MIGUEL CARBONELLA veces es difícil seguir las discusiones que se ventilan en la Suprema Corte. Uno prende el Canal Judicial y le cuesta comprender qué dicen los ministros. La prolongada lectura de documentos que suelen hacer algunos de ellos es tediosa y llega a ser aburrida. Pero el caso que han discutido esta semana, pese a las complejidades técnicas que lo rodean, debe quedar claro al menos por lo que hace a los hechos que el ministro ponente da por probados, y que son de una inusitada gravedad.
El ministro Gudiño en su dictamen nos informa que los días 3 y 4 de mayo de 2006 hubo en el estado de México una violación grave y masiva de derechos humanos. El dictamen da por acreditado que al menos 10 policías golpearon a un camarógrafo de televisión. Muchos detenidos fueron golpeados ya en el piso, los policías les dieron pisotones y patadas por todo el cuerpo.
El 3 de mayo la policía detuvo a 101 personas, de las cuales 81 presentaban lesiones que no eran propias de una detención normal (es decir, que habían sido causadas una vez que la persona estaba ya detenida). El 4 de mayo hubo 106 detenidos, 96 de los cuales presentaban el mismo patrón de lesiones.
Gudiño sostiene en su dictamen que 31 mujeres dijeron haber sido agredidas sexualmente por los policías: 21 de ellas afirmaron haber sido objeto de tocamientos intencionales de carácter sexual en diversas partes de su cuerpo, por encima y por debajo de la ropa; 10 afirmaron haber sido violadas, sobre todo a través de la introducción de los dedos de los policías en su vagina.
El dictamen afirma además que a cinco personas extranjeras les fueron violados varios de sus derechos humanos y fueron expulsadas indebidamente del territorio nacional.
Por todo ello el dictamen estima que debe considerarse como responsables de una violación grave derechos humanos (con diversos grados de responsabilidad, como es obvio) al menos a 12 funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, cuatro del Instituto Nacional de Migración, 14 empleados municipales, 657 miembros de la PFP, mil 901 integrantes de la Agencia Estatal de Seguridad Pública del Estado de México y 115 policías municipales.
No estamos frente a un caso común y corriente, sino ante un episodio lamentable de exceso y brutalidad policiaca. Cabe recordar que el caso ya había sido objeto, hace meses, de una documentada recomendación de la CNDH que llegaba a conclusiones parecidas a las de Gudiño. Cuando la recomendación fue emitida, el entonces secretario de Seguridad Pública federal la rechazó, sin dar mayores argumentos ni ser capaz de refutar las afirmaciones de la CNDH. Es el mismo personaje que sigue ocupando un alto puesto, pese a los pobres resultados de la dependencia a su cargo, en el gabinete del presidente Calderón.
Como quiera que sea, se trata de un hecho ante el que nadie puede esconder la cabeza ni desviar la mirada: de lo probado por Gudiño deben desprenderse responsabilidades jurídicas, pero también políticas. No basta con que los policías sean una vez más el eslabón en donde se detenga el asunto. Hay que mirar más arriba y pedir, al menos por decoro, la renuncia de los altos funcionarios involucrados. La Corte ha hecho su parte, pese a los aburridos monólogos de algunos de sus ministros. Ahora es momento de que actúen en serio el MP, los jueces penales y los mecanismos para exigir responsabilidades políticas.
El ministro Gudiño en su dictamen nos informa que los días 3 y 4 de mayo de 2006 hubo en el estado de México una violación grave y masiva de derechos humanos. El dictamen da por acreditado que al menos 10 policías golpearon a un camarógrafo de televisión. Muchos detenidos fueron golpeados ya en el piso, los policías les dieron pisotones y patadas por todo el cuerpo.
El 3 de mayo la policía detuvo a 101 personas, de las cuales 81 presentaban lesiones que no eran propias de una detención normal (es decir, que habían sido causadas una vez que la persona estaba ya detenida). El 4 de mayo hubo 106 detenidos, 96 de los cuales presentaban el mismo patrón de lesiones.
Gudiño sostiene en su dictamen que 31 mujeres dijeron haber sido agredidas sexualmente por los policías: 21 de ellas afirmaron haber sido objeto de tocamientos intencionales de carácter sexual en diversas partes de su cuerpo, por encima y por debajo de la ropa; 10 afirmaron haber sido violadas, sobre todo a través de la introducción de los dedos de los policías en su vagina.
El dictamen afirma además que a cinco personas extranjeras les fueron violados varios de sus derechos humanos y fueron expulsadas indebidamente del territorio nacional.
Por todo ello el dictamen estima que debe considerarse como responsables de una violación grave derechos humanos (con diversos grados de responsabilidad, como es obvio) al menos a 12 funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, cuatro del Instituto Nacional de Migración, 14 empleados municipales, 657 miembros de la PFP, mil 901 integrantes de la Agencia Estatal de Seguridad Pública del Estado de México y 115 policías municipales.
No estamos frente a un caso común y corriente, sino ante un episodio lamentable de exceso y brutalidad policiaca. Cabe recordar que el caso ya había sido objeto, hace meses, de una documentada recomendación de la CNDH que llegaba a conclusiones parecidas a las de Gudiño. Cuando la recomendación fue emitida, el entonces secretario de Seguridad Pública federal la rechazó, sin dar mayores argumentos ni ser capaz de refutar las afirmaciones de la CNDH. Es el mismo personaje que sigue ocupando un alto puesto, pese a los pobres resultados de la dependencia a su cargo, en el gabinete del presidente Calderón.
Como quiera que sea, se trata de un hecho ante el que nadie puede esconder la cabeza ni desviar la mirada: de lo probado por Gudiño deben desprenderse responsabilidades jurídicas, pero también políticas. No basta con que los policías sean una vez más el eslabón en donde se detenga el asunto. Hay que mirar más arriba y pedir, al menos por decoro, la renuncia de los altos funcionarios involucrados. La Corte ha hecho su parte, pese a los aburridos monólogos de algunos de sus ministros. Ahora es momento de que actúen en serio el MP, los jueces penales y los mecanismos para exigir responsabilidades políticas.
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