LEONARDO VALDÉS ZURITAEl Instituto Federal Electoral (IFE) se encuentra una vez más frente al reto de organizar elecciones apegadas a derecho, libres de toda instancia ajena al proceso electoral, imparciales y, sobre todo, creíbles ante los ojos de la sociedad mexicana. El tamaño del desafío no es menor si consideramos que la reforma electoral aprobada durante 2007 no solamente es motivo de dudas y críticas en torno a los términos de su implementación, sino que además integra un conjunto de disposiciones que ponen a prueba la capacidad instalada y los recursos disponibles que tiene el instituto.
Una de las consecuencias de la reforma electoral fue la renovación escalonada de seis de los nueve consejeros electorales, hecho que no impidió que el desarrollo de los procesos y actividades del instituto continuara con normalidad, debido a los conocimientos especializados de toda la estructura administrativa comenzando por su máximo órgano de dirección.
Lo que la renovación escalonada permitió fue el aprovechar e integrar los conocimientos y la experiencia acumulada de los consejeros electorales que ya venían trabajando en el Consejo General, con las propuestas y visiones representadas por las personas que asumieron después la responsabilidad en estos cargos. Los resultados de este esquema institucional han configurado en poco tiempo un equipo de trabajo con una sola postura institucional, a pesar de tener a veces puntos de vista diferentes y legítimos en torno a temas de orden particular.
El Consejo General sesionó en 35 ocasiones desde el 8 de febrero del año pasado, y aprobó por unanimidad alrededor de 94% de sus acuerdos y resoluciones de carácter sustantivo. Durante 2008 fueron recurridos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 126 acuerdos y resoluciones, a través de 887 medios de impugnación. La Sala Superior del TEPJF revocó únicamente 9.58% (85) de los medios de impugnación y modificó 3.04% (27), dejando incólumes el resto de dichos medios, a través de sobreseer 67.86% (602), confirmar 14.76% (131) y desechar 4.73% (42).
Para el IFE, las sentencias de la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral no representaron en modo alguno una certificación o una reconvención a su trabajo institucional. Por el contario, las resoluciones del tribunal, si bien no fueron compartidas en algunas ocasiones por los integrantes del Consejo General, constituyeron sentencias que fueron acatadas y concebidas como determinaciones emitidas dentro del ámbito de competencias que reconoce la legislación electoral federal vigente.
Bajo el mismo respeto al principio de legalidad, el IFE también llevó a cabo durante el año pasado adecuaciones a su estructura orgánica y normativa, a fin de atender las nuevas atribuciones que tiene en materia de fiscalización y administración de los tiempos oficiales de radio y televisión.
Junto con la aprobación de la estructura administrativa de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, el IFE generó igualmente un conjunto de disposiciones reglamentarias encaminadas a orientar el trabajo contable y de auditoría que llevará a cabo para revisar y transparentar los ingresos que reciben y los gastos que realizan los partidos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y durante las precampañas y campañas electorales.
En esta ruta de construcción reglamentaria el IFE no ha pretendido bajo ningún concepto suplir las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a otros órganos de gobierno. Por el contario, ha actuado bajo los principios de legalidad y corresponsabilidad en la búsqueda de los mecanismos que propicien mayor certidumbre a la competencia política, inhiban conductas que pretendan obtener ventaja desde el servicio público y, sobre todo, acrecienten la confianza de la ciudadanía en las elecciones.
Con apertura a la crítica y a sugerencias de toda índole, el instituto ha trabajado también en torno a las nuevas atribuciones que reconoce la ley electoral en materia de radio y televisión. Además de los reglamentos internos que ha aprobado el Consejo General sobre esta responsabilidad institucional, el IFE ha instalado parte de la infraestructura necesaria para que los partidos políticos y las autoridades electorales del país accedan a los tiempos oficiales a que tienen derecho para la difusión de propaganda político-electoral. Actualmente, el instituto se encuentra en camino de concluir con los trabajos encaminados a instalar los 150 centros de monitoreo y verificación, que conformarán la base tecnológica para supervisar que la transmisión de promocionales, por parte de los concesionarios de la radio y la televisión, se realice conforme a derecho.
Dentro de las tareas institucionales emprendidas para materializar el nuevo modelo de comunicación política aprobado por el Congreso de la Unión, el IFE no ha hecho una interpretación discrecional de la ley, no ha limitado la libre manifestación de las ideas ni ha practicado censura previa a los contenidos de los promocionales que los partidos políticos difunden a través de los medios de comunicación electrónicos.
Bajo un espíritu de colaboración franca, el IFE ha privilegiado abrir canales de comunicación y entendimiento con la industria de la radio y la televisión en México, a fin de comprender juntos los alcances de la reforma electoral en cuanto al acceso a los medios de comunicación, así como los desafíos que tiene la democracia mexicana para asegurar mejores condiciones de seguridad y equidad dentro de la competencia política.
En el futuro inmediato tendremos que ir perfeccionando los procedimientos técnicos y la normatividad reglamentaria en esta materia, no solamente para garantizar un acceso eficiente de los partidos políticos y las autoridades electorales a la radio y a la televisión, sino también para fortalecer la imagen y responsabilidad que tiene el IFE como organizador de elecciones federales, y como árbitro de la contienda electoral.
Como un organismo público, autónomo y ciudadano, el IFE continuará buscando mejores términos de entendimiento y diálogo con todas aquellas instancias que participan dentro del proceso electoral. No obstante, y con independencia de las acciones que emprende a diario para reivindicar su trabajo frente a la sociedad mexicana, el IFE no escatimará tampoco esfuerzo alguno para garantizar el principio de legalidad y sancionar toda conducta que vaya en contra del mismo. Esta actitud se ve reflejada en las actividades ordinarias que desarrolla y en las que están vinculadas particularmente con el proceso electoral en marcha. No sobra señalar que actualmente el IFE está al día en el desarrollo de las tareas que incluyó dentro su plan integral y calendario de actividades del proceso electoral federal 2008-2009.
Para cerrar el capítulo de nuestra transición a la democracia, requerimos que la confianza vuelva a convertirse en la condición más importante para dirimir el conflicto, en la actitud de la sociedad para respaldar el trabajo de sus instituciones públicas y en la vocación para promover una civilidad más democrática en nuestro país.
Sólo en esa medida, lograremos renovar con éxito nuestras expectativas hacia las elecciones y hacia la democracia como el régimen que salvaguarda plenamente las libertades y los derechos de las personas.
Una de las consecuencias de la reforma electoral fue la renovación escalonada de seis de los nueve consejeros electorales, hecho que no impidió que el desarrollo de los procesos y actividades del instituto continuara con normalidad, debido a los conocimientos especializados de toda la estructura administrativa comenzando por su máximo órgano de dirección.
Lo que la renovación escalonada permitió fue el aprovechar e integrar los conocimientos y la experiencia acumulada de los consejeros electorales que ya venían trabajando en el Consejo General, con las propuestas y visiones representadas por las personas que asumieron después la responsabilidad en estos cargos. Los resultados de este esquema institucional han configurado en poco tiempo un equipo de trabajo con una sola postura institucional, a pesar de tener a veces puntos de vista diferentes y legítimos en torno a temas de orden particular.
El Consejo General sesionó en 35 ocasiones desde el 8 de febrero del año pasado, y aprobó por unanimidad alrededor de 94% de sus acuerdos y resoluciones de carácter sustantivo. Durante 2008 fueron recurridos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 126 acuerdos y resoluciones, a través de 887 medios de impugnación. La Sala Superior del TEPJF revocó únicamente 9.58% (85) de los medios de impugnación y modificó 3.04% (27), dejando incólumes el resto de dichos medios, a través de sobreseer 67.86% (602), confirmar 14.76% (131) y desechar 4.73% (42).
Para el IFE, las sentencias de la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral no representaron en modo alguno una certificación o una reconvención a su trabajo institucional. Por el contario, las resoluciones del tribunal, si bien no fueron compartidas en algunas ocasiones por los integrantes del Consejo General, constituyeron sentencias que fueron acatadas y concebidas como determinaciones emitidas dentro del ámbito de competencias que reconoce la legislación electoral federal vigente.
Bajo el mismo respeto al principio de legalidad, el IFE también llevó a cabo durante el año pasado adecuaciones a su estructura orgánica y normativa, a fin de atender las nuevas atribuciones que tiene en materia de fiscalización y administración de los tiempos oficiales de radio y televisión.
Junto con la aprobación de la estructura administrativa de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, el IFE generó igualmente un conjunto de disposiciones reglamentarias encaminadas a orientar el trabajo contable y de auditoría que llevará a cabo para revisar y transparentar los ingresos que reciben y los gastos que realizan los partidos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y durante las precampañas y campañas electorales.
En esta ruta de construcción reglamentaria el IFE no ha pretendido bajo ningún concepto suplir las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a otros órganos de gobierno. Por el contario, ha actuado bajo los principios de legalidad y corresponsabilidad en la búsqueda de los mecanismos que propicien mayor certidumbre a la competencia política, inhiban conductas que pretendan obtener ventaja desde el servicio público y, sobre todo, acrecienten la confianza de la ciudadanía en las elecciones.
Con apertura a la crítica y a sugerencias de toda índole, el instituto ha trabajado también en torno a las nuevas atribuciones que reconoce la ley electoral en materia de radio y televisión. Además de los reglamentos internos que ha aprobado el Consejo General sobre esta responsabilidad institucional, el IFE ha instalado parte de la infraestructura necesaria para que los partidos políticos y las autoridades electorales del país accedan a los tiempos oficiales a que tienen derecho para la difusión de propaganda político-electoral. Actualmente, el instituto se encuentra en camino de concluir con los trabajos encaminados a instalar los 150 centros de monitoreo y verificación, que conformarán la base tecnológica para supervisar que la transmisión de promocionales, por parte de los concesionarios de la radio y la televisión, se realice conforme a derecho.
Dentro de las tareas institucionales emprendidas para materializar el nuevo modelo de comunicación política aprobado por el Congreso de la Unión, el IFE no ha hecho una interpretación discrecional de la ley, no ha limitado la libre manifestación de las ideas ni ha practicado censura previa a los contenidos de los promocionales que los partidos políticos difunden a través de los medios de comunicación electrónicos.
Bajo un espíritu de colaboración franca, el IFE ha privilegiado abrir canales de comunicación y entendimiento con la industria de la radio y la televisión en México, a fin de comprender juntos los alcances de la reforma electoral en cuanto al acceso a los medios de comunicación, así como los desafíos que tiene la democracia mexicana para asegurar mejores condiciones de seguridad y equidad dentro de la competencia política.
En el futuro inmediato tendremos que ir perfeccionando los procedimientos técnicos y la normatividad reglamentaria en esta materia, no solamente para garantizar un acceso eficiente de los partidos políticos y las autoridades electorales a la radio y a la televisión, sino también para fortalecer la imagen y responsabilidad que tiene el IFE como organizador de elecciones federales, y como árbitro de la contienda electoral.
Como un organismo público, autónomo y ciudadano, el IFE continuará buscando mejores términos de entendimiento y diálogo con todas aquellas instancias que participan dentro del proceso electoral. No obstante, y con independencia de las acciones que emprende a diario para reivindicar su trabajo frente a la sociedad mexicana, el IFE no escatimará tampoco esfuerzo alguno para garantizar el principio de legalidad y sancionar toda conducta que vaya en contra del mismo. Esta actitud se ve reflejada en las actividades ordinarias que desarrolla y en las que están vinculadas particularmente con el proceso electoral en marcha. No sobra señalar que actualmente el IFE está al día en el desarrollo de las tareas que incluyó dentro su plan integral y calendario de actividades del proceso electoral federal 2008-2009.
Para cerrar el capítulo de nuestra transición a la democracia, requerimos que la confianza vuelva a convertirse en la condición más importante para dirimir el conflicto, en la actitud de la sociedad para respaldar el trabajo de sus instituciones públicas y en la vocación para promover una civilidad más democrática en nuestro país.
Sólo en esa medida, lograremos renovar con éxito nuestras expectativas hacia las elecciones y hacia la democracia como el régimen que salvaguarda plenamente las libertades y los derechos de las personas.
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