SATÉLITES Y SEGURIDAD NACIONAL

ERNESTO VILLANUEVA

Los servicios de seguridad nacional pueden ser de ayuda significativa para recuperar la paz perdida durante los últimos años en el país. Ello, por supuesto, siempre y cuando la seguridad nacional esté debidamente regulada para servir el interés público y no, como ha sucedido, sea usada como un instrumento de espionaje al servicio del gobierno para combatir a los enemigos políticos y reprimir movimientos sociales. En esta ruta se han iniciado algunos cambios, pero falta mucho por hacer. Veamos.Primero. No fue sino hasta el 31 de enero del 2005 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Nacional. La expedición de esa normatividad tuvo el mérito de que, por primera vez, se estableció al respecto una base legal. Pero si uno observa cuáles son los propósitos de dicha legislación debe concluir que los servicios de seguridad nacional han fallado hasta hoy. En efecto, el artículo 5 de la citada ley define como amenazas a la seguridad nacional actos tendentes a “consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del territorio nacional”; a “obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada”; a “consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva”; a “obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia”; a “destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”; así como aquellos actos de “interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano”; que “impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada”; actos en contra de “la seguridad de la aviación” y “la navegación marítima”, y todo acto de “financiamiento de acciones y organizaciones terroristas”. Además, puesto que se trata de funciones estratégicas para la preservación del Estado, los servicios de seguridad nacional en las democracias tienen una vigilancia parlamentaria para evitar abusos en sus funciones. No ocurre así en México. Si bien es verdad que la ley prevé la existencia de una Comisión Bicamaral de “control legislativo”, también lo es que esa comisión sólo puede conocer información pública, pues la ley dispone que “se omitirá cualquier información cuya revelación indebida afecte la seguridad nacional, el desempeño de las funciones del Centro (Cisen) o la privacidad de los particulares. Para tal efecto, ningún informe o documento deberá revelar información reservada”. Por lo anterior, las posibilidades de escrutinio, vigilancia y control del Congreso sobre los servicios de seguridad nacional son en los hechos inexistentes.Segundo. En este contexto, hoy uno de los temas de la agenda de este sector reside en dotar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de un servicio satelital adecuado para complementar sus tareas. No es un asunto menor. A través del sistema satelital es posible prácticamente todo si se tiene tecnología óptica y de radar. Parcialmente se cumplen esas funciones a través del satélite Solidaridad 2, el cual inició sus operaciones en diciembre de 1994; mas como su vida útil es de 14 años, en noviembre de 2008 debió ser reemplazado. No fue el caso. Lo que la empresa de participación estatal hizo fue colocarlo en “órbita inclinada para continuar proveyendo servicios en banda a las instituciones de seguridad nacional mexicanas”. (Información presentada por Satmex a la Securities Exchange Commission de EU). En otras palabras, es como si a una bolsita de té pensada para una taza se le pone más agua para salir del paso. De acuerdo con un documento clasificado como reservado por la SCT sobre Satmex, el 28.3% de la reserva del Estado está destinado a los servicios de Seguridad Nacional-Secretaría de Gobernación. Según este reporte, México está obligado a “operar un transpondedor de la banda L propiedad del gobierno de México (…) en el Solidaridad 2. (…) Ni el Satmex 6, ni el Satmex 5 tienen transpondedores en la banda L. Como nuestro Solidaridad 2 es nuestro único satélite con capacidades en banda L, nuestro sistema en banda L dejaría de existir el 30 de septiembre de 2008, cuando el satélite alcance el final de su vida operativa en una órbita geoestacionaria. (…) El Solidaridad 2 ha estado operando en órbita inclinada desde el 1 de marzo de 2008 con la finalidad de ampliar la vida del transpondedor de la banda L. (…) A esta fecha, el gobierno mexicano no ha hecho las gestiones para reemplazar el satélite…”. La ausencia de una política satelital hizo que, en marzo del 2008, el país perdiera el derecho de ocupar la posición orbital 109.2° oeste. Quizá aquí haya una pista para explicar por qué la guerra contra el crimen organizado la está perdiendo el gobierno federal. Tercero. Hoy, paradójicamente, por la irresponsabilidad del gobierno, se corre un riesgo grave para la seguridad nacional. Ante la pérdida del derecho de México a ocupar una posición orbital que sólo otorga la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el gobierno deberá adoptar un plan de emergencia para cambiar a satélites de otros proveedores, que muy probablemente serán extranjeros. ¿Se imagina usted que los servicios satelitales de seguridad nacional sean operados por extranjeros? Además de perder soberanía, ¿no se abre con esta medida un flanco al crimen organizado? Es el mundo del absurdo. Más lo es que no pocos funcionarios vean esta posibilidad como la mejor solución. En cualquier caso, debe reformarse la Ley de Seguridad Nacional para dotar al Congreso de verdaderas atribuciones de control y adoptar todas las medidas necesarias para que los servicios de seguridad nacional sean seguros y efectivos, porque ahora no lo son.