CIRO MURAYAMAEn su campaña electoral de 1992, William Clinton llevó el núcleo del debate político estadounidense a la situación de la economía doméstica. Aquella famosa consigna de “¡Es la economía, estúpido!” eclipsó la victoria militar del presidente Bush padre en la primera guerra del Golfo y regresó a los demócratas a la Casa Blanca.
Casi dos décadas después, en México el debate electoral no tiene núcleo, aunque el grueso de las declaraciones bordan sobre la (in)seguridad pública. Mientras, en el mundo entero no hay prioridad mayor que la crisis económica y, cada vez más, sus repercusiones en el empleo. Puede decirse, como hace el semanario británico The Economist, que estamos en la crisis del empleo.
Los datos son contundentes: la depresión ha arrastrado a 4.4 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos desde diciembre de 2007, y 600 mil en los últimos tres meses; ahí la tasa de desempleo llega a 8.1% —la más alta en un cuarto de siglo— y las estimaciones para 2010 apuntan a que en el mundo desarrollado la tasa de desocupación sea de dos dígitos.
Además, los individuos que pierden su empleo tienen más dificultades que en cualquier momento previo para recuperarlo o hallar otro. En España, la tasa “de paro” creció dos tercios en 2008; en la zona euro fue de 8.2%, la más alta desde la creación de la moneda única. En Japón, donde el despido ha sido excepcional, se espera que la tasa de desempleo vaya de 4.1% a 5.8 en 2009.
Para el mundo en desarrollo, las noticias no son más alentadoras: la caída del comercio, y por tanto de las exportaciones, destruirá empleo (se estiman 32 millones de desempleados más en estos países, de los que 20 millones corresponden a trabajadores migrantes despedidos en China), lo que genera presiones al alza en la economía informal y la pobreza, a la que en su situación extrema se sumarán 53 millones de personas en el orbe en el año en curso.
¿Nuestro México globalizado se mantiene al margen de esas tendencias mundiales? No.
En los últimos cuatro meses se han perdido 600 mil puestos de trabajo formales, 77% de ellos permanentes, y la disminución en la manufactura es de 55%. Se trata de la mayor destrucción de empleo en la manufactura nacional desde que se tienen estadísticas. En términos de desocupación abierta —y cabe decir que se trata de un indicador “suave”, pues todo aquel que realizó una actividad remunerada por lo menos una hora a la semana no se considera desempleado—, México borda la cifra histórica de los 2 millones de personas, el doble que al inicio de la década.
Lo anterior ocurre sobre un mercado de trabajo que, en los hechos, es muy flexible y desregulado. Hay estimaciones de que el empleo informal rebasa 50% de la ocupación no agrícola, además de que apenas un tercio de los trabajadores cuenta con un contrato.
Hace unos días, Jeffrey Bortz señalaba en estas páginas (5 de marzo 09) que la puesta en práctica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos “fue parte del esfuerzo del gobierno mexicano por combatir el impacto de la Gran Depresión en México”. Asimismo, una revisión histórica de la construcción de estados de bienestar en el mundo nos sitúa en los años de la secuela de la crisis y la inmediata posguerra, antes de la recuperación económica, cuando se universalizaron la cobertura sanitaria y se instauró el seguro de desempleo.
A contracorriente de la tesis de la OCDE, con José Angel Gurría como su capitán temporal, que recomienda a los países que enfrentan desempleo creciente que hay que flexibilizar los mercados de trabajo —abaratar y facilitar el despido— para generar empleo, si alguna oportunidad da esta crisis es la de proponerse con ambición la construcción de un nuevo arreglo social que recupere el valor del empleo, con base en el respeto a las garantías de los trabajadores.
En efecto, podemos decir a los actores políticos de este país y a nuestros gobernantes: es el empleo, ¡caramba!
Casi dos décadas después, en México el debate electoral no tiene núcleo, aunque el grueso de las declaraciones bordan sobre la (in)seguridad pública. Mientras, en el mundo entero no hay prioridad mayor que la crisis económica y, cada vez más, sus repercusiones en el empleo. Puede decirse, como hace el semanario británico The Economist, que estamos en la crisis del empleo.
Los datos son contundentes: la depresión ha arrastrado a 4.4 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos desde diciembre de 2007, y 600 mil en los últimos tres meses; ahí la tasa de desempleo llega a 8.1% —la más alta en un cuarto de siglo— y las estimaciones para 2010 apuntan a que en el mundo desarrollado la tasa de desocupación sea de dos dígitos.
Además, los individuos que pierden su empleo tienen más dificultades que en cualquier momento previo para recuperarlo o hallar otro. En España, la tasa “de paro” creció dos tercios en 2008; en la zona euro fue de 8.2%, la más alta desde la creación de la moneda única. En Japón, donde el despido ha sido excepcional, se espera que la tasa de desempleo vaya de 4.1% a 5.8 en 2009.
Para el mundo en desarrollo, las noticias no son más alentadoras: la caída del comercio, y por tanto de las exportaciones, destruirá empleo (se estiman 32 millones de desempleados más en estos países, de los que 20 millones corresponden a trabajadores migrantes despedidos en China), lo que genera presiones al alza en la economía informal y la pobreza, a la que en su situación extrema se sumarán 53 millones de personas en el orbe en el año en curso.
¿Nuestro México globalizado se mantiene al margen de esas tendencias mundiales? No.
En los últimos cuatro meses se han perdido 600 mil puestos de trabajo formales, 77% de ellos permanentes, y la disminución en la manufactura es de 55%. Se trata de la mayor destrucción de empleo en la manufactura nacional desde que se tienen estadísticas. En términos de desocupación abierta —y cabe decir que se trata de un indicador “suave”, pues todo aquel que realizó una actividad remunerada por lo menos una hora a la semana no se considera desempleado—, México borda la cifra histórica de los 2 millones de personas, el doble que al inicio de la década.
Lo anterior ocurre sobre un mercado de trabajo que, en los hechos, es muy flexible y desregulado. Hay estimaciones de que el empleo informal rebasa 50% de la ocupación no agrícola, además de que apenas un tercio de los trabajadores cuenta con un contrato.
Hace unos días, Jeffrey Bortz señalaba en estas páginas (5 de marzo 09) que la puesta en práctica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos “fue parte del esfuerzo del gobierno mexicano por combatir el impacto de la Gran Depresión en México”. Asimismo, una revisión histórica de la construcción de estados de bienestar en el mundo nos sitúa en los años de la secuela de la crisis y la inmediata posguerra, antes de la recuperación económica, cuando se universalizaron la cobertura sanitaria y se instauró el seguro de desempleo.
A contracorriente de la tesis de la OCDE, con José Angel Gurría como su capitán temporal, que recomienda a los países que enfrentan desempleo creciente que hay que flexibilizar los mercados de trabajo —abaratar y facilitar el despido— para generar empleo, si alguna oportunidad da esta crisis es la de proponerse con ambición la construcción de un nuevo arreglo social que recupere el valor del empleo, con base en el respeto a las garantías de los trabajadores.
En efecto, podemos decir a los actores políticos de este país y a nuestros gobernantes: es el empleo, ¡caramba!
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