TOPE

JORGE ALCOCER

Todavía es posible escuchar en las marchas de izquierda, o ver en algunas bardas, la ingenua consigna "salario mínimo al Presidente, para que vea lo que se siente".El asunto sería inocuo de no ser porque quizá hoy en San Lázaro quede de primera lectura el dictamen de la Minuta de reformas constitucionales que el Senado turnó en marzo de 2007, cuyo propósito central es establecer un tope máximo a las remuneraciones de los servidores públicos, adoptando como parámetro la fijada en el Presupuesto Anual de Egresos para el titular del Ejecutivo Federal.El desorden o arbitrariedad que desde hace años impera en materia de sueldos y prestaciones para los servidores públicos de mando superior, tanto de elección como designados, ha conducido a disparidades sin justificación, abusos y ocultamiento de pagos. Esa situación debe terminar.La duda radica en la eficacia de adoptar el sueldo nominal del Presidente como tope superior de ingresos para cualquier servidor público.La medida es inocua para la inmensa mayoría de quienes trabajan para el Estado, pero no lo será para los mandos superiores de la administración pública; los ministros de la Corte; los magistrados de la Sala Superior del TEPJF; los directivos de organismos y empresas públicas y de organismos autónomos, como los consejeros del IFE, que desataron la polémica y obligaron a sacar de la congeladora el tema.Corregir las injustificadas disparidades entre lo que perciben diversos servidores públicos y el sueldo nominal neto del Presidente ($146,830 al mes) es propósito plausible, pero hay razones para dudar de la pertinencia y eficacia de considerar el de este último como tope. En efecto, al inquilino de Los Pinos, y a sus familiares directos (esposa e hijos) el erario les cubre la casi totalidad de sus gastos personales y domésticos, así como los que exige el cumplimiento de las obligaciones y atribuciones presidenciales.Al hacer tabla rasa de las diferencias entre servidores públicos, en razón de su cargo y responsabilidades, podría generarse un problema mayor al que se pretende resolver. Invocar la máxima juarista de la "honrada medianía" es grato para los oídos mediáticos, pero puede provocar una desbandada en el sector público, pues la diferencia entre lo que pagan las empresas privadas y lo que pagaría el Estado se ensanchará de manera inevitable.Además, buscando eludir la aplicación retroactiva de la reforma, se dispone que los actuales ministros, magistrados, jueces y consejeros integrantes de los poderes judiciales, tanto federal como de los estados, así como los consejeros electorales del IFE, mantengan su actual retribución nominal durante el tiempo que dure su encargo.Cabe suponer que al referirse a "retribución nominal" se incluye el sueldo base y la compensación garantizada; pero aún así los ministros y magistrados, así como los consejeros del IFE, verán afectado a la baja su ingreso, pues tendrán que dejar de percibir las remuneraciones adicionales, cuando el total sea mayor al sueldo nominal del Presidente. Tal situación es contraria, para el caso de los primeros, a la garantía establecida en el artículo 94 de la Constitución: sus remuneraciones no pueden ser disminuidas durante el periodo de su encargo.De respetarse la garantía antes señalada, habría otro efecto indeseable, derivado de la renovación escalonada de ministros de la Corte y consejeros electorales del IFE: los que permanecen en sus cargos ganarán más, mucho más, que los de nueva designación, contraviniendo el principio constitucional "a trabajo igual, salario igual".Como la previsión transitoria antes comentada se refiere solamente a los sujetos señalados en la misma, cabe suponer que otros servidores públicos, como el gobernador del Banco de México, los integrantes de su Junta de Gobierno; los directores de los bancos estatales y de los grandes organismos y empresas; los consejeros del IFAI, los mandos superiores de la CNDH, y algunos otros, deberán, en su caso, ajustar a la baja sus actuales remuneraciones. Nadie sabe, pues las iniciativas y dictámenes al respecto no entraron a evaluarlo, cuál será el impacto de la reforma, no sólo en el ahorro presupuestal, que todo apunta será poco significativo, sino también en la estructura de sueldos del sector público.Es aconsejable que, ante la obligada revisión que tendrá que hacer el Senado de lo aprobado en la Cámara de Diputados, se entre al fondo del asunto para cubrir los faltantes de información y evaluación, y tomar las mejores decisiones.Urge poner orden y dar racionalidad a los tabuladores de sueldos y prestaciones en todo el sector público, pero esa urgencia no está reñida con la debida consideración de las diferencias y especificidades de cada ámbito, y de los perfiles profesionales que cabe exigir a las personas que desempeñen tareas de alta responsabilidad al servicio del Estado.Es un tema muy sensible en la opinión pública, pero una mala decisión puede provocar males mayores de los que, justificadamente, han provocado críticas y hasta indignación.