RAÚL TREJO DELARBREEste fin de semana se cumplieron 50 años de la represión contra los trabajadores ferrocarrileros. La tarde del 28 de marzo de 1959 el dirigente nacional de ese gremio, Demetrio Vallejo, fue detenido junto con otros líderes sindicales. Poco después, elementos del Ejército mexicano ocuparon las instalaciones en varios lugares del país que se encontraban en huelga desde tres días antes.
La represión que el gobierno del presidente Adolfo López Mateos emprendió contra los ferrocarrileros desbarató la experiencia democrática que desde varios meses antes había logrado colocar al frente de aquel sindicato a un dirigente respaldado por los trabajadores. Desde entonces, parecía claro que los intentos por la democracia sindical solamente podrían prosperar si tenían la aquiescencia del poder político -el cual, desde aquellos años, se encadenaba cada vez más a los intereses de los líderes charros-.
Aquella represión se tradujo, además, en enormes injusticias. Demetrio Vallejo y algunos de sus compañeros, entre ellos Valentín Campa, permanecieron encarcelados durante 11 años.
El encono presidencial contra Vallejo y los ferrocarrileros de ánimo independiente había comenzado en 1958, cuando ese dirigente ganó de manera arrasadora las elecciones para el comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Posiblemente tenga algo de exageración, pero la versión que prevalece sobre aquella elección relata que el cómputo fue suspendido cuando la planilla de Vallejo llevaba 59 mil votos y sus contrincantes solamente nueve.
Meses más tarde, la nueva dirección sindical tuvo que ocuparse de las revisiones salarial y del contrato colectivo que vencían en febrero para los trabajadores de los Ferrocarriles Nacionales y varias semanas después en los Ferrocarriles del Pacífico y Mexicano. Las movilizaciones del sindicato para difundir sus reivindicaciones fueron enfrentadas con una intensa campaña macartista. “Conjura roja”, exclamaban personeros del gobierno y numerosas voces en la adocenada prensa de aquel último trecho de los años 50. Cuando el sindicato anunció que realizaría una manifestación el 22 de febrero, el gobierno la prohibió y únicamente autorizó un mitin. El 25 de febrero los trabajadores estallaron la huelga, pero unos minutos más tarde la Junta Federal de Conciliación la declaraba inexistente. Ante la posibilidad de mayores represalias, la dirección sindical aceptó las propuestas de la empresa y levantó la huelga.
Aún estaban por resolverse las peticiones de los trabajadores en las otras dos empresas ferroviarias. El 25 de marzo el sindicato estalló sendas huelgas en los ferrocarriles Mexicano y del Pacífico. La pretensión salarial era idéntica a la que habían conseguido los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales -16 por ciento- además de algunas prestaciones. Pero no era económico el significado principal de aquellas huelgas, que además ponían a prueba la capacidad de un sindicato apartado de la órbita de influencia oficialista para defender los intereses de sus agremiados.
Aquel 25 de marzo era miércoles de Semana Santa. La coincidencia de la huelga con la afluencia de vacacionistas en todo el país fue aprovechada por los medios de comunicación que enderezaron una cruzada contra el sindicato ferrocarrilero acusándolo de trastornar el asueto de la sociedad mexicana. Junto con esa campaña, menudean los amagos. Horas antes de que la huelga estallase, fueron despedidos los trabajadores más activos por su militancia sindical. Igual que la anterior, la nueva huelga fue declarada inexistente pero el sindicato obtuvo un amparo que le permitía mantenerla.
En todo el país, las secciones del sindicato estallan paros en solidaridad con sus compañeros en huelga. Esas acciones, y la huelga misma, propician el despido de centenares de ferrocarrileros y la detención de docenas de ellos. El 27 de marzo los dirigentes nacionales, encabezados por Demetrio Vallejo, visitan al secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, para explicarle que ahora la huelga exige la reinstalación de los despedidos, además del aumento salarial y reparación a diversas violaciones contractuales.
La espiral del enfrentamiento era irrefrenable. A cada muestra de fortaleza del sindicato, cuya huelga concitaba enorme interés y solidaridad en otros gremios, se enardecía la respuesta del gobierno. A cada medida autoritaria, el sindicato no podía responder sino manteniendo su huelga. El 28 de marzo Vallejo y los dirigentes Hugo Ponce de León y Alejandro Pérez Enríquez fueron detenidos en un restaurante contiguo al edificio sindical. El procurador de la República, Fernando López Arias, aseguró que los detenidos “desarrollaban un plan de agitación y de graves daños a la economía del país, guiados por comunistas”.
Detenidos sus principales dirigentes, la huelga se mantuvo unos días. En su libro Mi testimonio, Valentín Campa relata: “Todo el ejército fue movilizado. Se estableció el estado de sitio en los barrios en donde vivían los ferrocarrileros. En las colonias Guerrero y Vallejo, del Distrito Federal, se prohibía reunirse en la calle a más de tres personas. Sin embargo, las divisiones del sureste no pudieron ser controladas por el ejército. En ellas las pequeñas guarniciones no eran capaces de evitar el movimiento, por lo que la huelga general continuó hasta el 12 de abril”.
Miles de trabajadores fueron despedidos. El sindicato fue entregado a una dirigencia espuria. Vallejo y Campa fueron presos políticos hasta 1970. Su liberación fue una de las banderas del movimiento estudiantil del 68.
Absurda y emblemática, la represión contra el movimiento ferrocarrilero expresó límites y obcecaciones del Estado mexicano. Si algo han cambiado desde entonces las cosas en este país, se debe en buena medida al empeño de mexicanos como aquellos trabajadores que a pesar de la intolerancia gubernamental se empeñaron en defender derechos gremiales y ciudadanos que resultan fundamentales. Aquellos ferrocarrileros de 1959 se encuentran entre nuestros héroes cívicos.
La represión que el gobierno del presidente Adolfo López Mateos emprendió contra los ferrocarrileros desbarató la experiencia democrática que desde varios meses antes había logrado colocar al frente de aquel sindicato a un dirigente respaldado por los trabajadores. Desde entonces, parecía claro que los intentos por la democracia sindical solamente podrían prosperar si tenían la aquiescencia del poder político -el cual, desde aquellos años, se encadenaba cada vez más a los intereses de los líderes charros-.
Aquella represión se tradujo, además, en enormes injusticias. Demetrio Vallejo y algunos de sus compañeros, entre ellos Valentín Campa, permanecieron encarcelados durante 11 años.
El encono presidencial contra Vallejo y los ferrocarrileros de ánimo independiente había comenzado en 1958, cuando ese dirigente ganó de manera arrasadora las elecciones para el comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Posiblemente tenga algo de exageración, pero la versión que prevalece sobre aquella elección relata que el cómputo fue suspendido cuando la planilla de Vallejo llevaba 59 mil votos y sus contrincantes solamente nueve.
Meses más tarde, la nueva dirección sindical tuvo que ocuparse de las revisiones salarial y del contrato colectivo que vencían en febrero para los trabajadores de los Ferrocarriles Nacionales y varias semanas después en los Ferrocarriles del Pacífico y Mexicano. Las movilizaciones del sindicato para difundir sus reivindicaciones fueron enfrentadas con una intensa campaña macartista. “Conjura roja”, exclamaban personeros del gobierno y numerosas voces en la adocenada prensa de aquel último trecho de los años 50. Cuando el sindicato anunció que realizaría una manifestación el 22 de febrero, el gobierno la prohibió y únicamente autorizó un mitin. El 25 de febrero los trabajadores estallaron la huelga, pero unos minutos más tarde la Junta Federal de Conciliación la declaraba inexistente. Ante la posibilidad de mayores represalias, la dirección sindical aceptó las propuestas de la empresa y levantó la huelga.
Aún estaban por resolverse las peticiones de los trabajadores en las otras dos empresas ferroviarias. El 25 de marzo el sindicato estalló sendas huelgas en los ferrocarriles Mexicano y del Pacífico. La pretensión salarial era idéntica a la que habían conseguido los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales -16 por ciento- además de algunas prestaciones. Pero no era económico el significado principal de aquellas huelgas, que además ponían a prueba la capacidad de un sindicato apartado de la órbita de influencia oficialista para defender los intereses de sus agremiados.
Aquel 25 de marzo era miércoles de Semana Santa. La coincidencia de la huelga con la afluencia de vacacionistas en todo el país fue aprovechada por los medios de comunicación que enderezaron una cruzada contra el sindicato ferrocarrilero acusándolo de trastornar el asueto de la sociedad mexicana. Junto con esa campaña, menudean los amagos. Horas antes de que la huelga estallase, fueron despedidos los trabajadores más activos por su militancia sindical. Igual que la anterior, la nueva huelga fue declarada inexistente pero el sindicato obtuvo un amparo que le permitía mantenerla.
En todo el país, las secciones del sindicato estallan paros en solidaridad con sus compañeros en huelga. Esas acciones, y la huelga misma, propician el despido de centenares de ferrocarrileros y la detención de docenas de ellos. El 27 de marzo los dirigentes nacionales, encabezados por Demetrio Vallejo, visitan al secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, para explicarle que ahora la huelga exige la reinstalación de los despedidos, además del aumento salarial y reparación a diversas violaciones contractuales.
La espiral del enfrentamiento era irrefrenable. A cada muestra de fortaleza del sindicato, cuya huelga concitaba enorme interés y solidaridad en otros gremios, se enardecía la respuesta del gobierno. A cada medida autoritaria, el sindicato no podía responder sino manteniendo su huelga. El 28 de marzo Vallejo y los dirigentes Hugo Ponce de León y Alejandro Pérez Enríquez fueron detenidos en un restaurante contiguo al edificio sindical. El procurador de la República, Fernando López Arias, aseguró que los detenidos “desarrollaban un plan de agitación y de graves daños a la economía del país, guiados por comunistas”.
Detenidos sus principales dirigentes, la huelga se mantuvo unos días. En su libro Mi testimonio, Valentín Campa relata: “Todo el ejército fue movilizado. Se estableció el estado de sitio en los barrios en donde vivían los ferrocarrileros. En las colonias Guerrero y Vallejo, del Distrito Federal, se prohibía reunirse en la calle a más de tres personas. Sin embargo, las divisiones del sureste no pudieron ser controladas por el ejército. En ellas las pequeñas guarniciones no eran capaces de evitar el movimiento, por lo que la huelga general continuó hasta el 12 de abril”.
Miles de trabajadores fueron despedidos. El sindicato fue entregado a una dirigencia espuria. Vallejo y Campa fueron presos políticos hasta 1970. Su liberación fue una de las banderas del movimiento estudiantil del 68.
Absurda y emblemática, la represión contra el movimiento ferrocarrilero expresó límites y obcecaciones del Estado mexicano. Si algo han cambiado desde entonces las cosas en este país, se debe en buena medida al empeño de mexicanos como aquellos trabajadores que a pesar de la intolerancia gubernamental se empeñaron en defender derechos gremiales y ciudadanos que resultan fundamentales. Aquellos ferrocarrileros de 1959 se encuentran entre nuestros héroes cívicos.
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