PREMISA

JORGE ALCOCER

¿Qué hacer para crecer?, preguntó el Congreso a los participantes en el foro cuyas conclusiones fueron hechas públicas la semana pasada. Quizá la primera conclusión de ese evento debió ser el replanteamiento de la pregunta original.En efecto, ante la turbulencia que arrecia y sacude a los mercados -llevando la paridad peso-dólar a un nivel sin precedente- ahora la pregunta es ¿qué hacer para no caer, más? Entonces, las respuestas podrían haber sido más específicas, reconociendo que las medidas a tomar pasan más por el ámbito de competencias del gobierno y muy poco por las acciones legislativas.Con sus altibajos, en ese foro se escucharon ideas dignas de consideración, que no encontraron fiel reflejo en el documento de conclusiones, al parecer limado y mutilado por las expectativas e intereses de corto plazo que imperan entre los grupos parlamentarios, agravadas por la inminente salida de los inquilinos de San Lázaro.Retomo una premisa, planteada, si mal no recuerdo, por el ex presidente español Felipe González, en la que coincidieron otros tres ex mandatarios: la prioridad es proteger la masa salarial global, no el producto interno, cuya caída es inevitable. Para tal objetivo, proteger el nivel de empleo debe ser el eje de las acciones que se emprendan desde el gobierno, con el concurso de la iniciativa privada.La propuesta tiene lógica económica y sentido social porque permitiría mitigar, al menos en parte, la caída de las exportaciones con el mercado interno. Es obvio que nadie podrá evitar la contracción de las actividades ligadas al mercado externo -la industria automotriz y de autopartes ilustra esa fatalidad; pero otras ramas, con bajo contenido importado, pueden ser alentadas con gasto público para compensar la pérdida de empleos. Son los casos de la industria de la construcción y de ciertas áreas de la agricultura, cuya capacidad de rápida reacción y positivos encadenamientos productivos está más que probada. Igual ocurre con las actividades comerciales y de servicios, intensivas en uso de mano de obra.Más que seguir con declaraciones, que repiten las mismas promesas, lo que el gobierno puede hacer es liberar trabas reglamentarias al ejercicio del gasto en infraestructura, quizá contando con la participación de legisladores de todos los partidos, como una especie de testigos sociales para coadyuvar a la eficiente y transparente asignación de contratos y recursos.La mejor voluntad de gastar puede estrellarse ante la carencia de proyectos ejecutivos listos para ser puestos en marcha. Pero la evidencia indica que en los archivos de las dependencias ejecutoras de gasto público se encuentran archivados decenas de proyectos que fueron olvidados o pospuestos por razones presupuestarias. De igual manera, en los ayuntamientos de cientos de municipios existen el conocimiento y la capacidad de administrar pequeñas obras urbanas que, multiplicadas a lo largo y ancho de México, complementen y expandan los efectos esperados de los megaproyectos federales.Hace casi un año que el presidente Felipe Calderón anunció la construcción de dos nuevas refinerías, ¡nada ha ocurrido! Los contratos de exploración y perforación de Pemex, que supuestamente serían liberados gracias a la reciente reforma legal, siguen atorados en un mar de trámites y autorizaciones. Proyectos de inversión en puertos y terminales marítimas, con participación directa de capital privado, están detenidos por intereses burocráticos que nadie logra hacer de lado. Miles de kilómetros de carreteras hace años que requieren mantenimiento mayor, pero nadie destraba las licitaciones para asignar recursos y firmar contratos. En agua y drenaje hay un mundo de necesidades y rezagos.El gobierno repite que destinará miles de millones de pesos para apoyar a las empresas que entren en paro técnico. ¿No es mejor, pregunto, darles apoyo antes de que entren en paro, o de plano cierren sus puertas?En lugar de planear el seguro para los desempleados, es mejor -creo- evitar el desempleo, con subsidios directos a las empresas que mantengan su plantilla laboral, aplicables a través de los impuestos que pagan, que son más efectivos y menos costosos que estar ideando trámites de registro y comprobación para millones de potenciales solicitantes del seguro. En enero se anunció la reducción del 50 por ciento al impuesto sobre nóminas para las empresas con hasta 100 trabajadores, ubicadas en el Distrito Federal, pero hasta hoy nadie sabe cómo obtenerla.Las subastas de dólares del Banco de México, con cargo a las reservas internacionales, han perdido efectividad; pero nadie informa la fuente de las presiones en el mercado cambiario. Si parte de la demanda viene de las necesidades de las empresas, sea por deudas o por compras en el exterior, ¿qué impide al Banco Central la venta directa de la divisa a quienes comprueben de manera fehaciente tales necesidades? Ya sabemos que la especulación mata reservas.Actuar a tiempo en ese ámbito evitará tener que discutir otra nacionalización de los bancos.