NESTOR DE BUENEn los últimos años y en estos días con mayor intensidad, en los medios, principalmente prensa y televisión, se han publicado y se publican noticias que pretenden impactar y atribuir al sindicato minero, y en particular a Napoleón Gómez Urrutia, conductas ilícitas que, se dice, deben ser sancionadas con severidad. A Napoleón, en particular, le atribuyen delitos variados y ya la Procuraduría General de la República ha manifestado que tramita su deportación de Canadá.
Es interesante señalar que los actos diversos que se han producido por ese motivo van encontrando su camino adecuado gracias al Poder Judicial Federal. Ya no solamente respecto de las huelgas, cuya inexistencia de manera insistente ha solicitado el Grupo México, con recepción favorable de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (léase Secretaría del Trabajo y Previsión Social), pero que han sido declaradas existentes gracias a juicios de amparo.
Pero ahora el tema es otro. Recordarán ustedes que a partir del 20 de abril de 2007 tanto Televisa (Televimex, SA de CV) como Tv Azteca, SA de CV, hicieron públicos unos espots de difamación absoluta en contra de Napoleón Gómez Urrutia. Con ese motivo se presentó una queja ante la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación que fue resuelta, con notable descaro, rechazando su procedencia. Ello motivó un juicio de amparo seguido ante el juez sexto de distrito en materia administrativa, que lo concedió declarando responsables a la autoridad y a las televisoras.
En contra promovieron recurso de revisión al que se adhirió Napoleón Gómez Urrutia, que se turnó al noveno tribunal colegiado en materia administrativa del primer distrito. La resolución ha sido totalmente favorable para Napoleón Gómez Urrutia ya que se confirmó la resolución del juez de distrito, sobreseyendo el recurso.
Las consecuencias son notables. En primer lugar, porque la autoridad administrativa tendrá que imponer sanciones a las televisoras por los actos de evidente difamación y calumnia en que incurrieron, reconociendo al mismo tiempo que las televisoras, a su vez, deberán compensar el daño moral causado al licenciado Gómez Urrutia.
Será muy interesante saber, supongo que a corto plazo, cuál es la reacción de la Secretaría de Gobernación, de la que depende la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, cuando en cumplimiento de lo resuelto en el juicio de amparo deba imponer sanciones a las televisoras. Y éstas, a su vez, tendrán que responder de los daños causados, cuya medida tendrá que ser decidida por el tribunal competente.
En estos días el protagonismo de Televisa y Canal 13 ha sido notable. El pasado viernes, aquí en La Jornada, con gracia especial la Rayuela dijo que los tres poderes de la República han cambiado y que ahora son “las fuerzas de inteligencia, el narco y la televisión. No necesariamente en ese orden”. Yo discreparía en una cosa: el Poder Judicial Federal ha hecho su papel pasando por encima de los más diversos intereses en que coinciden las autoridades administrativas (por no hablar del Poder Ejecutivo) y las poderosas empresas particulares.
Y como dijo hace unos días en el Senado Denise Dresser, al Poder Legislativo le corresponde el no dejarse llevar por otros intereses que no sean los que derivan de su representación. Muy pronto ese Poder Legislativo: diputados y senadores, tendrá oportunidad de hacer presente el cumplimiento de su deber. Se anuncian reformas laborales que, con el pretexto de la crisis, tendrían claramente una intención perversa en contra de los derechos de los trabajadores: contratos a prueba y temporales, salarios menos que mínimos, más causas de despido, confirmación del corporativismo fascista que preside al derecho colectivo y muchas cosas más. Por supuesto que el PAN apoyará la reforma y el PRD y demás partidos de izquierda la rechazarán. Al PRI le toca, seguramente mayoritario en las elecciones de julio, no dejarse llevar por los impulsos conservadores. Pero tienen que decirlo ya. De una buena vez.
Es interesante señalar que los actos diversos que se han producido por ese motivo van encontrando su camino adecuado gracias al Poder Judicial Federal. Ya no solamente respecto de las huelgas, cuya inexistencia de manera insistente ha solicitado el Grupo México, con recepción favorable de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (léase Secretaría del Trabajo y Previsión Social), pero que han sido declaradas existentes gracias a juicios de amparo.
Pero ahora el tema es otro. Recordarán ustedes que a partir del 20 de abril de 2007 tanto Televisa (Televimex, SA de CV) como Tv Azteca, SA de CV, hicieron públicos unos espots de difamación absoluta en contra de Napoleón Gómez Urrutia. Con ese motivo se presentó una queja ante la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación que fue resuelta, con notable descaro, rechazando su procedencia. Ello motivó un juicio de amparo seguido ante el juez sexto de distrito en materia administrativa, que lo concedió declarando responsables a la autoridad y a las televisoras.
En contra promovieron recurso de revisión al que se adhirió Napoleón Gómez Urrutia, que se turnó al noveno tribunal colegiado en materia administrativa del primer distrito. La resolución ha sido totalmente favorable para Napoleón Gómez Urrutia ya que se confirmó la resolución del juez de distrito, sobreseyendo el recurso.
Las consecuencias son notables. En primer lugar, porque la autoridad administrativa tendrá que imponer sanciones a las televisoras por los actos de evidente difamación y calumnia en que incurrieron, reconociendo al mismo tiempo que las televisoras, a su vez, deberán compensar el daño moral causado al licenciado Gómez Urrutia.
Será muy interesante saber, supongo que a corto plazo, cuál es la reacción de la Secretaría de Gobernación, de la que depende la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, cuando en cumplimiento de lo resuelto en el juicio de amparo deba imponer sanciones a las televisoras. Y éstas, a su vez, tendrán que responder de los daños causados, cuya medida tendrá que ser decidida por el tribunal competente.
En estos días el protagonismo de Televisa y Canal 13 ha sido notable. El pasado viernes, aquí en La Jornada, con gracia especial la Rayuela dijo que los tres poderes de la República han cambiado y que ahora son “las fuerzas de inteligencia, el narco y la televisión. No necesariamente en ese orden”. Yo discreparía en una cosa: el Poder Judicial Federal ha hecho su papel pasando por encima de los más diversos intereses en que coinciden las autoridades administrativas (por no hablar del Poder Ejecutivo) y las poderosas empresas particulares.
Y como dijo hace unos días en el Senado Denise Dresser, al Poder Legislativo le corresponde el no dejarse llevar por otros intereses que no sean los que derivan de su representación. Muy pronto ese Poder Legislativo: diputados y senadores, tendrá oportunidad de hacer presente el cumplimiento de su deber. Se anuncian reformas laborales que, con el pretexto de la crisis, tendrían claramente una intención perversa en contra de los derechos de los trabajadores: contratos a prueba y temporales, salarios menos que mínimos, más causas de despido, confirmación del corporativismo fascista que preside al derecho colectivo y muchas cosas más. Por supuesto que el PAN apoyará la reforma y el PRD y demás partidos de izquierda la rechazarán. Al PRI le toca, seguramente mayoritario en las elecciones de julio, no dejarse llevar por los impulsos conservadores. Pero tienen que decirlo ya. De una buena vez.
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