MIGUEL CARBONELLTodo parece indicar que, aunque sea con evidente retraso, el gobierno del presidente Calderón finalmente aportará su parte en el esfuerzo por lograr una reforma laboral. Conviene, sin embargo, insistir en la idea de que la iniciativa en cuestión no puede dejar de tener en cuenta la necesidad de modificar profundamente el mundo sindical que rige el destino de millones de trabajadores en México.
Podría afirmarse que si el gobierno mantiene su connivencia con los sindicatos, ninguna iniciativa de reforma laboral será creíble. O se aborda el tema de los sindicatos a fondo o no habrá ninguna reforma que merezca ese nombre.
¿Qué tiene que hacerse con los sindicatos mexicanos? La cuestión es sencilla, si todos los implicados tuvieran las agallas y la decisión política que se requieren: la reforma sindical pasa por dos cuestiones tan elementales como la rendición de cuentas y la democracia interna en las organizaciones gremiales. Nada más, pero nada menos.
¿Qué significan esos temas? El primero exige que los líderes sindicales estén sujetos a todo tipo de controles y auditorías (externas e internas). Ninguna clase de autonomía justifica la impunidad con que se mueven algunos dirigentes, de quienes no sabemos siquiera si han pagado los impuestos por las riquezas que ostentan sin recato frente a los miembros de sus sindicatos, que suelen percibir bajísimos salarios, casi miserables. Los sindicatos deben ser sujetos obligados directos (al menos los que tengan determinado número de trabajadores) de las leyes de transparencia, para que cualquier persona pueda informarse sobre si están haciendo lo que deben con los recursos que reciben, con independencia de la fuente de la que provengan tales recursos.
Respecto de la democracia interna, la cuestión es aún más elemental: se deben prever mecanismos legales para asegurar una participación libre y resultados electorales confiables, sin que las mafias del poder sindical se adueñen a perpetuidad de los cargos representativos, realizando simulacros periódicos de elecciones internas.
¿Podrá el gobierno de Calderón con el paquete o veremos otra vez una minirreforma para poderle poner palomita al tema y seguir navegando por las mismas aguas turbias del sindicalismo mexicano y su capacidad de chantaje político? ¿Se atreverá la clase política a poner en su sitio a tantos dinosaurios y vividores del sindicalismo? ¿Tendrá Hacienda el arrojo de hacer cumplir las disposiciones fiscales a los dirigentes sindicales, a través de un régimen tributario transparente y confiable? ¿Nos enteraremos algún día de cómo es posible que una humilde profesora atesore cientos de millones de pesos y tenga un nivel de vida parecido al de cualquier dueño de empresas transnacionales, si toda la vida se ha entregado a la docencia en escuelas públicas? ¿Podremos saber cómo hacen los esforzados sindicalistas para comprar relojes de muchos diamantes cuando sus percepciones salariares apenas rebasan los pocos miles de pesos al mes?
La hora de la verdad ha llegado para el gobierno y para los legisladores: deben optar entre la complicidad y la emancipación del poder corrupto de la mafia sindical. Deben optar entre rescatar al país o ceder una vez más frente a los poderes fácticos. Deben optar entre la gerontocracia o el nuevo sistema democrático que aún no hemos sabido alumbrar. No hay término medio: o se da la batalla o de plano se renuncia a cualquier principio democrático. La pelota está en la cancha del secretario Javier Lozano. Veamos si la sabe jugar.
Podría afirmarse que si el gobierno mantiene su connivencia con los sindicatos, ninguna iniciativa de reforma laboral será creíble. O se aborda el tema de los sindicatos a fondo o no habrá ninguna reforma que merezca ese nombre.
¿Qué tiene que hacerse con los sindicatos mexicanos? La cuestión es sencilla, si todos los implicados tuvieran las agallas y la decisión política que se requieren: la reforma sindical pasa por dos cuestiones tan elementales como la rendición de cuentas y la democracia interna en las organizaciones gremiales. Nada más, pero nada menos.
¿Qué significan esos temas? El primero exige que los líderes sindicales estén sujetos a todo tipo de controles y auditorías (externas e internas). Ninguna clase de autonomía justifica la impunidad con que se mueven algunos dirigentes, de quienes no sabemos siquiera si han pagado los impuestos por las riquezas que ostentan sin recato frente a los miembros de sus sindicatos, que suelen percibir bajísimos salarios, casi miserables. Los sindicatos deben ser sujetos obligados directos (al menos los que tengan determinado número de trabajadores) de las leyes de transparencia, para que cualquier persona pueda informarse sobre si están haciendo lo que deben con los recursos que reciben, con independencia de la fuente de la que provengan tales recursos.
Respecto de la democracia interna, la cuestión es aún más elemental: se deben prever mecanismos legales para asegurar una participación libre y resultados electorales confiables, sin que las mafias del poder sindical se adueñen a perpetuidad de los cargos representativos, realizando simulacros periódicos de elecciones internas.
¿Podrá el gobierno de Calderón con el paquete o veremos otra vez una minirreforma para poderle poner palomita al tema y seguir navegando por las mismas aguas turbias del sindicalismo mexicano y su capacidad de chantaje político? ¿Se atreverá la clase política a poner en su sitio a tantos dinosaurios y vividores del sindicalismo? ¿Tendrá Hacienda el arrojo de hacer cumplir las disposiciones fiscales a los dirigentes sindicales, a través de un régimen tributario transparente y confiable? ¿Nos enteraremos algún día de cómo es posible que una humilde profesora atesore cientos de millones de pesos y tenga un nivel de vida parecido al de cualquier dueño de empresas transnacionales, si toda la vida se ha entregado a la docencia en escuelas públicas? ¿Podremos saber cómo hacen los esforzados sindicalistas para comprar relojes de muchos diamantes cuando sus percepciones salariares apenas rebasan los pocos miles de pesos al mes?
La hora de la verdad ha llegado para el gobierno y para los legisladores: deben optar entre la complicidad y la emancipación del poder corrupto de la mafia sindical. Deben optar entre rescatar al país o ceder una vez más frente a los poderes fácticos. Deben optar entre la gerontocracia o el nuevo sistema democrático que aún no hemos sabido alumbrar. No hay término medio: o se da la batalla o de plano se renuncia a cualquier principio democrático. La pelota está en la cancha del secretario Javier Lozano. Veamos si la sabe jugar.
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