JAVIER CORRAL JURADOLa plataforma que Acción Nacional registró en el IFE, como la propuesta básica de su acción en la nueva Cámara de Diputados, contiene definiciones relevantes que han escapado a los medios. El documento es fruto de la deliberación de los órganos directivos del PAN, fundamentalmente de su Consejo Nacional, que en noviembre hizo un balance franco de la situación política del país, y desde el cual partieron propuestas que se concretaron el pasado 14 de febrero en la plataforma 2009-2012.
La condición de AN como partido gobernante hace que su plataforma tenga una mayor significación, sobre todo a la mitad del sexenio de l presidente Felipe Calderón, pues se trata del programa que debe orientar la acción de sus futuros legisladores. En comparación con los documentos que registraron el PRI y el PRD, la del PAN se constituye en un listado puntual de propuestas de reformas en 109 apartados temáticos, sin vacilar en llamar a las cosas por su nombre. Está ahí una respuesta clara a exigencias sociales y a una inquietud de la militancia panista por consolidar el cambio democrático de las estructuras políticas y económicas de la República.
Las definiciones sobre las que por ahora me interesa llamar la atención son aquellas que se refieren y vinculan al combate de los monopolios, y a la democratización y una mayor competencia en las telecomunicaciones y la radiodifusión.
En el capítulo de economía quedó asentado: las prácticas monopólicas, la dominancia en servicios o zonas geográficas y, en general, los fenómenos de concentración ocasionan precios excesivos para consumidores y para empresas que dependen de sus insumos.
Por ello, las y los diputados de AN tomarán las medidas necesarias, como el fortalecimiento de la Cofeco y las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, para fortalecer la ejecución de una política antimonopólica decidida e inteligente que permita proteger al consumidor e incrementar la competitividad nacional, al bajar los precios de insumos básicos y facilitar así la creación de cadenas productivas, y en el caso de servicios concesionados por el Estado, una mayor presencia de nuevos operadores.
Este compromiso de AN deriva en abrir sectores donde la dominancia o los altos niveles de concentración de espectro imponen barreras infranqueables a la entrada de nuevos competidores. El desarrollo de las telecomunicaciones es uno de ellos, si queremos fomentar el crecimiento económico, la competitividad, la creación de empleos, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de nuestra democracia.
La plataforma panista propone fortalecer a la Cofeco con modificaciones legales a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, que garanticen la vigencia de la rectoría del Estado sobre las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, su función social, la libre concurrencia, la competencia efectiva, así como el fortalecimiento de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Además, estas reformas deberán incluir los derechos de las audiencias y de los usuarios, el impulso a la interconexión con tarifas justas y competitivas, un marco eficiente para lograr la transición tecnológica, el reordenamiento de los medios públicos, las radios comunitarias e indígenas y el fortalecimiento de la autonomía, capacidades y funciones de la Cofetel. Adicionalmente, se promoverá el acceso a la sociedad de la información sobre un estado de derecho y garantizando el acceso en condiciones de igualdad.
En México no hay mecanismos legales que den seguimiento y obliguen a cumplir las ofertas de candidatos y partidos. La falta de esa vinculación hace que los ciudadanos se muestren escépticos, y que la oferta programática pase a un segundo plano en los medios. Sin embargo, las plataformas están ahí y deben ser examinadas, comparadas, como referentes de un compromiso ético que no pueden seguir posponiendo los partidos en su promesa con los electores.
La del PAN es una plataforma que atiende la realidad; lejos de la autocomplacencia, se compromete con acciones legislativas profundas y en varios asuntos, incluidos los de libertad de expresión, derecho a la información y la libertad de prensa; se coloca muy por encima de la propuesta de los dos principales partidos de oposición. Eso también hay que decirlo cuando objetivamente se estudian los tres documentos.
La condición de AN como partido gobernante hace que su plataforma tenga una mayor significación, sobre todo a la mitad del sexenio de l presidente Felipe Calderón, pues se trata del programa que debe orientar la acción de sus futuros legisladores. En comparación con los documentos que registraron el PRI y el PRD, la del PAN se constituye en un listado puntual de propuestas de reformas en 109 apartados temáticos, sin vacilar en llamar a las cosas por su nombre. Está ahí una respuesta clara a exigencias sociales y a una inquietud de la militancia panista por consolidar el cambio democrático de las estructuras políticas y económicas de la República.
Las definiciones sobre las que por ahora me interesa llamar la atención son aquellas que se refieren y vinculan al combate de los monopolios, y a la democratización y una mayor competencia en las telecomunicaciones y la radiodifusión.
En el capítulo de economía quedó asentado: las prácticas monopólicas, la dominancia en servicios o zonas geográficas y, en general, los fenómenos de concentración ocasionan precios excesivos para consumidores y para empresas que dependen de sus insumos.
Por ello, las y los diputados de AN tomarán las medidas necesarias, como el fortalecimiento de la Cofeco y las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, para fortalecer la ejecución de una política antimonopólica decidida e inteligente que permita proteger al consumidor e incrementar la competitividad nacional, al bajar los precios de insumos básicos y facilitar así la creación de cadenas productivas, y en el caso de servicios concesionados por el Estado, una mayor presencia de nuevos operadores.
Este compromiso de AN deriva en abrir sectores donde la dominancia o los altos niveles de concentración de espectro imponen barreras infranqueables a la entrada de nuevos competidores. El desarrollo de las telecomunicaciones es uno de ellos, si queremos fomentar el crecimiento económico, la competitividad, la creación de empleos, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de nuestra democracia.
La plataforma panista propone fortalecer a la Cofeco con modificaciones legales a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, que garanticen la vigencia de la rectoría del Estado sobre las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, su función social, la libre concurrencia, la competencia efectiva, así como el fortalecimiento de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Además, estas reformas deberán incluir los derechos de las audiencias y de los usuarios, el impulso a la interconexión con tarifas justas y competitivas, un marco eficiente para lograr la transición tecnológica, el reordenamiento de los medios públicos, las radios comunitarias e indígenas y el fortalecimiento de la autonomía, capacidades y funciones de la Cofetel. Adicionalmente, se promoverá el acceso a la sociedad de la información sobre un estado de derecho y garantizando el acceso en condiciones de igualdad.
En México no hay mecanismos legales que den seguimiento y obliguen a cumplir las ofertas de candidatos y partidos. La falta de esa vinculación hace que los ciudadanos se muestren escépticos, y que la oferta programática pase a un segundo plano en los medios. Sin embargo, las plataformas están ahí y deben ser examinadas, comparadas, como referentes de un compromiso ético que no pueden seguir posponiendo los partidos en su promesa con los electores.
La del PAN es una plataforma que atiende la realidad; lejos de la autocomplacencia, se compromete con acciones legislativas profundas y en varios asuntos, incluidos los de libertad de expresión, derecho a la información y la libertad de prensa; se coloca muy por encima de la propuesta de los dos principales partidos de oposición. Eso también hay que decirlo cuando objetivamente se estudian los tres documentos.
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