RATIFICACIÓN DEL GABINETE

MIGUEL CARBONELL

Tiene razón el senador Manlio Fabio Beltrones: los nombramientos para el gabinete presidencial deben pasar por algún proceso de ratificación parlamentaria. Basta ver la diferencia entre los nombramientos de secretarios de despacho realizados por el presidente Barack Obama y el proceso de relevos ministeriales que tenemos en México.
En Estados Unidos pudimos asistir a comparecencias públicas y vimos un debate abierto entre candidatos y legisladores. En México los nombramientos se realizan en la más absoluta opacidad, sin que los ciudadanos podamos conocer los méritos y los planes de trabajo de quienes ejercerán un presupuesto que suele sumar muchos miles de millones de pesos, además de que tomarán decisiones de la mayor importancia tanto para nuestras vidas como para el futuro del país.
¿Acaso podemos saber los ciudadanos de México si el Presidente está nombrando a los mejores hombres y mujeres para puestos de gran relevancia o si, por el contrario, se está rodeando de sus amigos y conocidos, como si el gobierno fuera una especie de reunión de ex alumnos de su preparatoria? La respuesta es que no lo podemos saber porque en México el nombramiento de los secretarios recae sobre una única persona y su decisión no pasa por ningún filtro ni puede ser recurrida ante ninguna instancia.
El presidente Obama ha tenido que buscar a los mejores para cada cargo, pues sabía el duro escrutinio al que los candidatos serían sometidos ante el Senado. Si un candidato no tiene en regla sus pagos de impuestos o si se sospecha que puede incurrir en un conflicto de intereses por sus actividades profesionales pasadas, no es difícil que sea rechazado y exhibido públicamente.
¿Tenemos la certeza en México de que ninguno de los secretarios tiene conflictos de intereses? ¿Sabemos si son personas que están al día en su pago de impuestos o si tienen abiertas causas penales por actividades fraudulentas? De nuevo, la respuesta es que no lo sabemos.
Por ejemplo, si no se nombra a una persona que conozca a fondo el ámbito en que se va a desempeñar, es probable que se tome un tiempo más o menos largo para conocer los entresijos de su dependencia y el ámbito competencial que tiene asignado. Esto produce que tengamos un gobierno de “becarios”, es decir, de personas a las que les pagamos para que “aprendan” mientras ejercen el cargo.
¿Puede México permitirse ese lujo? ¿Debe estar el país a merced de que los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo lleguen a estudiar a sus lujosas oficinas? ¿No sería más barato pagarles una beca en el extranjero y contratarlos cuando ya dominen sus áreas de responsabilidad?
La propuesta de Beltrones pasa por una reforma constitucional al artículo 89. Se trata de una reforma que es muy fácil de ser redactada y que debería aprobarse a la brevedad. Miles de ciudadanos, quizá millones, les aplaudirían a nuestros legisladores si lo hicieran. ¿Qué partido se atrevería a oponerse públicamente a la reforma? ¿Quién defendería una prerrogativa que parece sacada de otro siglo, de un tiempo en el que el presidente era el tlatoani y no debía ninguna explicación a los ciudadanos?
Vale la pena apuntar que la ratificación del gabinete se da tanto en regímenes presidenciales como parlamentarios. No es admisible la crítica de los puristas (pero ignorantes) que sostienen que una medida de ese tipo es impropia de un régimen presidencial. No lo es, como lo demuestra el ejemplo de presidencialismo que tenemos al norte de nuestra frontera.
¿Quién le teme a discutir en público los nombramientos para el gabinete?