INTENTOS DE RESTABLECER LA PENA DE MUERTE

CARLOS ARELLANO GARCÍA

Volver a incorporar en la Constitución mexicana la pena de muerte es un intento que se ha materializado recientemente con motivo de acontecimientos delictivos que se han proliferado en muchos lugares de país. Se ha considerado que la pena de muerte pudiera ser una fórmula viable para reducir la inseguridad pública y también enfrentar execrables casos de secuestros.De esa manera, ocurrió que el gobernador de Coahuila y el Congreso de esa entidad hayan aprobado una iniciativa de reforma constitucional para la aplicación de la pena de muerte a los secuestradores. Al respecto, en los términos de los artículos 71 y 135 de la Constitución federal, es posible que la legislatura de un estado tenga aptitud para iniciar leyes o decretos a nivel federal. Esa decisión coahuilense dio pábulo a una polémica en los medios políticos y legislativos. El líder del Partido Acción Nacional en el Senado de la República demandó juicio político contra el gobernador coahuilense. A su vez, gobernadores y legisladores del Partido Revolucionario Institucional, al que pertenece el Ejecutivo coahuilense, descalificaron la posición del líder del PAN, a quien acusaron de estar confundido y carecer de sensibilidad política. Argumentaron que el gobernador cumplió con su obligación de estar atento a las manifestaciones de su pueblo y si el pueblo pretende que se aplique la pena de muerte a los secuestradores, el Ejecutivo local y los legisladores coahuilenses están obligados a apoyar las peticiones de los gobernados. El coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado manifestó su rechazo a la reimplantación de la pena de muerte y consideró una medida electorera de los priístas.Dentro del terreno político, el Partido Verde Ecologista de México se pronunció a favor de la restauración de la pena de muerte en la Constitución mexicana, y para ello se basó en que un elevado porcentaje de la población se inclina a favor de la implantación en México de la pena de muerte en contra de criminales de alta peligrosidad y se argumentó que ese partido se interesa en trabajar para México, y la realidad es que nuestro país exige la pena de muerte para secuestradores que acaban con la alegría de nuestras familias.La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la cancillería, difundió el dato de que México es un país abolicionista por reformas a la Constitución desde el año de 2005, y que la reforma constitucional es irreversible por los compromisos internacionales que nuestro país ha contraído. Se aseveró que nuestro país hacia el exterior tiene una imagen clara de ser una nación abolicionista, máxime que de acuerdo con el artículo 4 párrafo tercero del Pacto de San José, cualquier país que abolió la pena de muerte no puede reinstalarla e igualmente invocó los protocolos a los que se adhirió México para convertirse en país abolicionista.Hubo entrega formal a la Cámara de Diputados de la iniciativa coahuilense de reforma a la Constitución para reestablecer la pena de muerte para secuestradores, y quienes respaldan la restauración de la pena de muerte en la Constitución mexicana consideran que no hay suficientes razones para que quede proscrita para siempre la pena de muerte en México. Por supuesto que hay muy contundentes razones para rechazar la pena de muerte.