uno o dos de los partidos con menos respaldo ciudadano).B) El PAN alcanza la mayoría absoluta de los diputados. No parece muy probable, no sólo porque no ha logrado esa mayoría en sus momentos estelares -las dos elecciones presidenciales de 2000 y 2006-, sino porque la situación de crisis, de decrecimiento de la economía, de ambiente de inseguridad, etcétera, estarán modelando humores públicos más bien adversos al gobierno. Pero de darse esa opción, no cabría la menor duda que se trataría de una victoria política más que relevante, además de una situación que le permitiría aprobar el Presupuesto de Egresos con sólo los votos de sus diputados (recordemos, como si hiciera falta, que en ese documento se concentran las prioridades y los programas públicos fundamentales, los incrementos o los decrementos en los apoyos financieros). Ahora bien, independientemente de ese resultado, para las reformas constitucionales y legales el PAN y el gobierno seguirían dependiendo de la voluntad de algún otro grupo parlamentario, dado que el Senado de la República no se modifica y en esa otra Cámara la falta de mayoría absoluta seguirá acompañando la gestión presidencial.C) Un partido opositor logra mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Aunque tampoco parece demasiado probable, eso podría suceder si alguno de los "tres grandes" se desploma electoralmente. Si ello pasara, en buena lógica y aritmética democrática, el gobierno estaría (casi) obligado a reconocer ese inmenso hecho político y plantear una especie de cogobierno con esa fuerza. Porque le sería muy difícil gobernar con una mayoría opositora tomando los acuerdos fundamentales en la llamada Cámara baja. Se trataría de un escenario inédito en los últimos 80 años que reclamaría respuestas originales. De 1929 a 1988 el Presidente y su partido contaron no sólo con mayoría absoluta en ambas Cámaras sino con mayoría calificada (más de las dos terceras partes de los votos necesarios para realizar cambios constitucionales). De 1988 a 1997, el Presidente tuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y mayoría calificada en el Senado hasta 1997. De producirse por primera vez una mayoría absoluta en la de diputados contraria al Presidente, habría que echar mano de fórmulas extraordinarias.Según las encuestas, las mayores posibilidades de ese escenario hoy favorecerían al PRI (ver los resultados de las encuestas de Mitofsky, GEA-ISA, Reforma y El Universal que se reproducen en Nexos de enero de 2009; si bien el porcentaje de indecisos es enorme, la relación PRI-PRD es por lo menos de dos a uno), dada la aparente pérdida de apoyo electoral del PRD. Pero como se sabe, en materia electoral, lo que parece sólido en enero bien puede evaporarse en julio.Lo cierto, sin embargo, es que de ninguna manera las próximas elecciones son anodinas. Acostumbrados como estamos a prestar atención extrema a la elección presidencial (o de gobernadores o presidentes municipales), solemos minusvaluar los comicios legislativos. Ello es fruto de la añeja inercia en la que el presidente de la República era el Poder de Poderes, el Jefe Indiscutido del Estado, la Encarnación de la Nación, y de la incapacidad para asimilar las nuevas realidades políticas forjadas en los últimos lustros.Las del próximo 5 de julio volverán a ser unas elecciones cruciales. Y de sus resultados dependerán los grados de libertad del gobierno y las posibilidades de incidencia en el Legislativo de las oposiciones. No es poca cosa.

OBAMA O CAMBIO DE GUARDIA EN EL IMPERIO

LORENZO MEYER

Todo cambio mayor en Estados Unidos abre la posibilidad de otro en igual sentido en su conducta hacia el resto del mundoSignificadoEn principio, y debido a su posición de hiperpotencia tras su triunfo en la Guerra Fría, cualquier evento que incide en la conducción política de Estados Unidos tiene reverberaciones en el resto del mundo. Desde una óptica optimista, se puede arribar a una conclusión positiva: si hoy el Presidente de la principal potencia mundial es un político inteligente y bien educado a la vez que mulato, nacido en el seno de una familia de clase media que llegó a pasar serios aprietos económicos, donde faltó la figura paterna, se educó a base de becas y ganó la grande sostenido por una carrera muy corta, entonces los tiempos norteamericanos son propicios para cambios en la política exterior.De entrada, hasta el observador escéptico tendría que admitir que el cambio de guardia que acaba de tener lugar en Estados Unidos indica que la cultura política de ese país tiene capacidad de transformación. Ahora bien, si se es pesimista, entonces lo que destaca del éxito de Barack Obama es que a Estados Unidos le tomó más de dos siglos y 44 cambios de la estafeta presidencial hacer realidad el supuesto básico de su democracia: la libertad y la igualdad de los seres humanos. Una democracia como la norteamericana, que desde su fundación y hasta casi ayer convivió con la esclavitud primero y la discriminación racial después y que apenas hoy es capaz de hacer realidad lo propuesto por Martin Luther King -juzgar a los individuos por el contenido de su carácter y no por el color de la piel-, es un sistema que puede convivir por largo tiempo con contradicciones de fondo entre sus principios y sus prácticas.Como sea que se tome el inicio de la Presidencia de Obama, es claro que acabamos de ser testigos de un cambio significativo. Para el resto de los miembros del sistema mundial se abre ahora una interrogante que pronto empezará a ser despejada: ¿hasta qué punto las fuerzas de la transformación en Estados Unidos se reflejarán en su política exterior y hasta dónde los viejos intereses imperiales van a resistir el espíritu de cambio encarnado por el primer presidente afroamericano?¿Qué tan lejos se puede ir?Una visión pesimista subrayaría que los intereses norteamericanos en el exterior son enormes, que los imperativos de la política de toda gran potencia son los del poder y que éstos siempre se sobreponen a consideraciones tan epidérmicas -literalmente- como el color de la piel de sus dirigentes o las diferencias en las plataformas electorales de sus partidos. En fin, que el imperio es el imperio, lo encabece quien sea. En contraste, la perspectiva optimista puede señalar que en materia del cambio político no hay compartimentos estancos, que la transformación puede empezar por el discurso pero luego puede reflejarse en las instituciones y en la conducta externa, y si bien no con la misma intensidad sí en la misma dirección.Bases del optimismo (ligero)Efectivamente, el imperio es el imperio y su lógica trasciende la coyuntura, pero la historia muestra que en épocas de crisis múltiples, como la actual, la actitud del gobierno norteamericano hacia su entorno externo puede experimentar cambios significativos. Vale pues la pena examinar lo ocurrido cuando nuestro vecino del norte se enfrentó a su anterior crisis económica de gran envergadura -la que estalló a fines de 1929- y se vio forzado a llevar a cabo cambios internos de fondo que terminaron por tener efectos en el exterior. Evidentemente la historia nunca se repite y el equivalente de lo que sucedió en los 1930 en Washington no tiene por qué volver a darse, sin embargo estudiar lo acontecido entonces puede ser una guía en torno a posibilidades y límites del cambio actual.Roosevelt, el 'New Deal' y la buena vecindadCuando estalló la Gran Depresión de 1929 los republicanos y su política conservadora ya habían marcado el ritmo de la vida pública por tres presidencias consecutivas -las de Warren Harding, Calvin Coolidge y Herbert Hoover- y el sistema capitalista sufrió un colapso que puso en duda su viabilidad misma. Ante el pasmo de la administración de Hoover, el Partido Demócrata nombró como candidato y logró el triunfo de un aristócrata de 51 años -Franklin D. Roosevelt- que se comprometió a sacar a Estados Unidos de la crisis. Su programa -el New Deal (Nuevo Trato para el Hombre Olvidado)- no tuvo en el inicio la coherencia que hoy muestra el de Obama, pero sí una raíz similar: la voluntad de usar el poder y la iniciativa del gobierno para reanimar la economía mediante el gasto público. El corazón del proyecto era sustituir al "dejar hacer, dejar pasar" del liberalismo clásico por un Estado interventor, capaz de acometer una doble tarea: por un lado, detener la caída de la economía para volverla a hacer una creadora de empleos y, por el otro, reformar las estructuras de la industria, la agricultura y las finanzas, además de dar forma a una legislación laboral que limara la dureza del choque de intereses entre el capital y el trabajo. Al final, y pese a sus errores, el New Deal dio por resultado la creación del "Estado Benefactor" norteamericano que se mantuvo vigente desde entonces hasta su crisis en los 1970. Para esta fecha, y con el ala más conservadora de los republicanos de nuevo en el poder, la política norteamericana no buscó la reforma de ese "Estado Benefactor" sino desmantelarlo y sustituirlo por un "Estado Mínimo" que no estorbara la supuesta creatividad de las fuerzas del mercado. De esta forma, Estados Unidos sería la sociedad que guiara al mundo a una era dominada por un capitalismo global y sin cortapisas. En la práctica esa política desembocó en una sociedad donde el predominio de la "razón del mercado" concluyó con la actual crisis general de la economía y con una desigualdad social que se asemeja a la de hace un siglo.En materia de política internacional, el acompañante del New Deal fue la Política de la Buena Vecindad (en realidad, el lema fue de Hoover, pero nunca llegó a darle contenido). La idea central fue modificar el espíritu y la práctica que entonces dominaba en la relación de las dos Américas -el unilateralismo imperial- y que se expresaba, por ejemplo, en la invasión norteamericana de Nicaragua y la guerra de seis años de los marines contra "los bandidos" sandinistas. En contraste, y no sin dificultades, Roosevelt y su "Buena Vecindad" buscaron la seguridad de la posición hegemónica norteamericana en el hemisferio mediante la confluencia de intereses. El resultado fue una negociación entre el tiburón y las sardinas, que llevó a la adopción del principio de la no intervención unilateral de un país en los asuntos de otro como la base fundamental de la política interamericana.México fue uno de los grandes beneficiados por ese cambio, pues cuando sus intereses chocaron con los norteamericanos por las expropiaciones agrarias y petroleras del cardenismo, Washington se contuvo en su reacción, no desestabilizó al gobierno de Cárdenas y la soberanía mexicana se fortaleció. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, y a diferencia de lo que había sucedido en la primera, México pudo cooperar de manera efectiva y genuina con su vecino del norte.ObamaDesde su independencia y hasta los 1920, Estados Unidos favoreció el unilateralismo como base de su política exterior. Con la Segunda Guerra, e inmediatamente después con la Guerra Fría, Washington forjó alianzas y un cierto multilateralismo. Pero finalmente, tras la desaparición de la URSS, Bush y sus neoconservadores se declararon desafiantemente unilateralistas e invadieron Iraq con pretextos falsos.En contraste, en su discurso de toma de posesión, el presidente Obama prometió que su país, aunque poderoso, no puede protegerse sin el auxilio de los demás ni su poder le autoriza a hacer lo que se le venga en gana. "Nuestra seguridad -dijo- emana de la justicia de nuestra causa, de la fuerza de nuestro ejemplo, de las cualidades atenuantes de la humildad y de la contención".Humildad y contención son dos conceptos opuestos a la concepción agresiva y unilateral en extremo del grupo neoconservador que diseñó la política exterior de Bush -Dick Cheney, Condoleezza Rice, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld y el resto de los llamados "Vulcanos". El fracaso norteamericano en Iraq, el pantano de Afganistán, el prohibitivo costo de esas guerras para una economía estadounidense en recesión más la visión de Obama sobre cómo será su relación con el resto del mundo permiten hoy abrigar un cauto optimismo en torno a las posibilidades de un líder de buena voluntad y con gran respaldo social, para moderar la conducta del imperio americano en el futuro inmediato. Ojalá sea el caso.

UNA REFORMA ANTICONSTITUCIONAL A LA CONSTITUCIÓN VI

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Agencias de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos y del sector privado de ese país han advertido en los últimos meses que México se podría convertir en un "Estado fallido". La aseveración preocupa aunque no coincida con ella el embajador Garza, pero es congruente con un informe del Comando de Fuerzas Conjuntas de los Estados Unidos publicado a fines de 2008. Una de las conclusiones de lo anterior es que sería justificable y necesaria una intervención militar norteamericana en nuestro país. Ahora bien, lo evidente es que la del gobierno mexicano es una política equivocada en materia de seguridad y justicia al margen de los elogios que reciba del extranjero, particularmente de los Estados Unidos, y que yo interpreto como "delicadezas" de la política y de la diplomacia en aras de compromisos adquiridos y definidos. No se trata en la especie de que el Presidente Calderón se juegue la vida, o incluso la de su familia, o de que tenga un gran valor para enfrentar al crimen organizado. De lo que se trata y se debe tratar es de que los instrumentos legales para combatirlo sean adecuados y eficaces. El enfrentamiento militar y policial con la delincuencia es una cosa y otra, vital y que es el fundamento de la primera, es la buena ley. Yo no estoy de acuerdo con lo del "Estado fallido", pero reconozco que la imperfección e ineficacia de la ley hace pensar en eso. Los llamados jueces de control, el auto de vinculación a proceso en substitución del de formal prisión y la eliminación de la averiguación previa, por ejemplo, son novedades legales introducidas en la Constitución con la reforma de la que me vengo ocupando. Novedades que han deformado el espíritu de nuestra Carta Magna presentándonos, de plano, una Ley Suprema muy distinta de la que se concibió en Querétaro. ¿Ha sido necesario, útil, imprescindible ante la ola de violencia que aqueja a México? Yo sostengo que no. No es este un foro académico o universitario para que yo lo analice a fondo y con los pormenores técnico jurídicos del caso. Sin embargo haré unas breves observaciones sobre esas novedades. Léase el nuevo párrafo trece del artículo 16 constitucional y se verá como los jueces de control, y ya lo comenté en artículo precedente, tienen facultades para "resolver en forma inmediata y por cualquier medio" lo concerniente a medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad. Si juntamos la forma inmediata con cualquier medio que se emplee el resultado será explosivo. Todo lo que se diga en contrario es pura especulación y perderse en sutilezas o hipótesis sin base real. Las palabras son las palabras: "por cualquier medio". ¿Se imagina usted? El verdadero Derecho no es esto ni tampoco la ley que lo expresa. Los medios deben ser legales, jurídicos, en consonancia con la justicia.El auto de vinculación a proceso que substituye al auto de formal prisión es, en los términos del párrafo primero del nuevo artículo 19, un método que permite la calificación subjetiva del hecho atribuido al indiciado (calificación subjetiva reservada exclusivamente a la autoridad judicial), puesto que un "hecho", que es la palabra exacta que utiliza la ley, significa una acción u obra, una cosa que sucede, donde obviamente intervienen factores tanto objetivos como subjetivos. ¿Consecuencia de ello? Que el Ministerio Público podrá entrar en terreno que no le corresponde. ¿Cuál? Repito, el del juez. Por último, con este auto de vinculación a proceso se elimina, en palabras de los reformadores-deformadores, la averiguación previa. Es decir, la labor de averiguar del Ministerio Público, de indagar, de investigar, con base en lo que la más depurada teoría jurídica llama "cuerpo del delito" (conjunto de los elementos materiales del mismo), ¿dónde queda? Aparte del desatino teórico de eliminar la figura y el concepto de "cuerpo del delito", en la estricta realidad va a acontecer que el Ministerio Público ejercerá funciones extremas de muy dudoso contenido jurídico y en contraposición de las garantías individuales. Por eso, concluyo, y con el propósito de hacer un trabajo jurídico serio, a conciencia, estoy por terminar un libro en el que dedicaré mi mayor esfuerzo al análisis de tan deficientes reformas.

REHACER A EU

EMILIO RABASA GAMBOA

Después de su juramento ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Glover Roberts, Barack Hussein Obama textualmente dijo: “A partir de hoy, debemos levantarnos, sacudirnos el polvo y comenzar de nuevo rehaciendo a Estados Unidos”.
Rehacer un país es una tarea mucho más complicada que sólo cambiarlo. Su discurso inaugural es un llamado a sus conciudadanos y al mundo para rehacer todo lo que la administración Bush deshizo. Por ello, el juramento que contiene el artículo II, sección 1, cláusula 8 de la Constitución estadounidense adquiere en boca de Obama un sentido literal y profundo: “Juro solemnemente que desempeñaré fielmente el cargo ejecutivo de presidente de Estados Unidos, y que al máximo de mis habilidades mantendré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos”.
La pieza oratoria de Obama está integrada por dos ejes básicos: el descarnado diagnóstico sobre el lamentable estado en que recibe a su país, y la convocatoria a sus conciudadanos para rehacerlo apelando a la historia, el carácter y los valores de su pueblo.
Del primero señaló: “Nuestra nación está en guerra contra una amplia red de violencia y odio. Nuestra economía está gravemente debilitada, como consecuencia de la avaricia e irresponsabilidad de algunos, pero también por nuestro fracaso colectivo en tomar decisiones difíciles y preparar a la nación para una nueva era. Se han perdido hogares, puestos de trabajo, varias empresas debieron cerrar. Nuestro sistema de salud es demasiado costoso, fracasan mucho nuestras escuelas y cada día hay nuevas evidencias de que la forma en que usamos la energía fortalece a nuestros adversarios y amenaza a nuestro planeta”. Pero no menos profunda y grave “es la pérdida de confianza en nuestro país”.
En la esfera internacional identificó la guerra en Afganistán, la amenaza nuclear (Irán), el calentamiento global, el terrorismo y la pobreza, sobre la que dijo que su país no puede permanecer indiferente, ante uno de los grandes problemas que confronta EU. Con la finalidad de arribar a una era de paz, propuso una nueva estrategia basada en la amistad y las alianzas, ya que el poderío estadounidense no puede por sí solo ofrecer la protección doméstica e internacional requerida. El inicio del multilateralismo.
El segundo componente del discurso es de naturaleza ético-política. Se sustenta en un conjunto de valores cívicos que Obama considera ya antiguos, pero cuyo rescate es esencial para rehacer a EU con éxito: “Trabajo duro y honestidad, valor y lealtad, tolerancia, curiosidad y patriotismo”.
En ese día memorable se reunieron, tan sólo en el Mall, entre los monumentos a Lincoln y a Washington y el Capitolio, más de 2 millones de personas, quienes soportaron temperaturas bajo cero, porque eligieron, en contra del legado de Bush, “la esperanza en lugar del temor, la unidad de objetivos en lugar del conflicto y la discordia”, concluyó Barack Obama.

ESPEJITOS POR ORO

JOHN M. ACKERMAN

En lugar de realizar su primera visita de Estado a México, tal como en 2001 lo hiciera George W. Bush cuando fue recibido por Vicente Fox en su rancho, Barack Obama decidió atender a Felipe Calderón en Estados Unidos en una reunión informal y sin su investidura presidencial. Mientras Fox tuvo la oportunidad de recibir a Bush en su propio territorio y dialogar con un presidente en funciones, Calderón se vio obligado a hacer maletas para comer mole en Washington con un presidente electo sin poder alguno. Se equivocan los que repiten ad nauseum que existe una "tradición" en el sentido de realizar un encuentro entre el presidente mexicano y el presidente electo de Estados Unidos antes de que tome posesión. El único antecedente histórico de una reunión de este tipo fue la visita de Carlos Salinas de Gortari a Bill Clinton en 1993, la cual se justificó bajo el argumento de que a éste último se le pondría al tanto de las negociaciones respecto al Tratado de Libre Comercio. Ningún otro presidente electo de los Estados Unidos se ha reunido con el mandatario mexicano antes de su "inauguración".Tal como nos lo ha recordado el analista Dan Lund, la verdadera "tradición", establecida por cierto desde los tiempos de John F. Kennedy, ha sido que el presidente estadunidense realice su primera visita de Estado a su vecino de arriba. Y así será de nuevo en esta ocasión. En las próximas semanas, Obama visitará al primer ministro de Canadá, Stephen Harper, en un acto que los canadienses ya celebran como un indicador de la gran importancia de las relaciones bilaterales entre ambos países. Hablando de tradiciones, la que efectivamente sigue vigente en nuestro país es la del intercambio de espejitos por oro. Tanto el gobierno mexicano como la mayoría de los medios de comunicación masiva se han aprestado a festejar los espejitos que ofreció Obama al presidente mexicano al concederle un par de horas de su agenda y felicitarle protocolariamente por su gran "liderazgo" y "compromiso". Pero mientras Calderón se mira y admira en los espejitos de Obama, Estados Unidos ya ha iniciado el saqueo del oro de la soberanía nacional.Hoy México es relevante en la agenda internacional de esa nación principalmente por tres asuntos: narcotráfico, seguridad pública y petróleo. Desde la Doctrina Monroe, siempre ha existido un enorme interés de parte de los mal llamados "americanos" por controlar la seguridad interna y el oro negro de nuestro país. Como botón de muestra tenemos el más reciente informe del Comando Conjunto de Fuerzas (Joint Forces Command) que manifiesta abiertamente la disposición del gobierno estadunidense de intervenir militarmente en caso de que ocurra un "colapso rápido" del Estado mexicano. Este escenario supuestamente tendría que ver con la toma de las instituciones públicas por el narcotráfico, pero de ninguna manera se podría descartar una acción similar en el caso de una eventual victoria política de la izquierda social.Por lo visto, el presidente mexicano está dispuesto a entregarles a los estadunidenses "lo que gusten y manden". Al anunciar la nueva "alianza estratégica" entre ambos países en materia de seguridad, Calderón ha ratificado la tradicional subordinación y servilismo del Estado mexicano a los dictados del Tío Sam. En lugar de defender enérgicamente los derechos de los connacionales en el país del norte o de demandar apoyo para salir de la crisis económica causada en gran medida por el propio régimen estadunidense, Calderón se limitó a felicitar al presidente electo, gestionar el siguiente cheque del Plan Mérida y prometer su lealtad a los dictados de Washington. Si bien el equipo de política exterior de Obama es más inteligente y "pragmático" que los ideólogos retrógrados que operaron bajo el gobierno de Bush, sería ingenuo esperar que los nuevos inquilinos de Washington tengan en mente defender los intereses de México y los mexicanos. La nueva secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el vicepresidente, Joe Biden, son ampliamente conocidos por sus posiciones belicistas y buscarán de forma férrea seguir promoviendo el neoliberalismo por el mundo. Ambos también apoyaron la invasión de Irak y respaldan plenamente a Israel en su conflicto con los palestinos. El secretario de Defensa de Bush, Robert Gates, continuará en su puesto y Obama entregó el cargo clave de asesor nacional en seguridad a James Jones, un militar cercano a los republicanos y en especial al derrotado John McCain. Llama la atención que el presidente electo no incluyó un solo representante del ala diplomática pacífica ("las palomas") del Partido Demócrata en su equipo de política exterior. Todo parece indicar que tendremos más de lo mismo en la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de aprovechar la transición y la supuesta buena voluntad expresada por Obama para "darle la vuelta" a las relaciones con América Latina con el fin de hacer valer los intereses de México. Pero esto definitivamente no se logrará con reuniones protocolarias a manera de intercambios de "espejitos" por oro, sino con una diplomacia fuerte y autónoma, así como con un arraigo y comunicación constante con el pueblo mexicano y los países de América Latina. Lamentablemente, la escenografía, las declaraciones y los nulos resultados de este primer encuentro entre Obama y Calderón no son buenos augurios para las relaciones entre México y Estados Unidos.

miércoles, 21 de enero de 2009

DEFENDER AL ESTADO LAICO

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

No la presencia, sino la intervención del presidente Calderón en el sexto Encuentro Mundial de las Familias el pasado 14 de enero es, por decir lo menos, irresponsable y contradictoria con la investidura política que ostenta. Al menos lo es en el contexto del Estado laico que establece nuestra Constitución.
Como privado él tiene el derecho de profesar y practicar la creencia religiosa que quiera al amparo de la libertad que a todos nos reconoce el artículo 24 de la Carta Magna. Como Presidente, es decir, como el titular de un órgano de Estado que no supone una representación partidista o de fe alguna, está obligado constitucionalmente a ciertas responsabilidades elementales. Ello no quiere decir que no pueda asistir a eventos de corte abiertamente religioso como el aludido, ni siquiera que no pueda inaugurarlos, como lo hizo (aunque un mínimo de sensatez política habría sugerido no hacer ninguna de esas dos cosas), pero sí que en su discurso debe mantener, en todo caso, el tono neutro en cuanto a cuestiones religiosas que le impone el haber asumido una responsabilidad pública de primer nivel y haber jurado respetar y hacer cumplir una Constitución laica (y subrayar el adjetivo no es menor).
El sermón que pronunció el Presidente de la República en nombre del pueblo de México al darle la bienvenida a nuestro país (una tierra ahora expropiada por santos, vírgenes y órdenes religiosas de nomenclaturas francamente medievales) a la alta jerarquía católica y a la grey que confluyó en ese evento es simple y sencillamente ofensivo para quienes en ejercicio de la misma libertad religiosa no comulgamos con sus creencias (o simplemente no creemos en nada).
No debemos olvidar que el Estado laico, es decir, aquella forma de organización política que parte de no asumir como propia una religión, que tampoco persigue a religión alguna y que, por lo tanto, se funda en el principio de tolerancia religiosa (que quiere decir respeto y consideración de igual dignidad a todas las creencias), es la premisa de una forma de gobierno democrática.
Y es que la democracia no puede existir ahí donde no existe un respeto a la diversidad política, ideológica y religiosa que caracteriza a las sociedades modernas (incluida, aunque le pese a algunos, la nuestra). Sólo a partir de ese respeto es concebible la interacción pacífica y respetuosa de quienes piensan y creen en algo distinto. Y eso es posible sólo en un contexto en el que haya logrado cuajar la que es, sin duda, la conquista civilizatoria más importante de la modernidad: la separación neta y tajante entre religión y política, entre la Iglesia y el Estado. Esa que Calderón diluyó de cuajo la semana pasada.
El Presidente, insisto en ello, tiene el derecho de sostener en su fuero interno los valores que considere mejores o convenientes, pero nunca —como lo hizo— el de afirmarlos, en su papel de jefe de Estado, como un postulado absoluto, como la Verdad (con mayúscula), porque entonces está olvidando el carácter democrático de su encargo y se convierte en el cruzado de una fe que, por muy mayoritaria que sea, no deja de ser una visión parcial y excluyente del mundo y sus problemas.
Exigir al Presidente que respete la Constitución y que mantenga en su fuero privado sus creencias religiosas no es baladí, menos aún en un contexto en el que la Iglesia católica ha públicamente desatado una agresiva ofensiva por suprimir el carácter laico de la educación y la separación entre religión y política que sanciona nuestra Carta Magna. Lo que está en juego es, ni más ni menos, el futuro del Estado democrático que por definición es, guste o no, precisamente aconfesional.

PRESIDENTE OBAMA

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

En su discurso inicial, menos enjundioso que el pronunciado a la hora de su triunfo electoral como es comprensible porque ahora es jefe de Estado y no líder de una corriente victoriosa, el nuevo Presidente tendió la mano a quienes quieran abrir el puñoConforme a su idiosincrasia, George W. Bush puso punto final a su Presidencia con un gesto de aliento al peor Estados Unidos: indultó a dos agentes de la migra que asesinaron por la espalda a un mexicano (traficante de drogas e indocumentado, cierto, pero que pudo haber sido reducido de un modo distinto, no a balazos cuando pretendía huir).En cambio, al convertirse en su relevo, Barack Obama apeló a las mejores esencias de la norteamericanidad, aquella que se expresó en las palabras y las obras de Abraham Lincoln y la que impregnó de fuerza trasformadora el sueño de Martín Luther King. Con elocuencia pero más allá de la retórica, porque su país y el mundo necesitan mucho más que un verbo florido y buenas intenciones, el nuevo Presidente extrajo de las raíces de su patria el programa para enfrentar la crisis más severa que ha golpeado a ese país.Lincoln y King fueron las explícitas fuentes nutricias de la oratoria de Obama, forzado por la circunstancia formal y el entorno material a decir un discurso menos enjundioso, menos triunfal que el del 4 de noviembre. Se refirió entonces a un hecho consumado, a una victoria que se antojaba imposible o por lo menos remota, muy distante. En cambio ahora inicia una ardua labor en que el voluntarismo que fue eficaz en la contienda por los votos es apenas un ingrediente en la complicada tarea de gobernar, que ha de cuidar los fundamentos y las consecuencias de sus actos, que ha de buscar la satisfacción de intereses encontrados y la conciliación de los opuestos.El igualitarismo, la devoción libertaria de sus inspiradores, se tradujo al lenguaje necesario en el siglo XXI. En 1863, cuando Abe el leñador definió la democracia, deseó y anunció, con esperanza en Dios, que después de derrotada la secesión ese país "tendrá un nuevo nacimiento de la libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perecerá en la tierra". Pero un siglo más tarde ese anhelo estaba incumplido, como lo denunció el reverendo negro de Atlanta (asesinado lo mismo que Lincoln por el oscurantismo homicida que mata los cuerpos creyendo acabar así con las ideas):"Cien años después debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro todavía no es libre. Cien años después la vida del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación. Cien años después el negro vive en una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. Cien años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra él mismo exiliado en su propia tierra".Obama, que apenas tenía 7 años cuando King fue ultimado, practicó esa misma crudeza para formular el diagnóstico de la situación actual ya no de la comunidad afroamericana sino del país entero:"Nuestra nación está en guerra frente a una red de gran alcance de violencia y odio. Nuestra economía está gravemente debilitada, como consecuencia de la codicia y la irresponsabilidad de algunos, pero también por el fracaso colectivo a la hora de elegir opciones difíciles y de preparar a la nación para una nueva era", expresión esta última acaso referida a los momentos en que Bush fue elegido en vez de Al Gore y John Kerry, elección que demoró ocho años el advenimiento de la nueva era que sólo ahora se inaugura."Se han perdido casas y empleos y se han cerrado empresas. Nuestro sistema de salud es caro; nuestras escuelas han fallado a demasiados, y cada día aporta nuevas pruebas de que la manera en que utilizamos la energía refuerza a nuestros adversarios y amenaza a nuestro planeta."Ésos son lo indicadores de una crisis, según los datos y las estadísticas. Menos tangible pero no menos profunda es la pérdida de confianza en nuestro país, un temor persistente de que el declive de Estados Unidos es inevitable y que la próxima generación debe reducir sus expectativas".Obama propuso, frente a esa crítica realidad, una combinación de prédica y práctica. Articuló muy bien los dilemas resueltos con su elección: escogimos "la esperanza sobre el temor, la unidad de propósitos sobre el conflicto y la discordia". Proclamó "el fin de las quejas mezquinas y las falsas promesas, de las recriminaciones y los dogmas caducos que durante demasiado tiempo han estrangulado a nuestra política".En esos dogmas periclitados incluyó el prejuicio antiestatista y el endiosamiento del mercado: "La pregunta que nos hacemos hoy no es si nuestro gobierno es demasiado grande o pequeño, sino si funciona, ya sea para ayudar a las familias a encontrar trabajos con un sueldo decente, si le da la asistencia que necesita, y una jubilación digna. Allí donde la respuesta es sí, seguiremos avanzando, y allí donde la respuesta es no, pondremos fin a los programas". La cuestión no es, "tampoco, si el mercado es una fuerza del bien o del mal. Su poder para generar riqueza y expandir la libertad no tiene rival, pero esta crisis nos ha recordado a todos que sin vigilancia el mercado puede descontrolarse y que una nación no puede prosperar durante mucho tiempo si favorece sólo a los ricos".También se opuso a tener que escoger entre "nuestra seguridad y nuestros ideales" y propuso la concordia como meta, a partir de que la herencia multiétnica es fortaleza y no debilidad. Con mensaje dirigido explícitamente al "mundo musulmán" y "a los que se aferran al poder mediante la corrupción y el engaño y la represión de la disidencia", ofreció "tender la mano si están dispuestos a abrir el puño".Cajón de SastreCon pleno derecho a ejercer sus propias opciones políticas, día a día se incrementa el número de políticos y funcionarios afiliados al PAN o adscritos al gobierno federal de esa filiación cuyos padres fueron priistas sobresalientes, líderes incluso del partido gubernamental. El caso más reciente es el de Pablo Ojeda Cárdenas, que será secretario particular de Fernando Gómez Mont en Gobernación. Es hijo de Pedro Ojeda Paullada, que presidió el partido oficial entonces y varias veces fue miembro del gabinete presidencial. Hasta ahora el caso más sobresaliente de ese relevo de generaciones lo encarna el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, cuyo padre del mismo nombre encabezó el PRI y fue dos veces secretario de Estado y también director de la empresa petrolera nacional.

EN LA NEGRA

SERGIO AGUAYO QUESADA

Solidaridad para Contralínea, Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez.En Estados Unidos ya nos metieron en la negra lista de los "Estados fallidos". El gobierno de Felipe Calderón lo niega con indignación, mientras la terca realidad siembra dudas.Las ciencias sociales son imprecisas porque, salvo el nacimiento y la muerte, la experiencia humana carece de la regularidad de esas células fijadas para ser observadas en el microscopio. Hay conceptos particularmente gelatinosos como el de "Estado fallido" (failed states), popularizado por el índice anual elaborado por la revista Foreign Policy. Un Estado así se caracteriza, entre otros rasgos, por haber perdido control sobre partes del territorio, sobre el monopolio en el uso legítimo de la fuerza y por la incapacidad para proporcionar servicios públicos adecuados.Algunos piensan que México cae en esa categoría, otros que va en camino. En diciembre del 2008 la revista Forbes planteó la posibilidad; en enero aparecimos en una lista del Departamento de Defensa estadounidense. El gobierno mexicano reaccionó con celeridad. Pablo Ordaz, corresponsal de El País en México, relata que "durante una hora y tres minutos, Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores", trató de demostrar, con "datos en la mano que, pese a su sangriento día a día, 'México no es un Estado fallido'" (17 de enero del 2009).Una defensa difícil cuando el gobierno se mueve como chalupa en mar huracanado. Lo zarandean y ningunean los señores de la droga y los gobernadores y los grandes empresarios. Las autoridades contribuyen con su ineficacia y con un frívolo manejo del lenguaje. Fundamento lo antes dicho a partir de la entrevista de Calderón y Barack Obama el 12 de enero en Washington.Calderón informó haberle propuesto al "Presidente Obama que hagamos una alianza estratégica entre nuestros Gobiernos para enfrentar los problemas que son comunes... entre ellos la seguridad". ¿Era consciente Calderón de las implicaciones de una alianza estratégica con la potencia? ¿Estará buscando, acaso, que Washington asigne a México el estatus de Major Non-NATO Ally (Aliado principal fuera de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte), como es el caso de Australia, Japón, Israel, Filipinas y Corea del Sur, entre otros? Como en México no hay consenso o conciencia sobre esa meta, el planteamiento del Presidente parece, más bien, una licencia semántica empleada para subrayar la apertura de su gobierno al exterior, y la necesidad del apoyo externo en la guerra contra el narco.En Washington, Calderón también insistió en poner al medio ambiente como prioridad de su gobierno. En ese tema aparece lo difícil que resulta para el Estado proporcionar servicios públicos adecuados. El agua es parte integral de la seguridad nacional, y de la preservación del medio ambiente. Basta acercarse un poco a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para constatar su desorganización y burocratismo. Tiene un repertorio de unos 23 mil trámites, y una profunda incapacidad para aplicarlos. En el 2008 lanzó una campaña para regularizar los pozos de agua en manos de particulares, y puso como fecha límite el 31 de diciembre pasado. Pese a ello, su delegación en Morelos se fue de vacaciones a mediados de diciembre, sin dejar una guardia para recibir los expedientes que exigían recibir antes del último día del año.En el medio ambiente también se aprecia la falta de coherencia en el gabinete. Entre el 14 y el 16 de enero El Universal publicó una serie de reportajes de investigación sobre ProÁrbol; entre las conclusiones estuvo que "el 90 por ciento [de los 250 millones de árboles] sembrados en 2007 han muerto". Fundamentaron la severa crítica en diversas fuentes, una de las principales fue Greenpeace México, un organismo civil que hace el trabajo del Partido Verde, el cual, como se sabe, no pierde su tiempo en defender arbolitos; ellos se dedican a soluciones ambientales más drásticas: promover que el país se llene de guillotinas, paredones o garrotes viles.Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), respondió a las críticas dando su versión sobre los arbolitos... y lanzándose contra Greenpeace por su extranjería. En una entrevista para Jesús Martín Mendoza de Radio Red (15 de enero), Elvira llegó a decir que quienes andan "festejando que las cosas no funcionen mejor, pues o no ama[n] al país o no [son] mexicano[s]"; para él, "denigra[n]" a México. Lamentable el chovinismo ramplón del titular de la Semarnat, quien descalifica la crítica de una organización mexicana, por su asociación con una red internacional.El Estado sigue atrapado en la incoherencia. El Presidente puede proponer una "alianza estratégica" con Washington sin consultar antes al Senado, al gabinete de seguridad o a la sociedad. Quienes no piensan como ellos corren el riesgo de ser tildados de malos mexicanos, si no es que de traidores a la patria. Reproducen, así, la descalificación lanzada en 1986 contra Francisco Barrio cuando éste amenazó el control priista sobre la gubernatura de Chihuahua. Ésa es la escuela en la que abrevó Elvira Quesada, y también el ombudsman José Luis Soberanes quien, cómo no, condenó a Human Rights Watch por haber elaborado un informe crítico de su gestión: "es una vergüenza -sentenció Soberanes. No entiendo cómo una institución que se supone tiene prestigio en la defensa de las garantías se prestó a hacer afirmaciones sin sustento, simple y sencillamente para seguir un juego politiquero" (La Jornada, 11 de enero del 2009).¿Es México un "Estado fallido" o va en esa dirección? Por ahora, lo verificable son las incoherencias e incompetencias del Estado mexicano.La misceláneaLas familias mexicanas tienen una gran diversidad. Para recordarlo, y para estudiar los retos que eso impone, se realizó un seminario internacional en El Colegio de México (19 y 20 de enero). Entre sus objetivos estuvo "generar una política de Estado" que tome en cuenta las "distintas conformaciones familiares existentes, y no sólo un supuesto 'modelo ideal' o 'natural' que [conduce] a la discriminación y al desconocimiento de otras... formas de convivencia". De ese evento salió el documento: "Familias en el siglo XXI: Declaratoria de la Ciudad de México" (www.colmex.mx).

martes, 20 de enero de 2009

EL ENCUENTRO CON "EL HOMBRE DEL AÑO"

OLGA PELLICER

Desde estas páginas he señalado frecuentemente que la relación con Estados Unidos es una de las ausencias más visibles en la política exterior del presidente Felipe Calderón. La reciente visita a Washington remedia en gran medida esa ausencia, sin resolverla plenamente. Conseguir el encuentro con el presidente electo Barack Obama en momentos en que éste se encuentra agobiado -como él mismo declara- por la enormidad de los problemas que deberá enfrentar a partir del 20 de enero es un logro de la diplomacia mexicana. A su vez, es una deferencia hacia el vecino del sur que sugiere un lugar especial de México en el conjunto de la política exterior de Estados Unidos. Tener un encuentro con el "hombre del año" que tanto entusiasmo ha levantado a lo largo y ancho del mundo ofrecía una oportunidad espléndida a Felipe Calderón para lanzar a la opinión pública un mensaje con impacto que, en pocas líneas, resumiera cómo desea encauzar la relación con el país de mayor peso en la vida económica y política de México. Tal pronunciamiento no se dio. La manera en que se planeó el viaje y la escasa información proveniente de la parte mexicana hicieron que los resultados del encuentro quedaran opacados. El primer problema fue la agenda. Parecía que el objetivo del viaje se iba a centrar en el encuentro con Obama. Sin embargo, la visita se convirtió en una gira de trabajo muy agitada que incluyó encuentros con académicos, legisladores estadunidenses, directores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, legisladores mexicanos, periodistas y, desde luego, la indispensable visita de cortesía al presidente Bush. El resultado fue diluir la importancia del encuentro con Obama, y lo que pudo ser un momento histórico se quedó, para muchos, en un intercambio de cortesías. El segundo motivo que oscureció el significado del encuentro fue la falta de información, un problema que ya es común en el comportamiento del Ejecutivo mexicano. Sólo se emitieron comunicados muy cortos en la página web de la Presidencia, con datos esencialmente superficiales. Por el contrario, el jefe de prensa de Barack Obama, Robert Gibbs, emitió de inmediato un comunicado de dos páginas sobre los temas que se trataron en la entrevista. Esa fuente permite ir más allá de las frases de cortesía y detectar cómo se abordaron, aunque necesariamente de manera general, algunos problemas de fondo. Según el comunicado de Gibbs, Obama expresó su compromiso continuo de "actualizar el TLCAN para fortalecer los compromisos laborales y ambientales de manera que reflejen valores ampliamente compartidos por ambos países". En los próximos meses será necesario aclarar qué significa actualizar el tratado y qué procedimiento se seguirá para incorporar esos valores; será tarea inmediata para el gobierno mexicano tomar posición frente a esos puntos.El siguiente tema de importancia fueron las promesas de Obama de combatir el flujo de armas de Estados Unidos a México, así como de afrontar conjuntamente la violencia del narcotráfico y "dar todo el apoyo al valioso trabajo que se realiza bajo la Iniciativa Mérida". Ese compromiso ha sido visto como una buena respuesta al señalamiento de Felipe Calderón: "mientras más seguro esté México, también estará más seguro Estados Unidos". La pregunta es quién fijará el derrotero de esa lucha fortalecida contra el narcotráfico que, en opinión de muchos, debe cambiar de objetivos y estrategias. Durante los últimos días los medios de comunicación, e incluso un informe del Fondo Monetario Internacional, han dado relevancia al peligro para Estados Unidos de la amenaza sin precedentes a la seguridad nacional y estabilidad en México, debido al tráfico de drogas y al crimen organizado. El ambiente de alarma creado por esos medios es un arma de dos filos para el gobierno de México: acentúa la urgencia de recibir cooperación, pero también reduce el margen de maniobra para imponer sus condiciones sobre cómo encauzar dicha cooperación. El tema de la migración no ocupó, como muchos temían, un espacio demasiado amplio en las conversaciones. Se sabe que es un asunto que se decide principalmente en el Congreso, y los problemas económicos en este momento no proporcionan el mejor ambiente para entrar a discutir una ley al respecto. Es interesante, sin embargo, que Gibbs cite a Obama diciendo que quiere "arreglar el sistema descompuesto de inmigración en Estados Unidos" y "poner fin a los flujos de inmigración ilegal". Por último, un tema interesante se refiere a la cooperación en materia de derecho humanos y democracia. Aludiendo a tensiones con América Latina, Obama se refirió a México como "un aliado muy importante" en los esfuerzos por ampliar el respeto a los derechos humanos y la democracia. Ese señalamiento puede ser placentero o inquietante, según se lea. No se puede olvidar que el aspecto más visible de la política de México hacia América Latina ha sido la reconciliación con Cuba. En resumen, la relación con Estados Unidos está al fin sobre la mesa de la política exterior de México. La entrevista con quien será dentro de unos días el presidente de Estados Unidos revela que hay voluntad de su parte de otorgarle atención. Ahora bien, el camino que tomen las pláticas sobre problemas específicos está lejos de ser despejado