JOHN M. ACKERMANLos más recientes informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirman el tradicional desprecio del gobierno de Felipe Calderón para la rendición de cuentas. La revisión del auditor revela que durante el primer año del gobierno actual las irregularidades en el gasto se duplicaron en comparación con el último de Vicente Fox. Mientras el informe del ombudsman demuestra que la creciente militarización del país ha tenido graves consecuencias en materia de derechos humanos.
La única respuesta que el titular de la administración pública federal ha tenido para tan vergonzosos resultados han sido palabras vacías. En lugar de aprestarse a cambiar la forma de ejercer el gasto o comprometerse a retirar los militares de las calles, Calderón se escuda en la simulación de “dar cauce a las recomendaciones” sin la menor autocrítica.
El informe del auditor, como siempre riguroso y profesional, revela una gestión pública desaseada y corrupta. Durante 2007, más de 60 mil millones de pesos se gastaron de manera irregular y la ASF se vio obligada a promover sanciones por responsabilidad administrativa en mil 632 casos. Es decir, para cada una de las 932 auditorías practicadas, el ente fiscalizador encontró casi dos incidentes que merecen ser castigados. Habría que recordar que el auditor solamente revisa una pequeña muestra del total del gasto federal. Por cada irregularidad encontrada, podemos estar seguros de que existen 10 más que nunca saldrán a la luz pública.
Lo más probable es que solamente una pequeña porción de los mil 632 casos de responsabilidad terminen en una multa o una suspensión de los funcionarios involucrados. Seguramente ninguno llegará a una sanción penal. La Secretaría de la Función Pública (SFP), instancia encargada de dar seguimiento a estos casos, se ha convertido en las administraciones de Fox y Calderón en un hoyo negro que diluye las presuntas responsabilidades de los infractores. Asimismo, cuando la dependencia intenta imponer una sanción monetaria o presentar una demanda penal, los expedientes se integran de manera tan deficiente que el Poder Judicial casi invariablemente termina por echarlos atrás.
Tiene toda la razón el auditor Arturo González de Aragón cuando señala que hace falta que la ASF tenga facultades de sanción directa. El hecho de que no ocurra así es una herencia del regateo a su autonomía que impuso el Partido Revolucionario Institucional a la hora de negociar la reforma constitucional de 1999 que convirtió la Contaduría Mayor de Hacienda en la ASF. Resulta absurdo que la SFP sea la instancia responsable de sancionar a sus colegas en la administración federal por las irregularidades encontradas por el auditor externo. La situación se vuelve aún más paradójica cuando la secretaría supuestamente tiene que sancionarse a sí misma a partir de las revisiones de la auditoría.
Por otro lado, el informe de la CNDH revela el lado oscuro de la mal llamada “guerra” contra el narcotráfico. Al delegar la responsabilidad de la seguridad pública en el Ejército, Calderón se encuentra en franca violación de la Constitución. También se ha experimentado un aumento escalofriante en violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares, al pasar de 182 en 2006 a mil 230 en 2008. En el mismo lapso se triplicó el número de denuncias por tortura.
Ciudad Juárez actualmente vive en un estado de excepción. Ello ha provocado que los casos de abuso de autoridad se multipliquen. Además, los jóvenes del municipio viven en una zozobra constante, ya que todos se han vuelto sospechosos de ser posibles narcotraficantes.
La actuación de la CNDH todavía deja mucho que desear. Las 18 recomendaciones rechazadas durante 2008, casi la cuarta parte de todas las emitidas en el año, dan fe de sus graves problemas de legitimidad. La rotunda negativa a transparentar su funcionamiento interno también mina de manera importante la confianza ciudadana en el ombudsman. De todas formas, el contenido del último informe de José Luis Soberanes constituye una fuerte llamada de atención al gobierno federal.
En 2009, el Congreso de la Unión debe decidir tanto sobre el remplazo de Soberanes como con respecto de la ratificación de González de Aragón. Calderón sin duda buscará aprovechar esta coyuntura para colocar amigos fieles en ambos cargos, como ya lo ha hecho para los nombramientos del Inegi, el IFE, Pemex y el IFAI. Los ciudadanos debemos asegurar que los procesos de auscultación se lleven a cabo de cara a la sociedad, así como obstaculizar cualquier intento del Ejecutivo de vengarse por los informes más recientes.
La única respuesta que el titular de la administración pública federal ha tenido para tan vergonzosos resultados han sido palabras vacías. En lugar de aprestarse a cambiar la forma de ejercer el gasto o comprometerse a retirar los militares de las calles, Calderón se escuda en la simulación de “dar cauce a las recomendaciones” sin la menor autocrítica.
El informe del auditor, como siempre riguroso y profesional, revela una gestión pública desaseada y corrupta. Durante 2007, más de 60 mil millones de pesos se gastaron de manera irregular y la ASF se vio obligada a promover sanciones por responsabilidad administrativa en mil 632 casos. Es decir, para cada una de las 932 auditorías practicadas, el ente fiscalizador encontró casi dos incidentes que merecen ser castigados. Habría que recordar que el auditor solamente revisa una pequeña muestra del total del gasto federal. Por cada irregularidad encontrada, podemos estar seguros de que existen 10 más que nunca saldrán a la luz pública.
Lo más probable es que solamente una pequeña porción de los mil 632 casos de responsabilidad terminen en una multa o una suspensión de los funcionarios involucrados. Seguramente ninguno llegará a una sanción penal. La Secretaría de la Función Pública (SFP), instancia encargada de dar seguimiento a estos casos, se ha convertido en las administraciones de Fox y Calderón en un hoyo negro que diluye las presuntas responsabilidades de los infractores. Asimismo, cuando la dependencia intenta imponer una sanción monetaria o presentar una demanda penal, los expedientes se integran de manera tan deficiente que el Poder Judicial casi invariablemente termina por echarlos atrás.
Tiene toda la razón el auditor Arturo González de Aragón cuando señala que hace falta que la ASF tenga facultades de sanción directa. El hecho de que no ocurra así es una herencia del regateo a su autonomía que impuso el Partido Revolucionario Institucional a la hora de negociar la reforma constitucional de 1999 que convirtió la Contaduría Mayor de Hacienda en la ASF. Resulta absurdo que la SFP sea la instancia responsable de sancionar a sus colegas en la administración federal por las irregularidades encontradas por el auditor externo. La situación se vuelve aún más paradójica cuando la secretaría supuestamente tiene que sancionarse a sí misma a partir de las revisiones de la auditoría.
Por otro lado, el informe de la CNDH revela el lado oscuro de la mal llamada “guerra” contra el narcotráfico. Al delegar la responsabilidad de la seguridad pública en el Ejército, Calderón se encuentra en franca violación de la Constitución. También se ha experimentado un aumento escalofriante en violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares, al pasar de 182 en 2006 a mil 230 en 2008. En el mismo lapso se triplicó el número de denuncias por tortura.
Ciudad Juárez actualmente vive en un estado de excepción. Ello ha provocado que los casos de abuso de autoridad se multipliquen. Además, los jóvenes del municipio viven en una zozobra constante, ya que todos se han vuelto sospechosos de ser posibles narcotraficantes.
La actuación de la CNDH todavía deja mucho que desear. Las 18 recomendaciones rechazadas durante 2008, casi la cuarta parte de todas las emitidas en el año, dan fe de sus graves problemas de legitimidad. La rotunda negativa a transparentar su funcionamiento interno también mina de manera importante la confianza ciudadana en el ombudsman. De todas formas, el contenido del último informe de José Luis Soberanes constituye una fuerte llamada de atención al gobierno federal.
En 2009, el Congreso de la Unión debe decidir tanto sobre el remplazo de Soberanes como con respecto de la ratificación de González de Aragón. Calderón sin duda buscará aprovechar esta coyuntura para colocar amigos fieles en ambos cargos, como ya lo ha hecho para los nombramientos del Inegi, el IFE, Pemex y el IFAI. Los ciudadanos debemos asegurar que los procesos de auscultación se lleven a cabo de cara a la sociedad, así como obstaculizar cualquier intento del Ejecutivo de vengarse por los informes más recientes.
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