JAVIER CORRAL JURADOLas circunstancias en las que perdió la vida uno de los escoltas del gobernador de Chihuahua parecen configurar “un aviso”, en términos del modus operandi del narco, pero hasta ahora esa similitud no toma cuerpo completo. Tampoco hay elementos para configurar la hipótesis de un atentado directo a la persona de José Reyes Baeza, según su propio dicho y el parte de la Procuradora estatal. Incluso no se descarta que esos hechos se hayan producido por un error en la actuación del convoy de seguridad, que cerró el paso a sicarios sin darse cuenta que lo eran, y éstos reaccionaron violentamente sin tener conciencia de que balaceaban a custodios del mandatario.
Como sea, el hecho describe la magnitud de la violencia en Chihuahua, el grado de vulnerabilidad y exposición a la que están sometidos los ciudadanos, así como el clima de terror. Lo único cierto ahora es que en Chihuahua ya nadie se libra de una reacción virulenta como la sufrida por el licenciado Reyes Baeza. Se suceden hechos traumáticos: las ejecuciones no paran, este año van 403 en 54 días; febrero de 2009 está por volverse el mes más violento desde que inició la guerra contra el narco. El estado concentra 42% de las ejecuciones de todo el país.
Esta nueva escalada de violencia se enderezó contra policías municipales y ha logrado la renuncia de por lo menos tres jefes policiacos en la última semana; la dimisión que cobró impacto y golpeó el ánimo ciudadano fue la del jefe de policía de Ciudad Juárez, Roberto Orduña; se separó de su cargo después de que aparecieron varios carteles escritos por las bandas de narcotraficantes que exigían su salida y en la que advertían que si no lo hacía asesinarían a un oficial cada 48 horas. Este fin de semana sicarios de las bandas abatieron a dos policías. Sobre sus cadáveres dejaron notas en las que se adjudicaron la amenaza cumplida y anunciaban más muertes.
“No permitiré que hombres que trabajan por defender a la ciudadanía continúen perdiendo su vida”, dijo Orduña al renunciar, un militar retirado que había llegado al puesto hace 11 meses. La amenaza de muerte está ahora enderezada hacia el alcalde fronterizo José Reyes Ferriz, a quien los narcos le mandaron el mensaje en 12 cartulinas que distribuyeron por la ciudad anunciando que “le cortarán la cabeza”, “si sigues ayudando a la gente que tú ya sabes”.
Estos hechos manifiestan la gravedad del problema y colocan de nueva cuenta en el análisis la pregunta obligada: ¿por qué en Chihuahua se ha concentrado así la disputa del crimen? No hay respuesta categórica, ni siquiera aquella que identifica al Estado norteño como la frontera más grande de México y plataforma de exportación más importante de la droga hacia EU.
Lo que hay a la vista es una autoridad estatal que ha permanecido mucho más como espectadora del problema que como partícipe en la solución. En Chihuahua, el operativo conjunto ha visto evadirse de su responsabilidad, no en pocas ocasiones, al gobierno del estado. Aún no se conoce una acción de depuración al interior de la Procuraduría, como la Operación Limpieza que se lleva a cabo en el ámbito federal. En cuanto sucede un hecho de proporciones considerables, el gobernador pide revisar la estrategia gubernamental antinarco, y lanza toda la responsabilidad al nivel federal. Ha sido omiso, jugando un papel más de crítico que de colaborador, y cuando puede saca raja político-partidista del tema.
La semana pasada dio nuevamente un paso: lanzó un exhorto publicado como desplegado en los periódicos del DF, dirigido a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, para pedirle rectificara su aseveración de que la violencia en el país se concentraba en tres entidades federativas, entre ellas Chihuahua. Fue una acción que pintó de cuerpo entero la política del avestruz. Ello mereció la respuesta del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Puntual, Gómez Mont puso las cosas en su lugar: “Debemos reconocer que la violencia en Chihuahua y su intensidad no resultan replicadas en la mayoría del territorio nacional, inferir lo contrario es una premisa falsa que no abona en la solución integral de este problema”.
Que el gobernador la haya visto pasar tan cerca debería provocar en él una seria reflexión sobre la postura que ha asumido y las tareas pendientes que su administración tiene con el combate a la corrupción y la procuración de justicia.
Como sea, el hecho describe la magnitud de la violencia en Chihuahua, el grado de vulnerabilidad y exposición a la que están sometidos los ciudadanos, así como el clima de terror. Lo único cierto ahora es que en Chihuahua ya nadie se libra de una reacción virulenta como la sufrida por el licenciado Reyes Baeza. Se suceden hechos traumáticos: las ejecuciones no paran, este año van 403 en 54 días; febrero de 2009 está por volverse el mes más violento desde que inició la guerra contra el narco. El estado concentra 42% de las ejecuciones de todo el país.
Esta nueva escalada de violencia se enderezó contra policías municipales y ha logrado la renuncia de por lo menos tres jefes policiacos en la última semana; la dimisión que cobró impacto y golpeó el ánimo ciudadano fue la del jefe de policía de Ciudad Juárez, Roberto Orduña; se separó de su cargo después de que aparecieron varios carteles escritos por las bandas de narcotraficantes que exigían su salida y en la que advertían que si no lo hacía asesinarían a un oficial cada 48 horas. Este fin de semana sicarios de las bandas abatieron a dos policías. Sobre sus cadáveres dejaron notas en las que se adjudicaron la amenaza cumplida y anunciaban más muertes.
“No permitiré que hombres que trabajan por defender a la ciudadanía continúen perdiendo su vida”, dijo Orduña al renunciar, un militar retirado que había llegado al puesto hace 11 meses. La amenaza de muerte está ahora enderezada hacia el alcalde fronterizo José Reyes Ferriz, a quien los narcos le mandaron el mensaje en 12 cartulinas que distribuyeron por la ciudad anunciando que “le cortarán la cabeza”, “si sigues ayudando a la gente que tú ya sabes”.
Estos hechos manifiestan la gravedad del problema y colocan de nueva cuenta en el análisis la pregunta obligada: ¿por qué en Chihuahua se ha concentrado así la disputa del crimen? No hay respuesta categórica, ni siquiera aquella que identifica al Estado norteño como la frontera más grande de México y plataforma de exportación más importante de la droga hacia EU.
Lo que hay a la vista es una autoridad estatal que ha permanecido mucho más como espectadora del problema que como partícipe en la solución. En Chihuahua, el operativo conjunto ha visto evadirse de su responsabilidad, no en pocas ocasiones, al gobierno del estado. Aún no se conoce una acción de depuración al interior de la Procuraduría, como la Operación Limpieza que se lleva a cabo en el ámbito federal. En cuanto sucede un hecho de proporciones considerables, el gobernador pide revisar la estrategia gubernamental antinarco, y lanza toda la responsabilidad al nivel federal. Ha sido omiso, jugando un papel más de crítico que de colaborador, y cuando puede saca raja político-partidista del tema.
La semana pasada dio nuevamente un paso: lanzó un exhorto publicado como desplegado en los periódicos del DF, dirigido a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, para pedirle rectificara su aseveración de que la violencia en el país se concentraba en tres entidades federativas, entre ellas Chihuahua. Fue una acción que pintó de cuerpo entero la política del avestruz. Ello mereció la respuesta del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Puntual, Gómez Mont puso las cosas en su lugar: “Debemos reconocer que la violencia en Chihuahua y su intensidad no resultan replicadas en la mayoría del territorio nacional, inferir lo contrario es una premisa falsa que no abona en la solución integral de este problema”.
Que el gobernador la haya visto pasar tan cerca debería provocar en él una seria reflexión sobre la postura que ha asumido y las tareas pendientes que su administración tiene con el combate a la corrupción y la procuración de justicia.
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