AMENAZAS A LA AUTONOMÍA

JOSÉ WOLDENBERG

El cambio democratizador que vivió nuestro país estuvo acompañado de la creación de un número relevante de nuevas instituciones estatales de carácter autónomo. Son un fruto de los tiempos en que se aclimató entre nosotros el pluralismo político y al mismo tiempo forman parte del entramado que está llamado a soportar la vida democrática. No aparecieron por arte de magia sino tratando de responder a diversas necesidades, y sus funciones sustantivas son imprescindibles para la sustentabilidad del germinal régimen constitucional democrático.Banco de México, institutos electorales, comisiones de derechos humanos, institutos para la transparencia y el acceso a la información, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática forman parte de esa nueva constelación de organismos públicos autónomos.Un buen número son necesarios para garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos y se consideró que la mejor vía para ello era que no fueran dependientes de ninguno de los poderes públicos tradicionales. Su autonomía debe permitirles un funcionamiento alejado de la lógica y las presiones de las principales fuerzas políticas del país y de esa manera deben garantizar procesos sustantivos para el quehacer político y social y el ejercicio de muy diversos derechos.La autonomía es así la piedra de toque de esas dependencias. La capacidad para resolver y trazar su propia ruta sin la injerencia de otras instituciones donde cristaliza el poder público es una condición no sólo para su buen desempeño sino para su necesaria sustentabilidad. Sin ella se desvirtúan o acaban alineadas en el muy intenso rejuego de las corrientes políticas. Por el contrario, las entidades públicas autónomas están obligadas a actuar por encima de las diferentes racionalidades y apuestas partidistas, y con ese comportamiento hacen posible una mejor reproducción de la pluralidad y facilitan su coexistencia y competencia en un marco institucional democrático.No obstante, existe una preocupación extendida sobre su presente y futuro. Lorenzo Córdova Vianello ("Estado actual y futuro de los órganos autónomos", en Tercer Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos. Autonomía, reforma legislativa y gasto público. CDHDF. México. 2008) alerta sobre tres problemas que están incidiendo de manera negativa en el asentamiento de no pocos organismos autónomos.Lo que él llama metafóricamente "la feudalización del poder político" no es otra cosa que el resultado del tránsito de un centralismo exacerbado que subordinaba a los poderes locales al poder presidencial a un federalismo aún primitivo en donde los márgenes de acción de los gobernadores se han ensanchado de manera significativa. El problema, dice él y tiene razón, es que en muchos estados los órganos autónomos viven los embates del Poder Ejecutivo local que intenta su "amansamiento". Detecta una pulsión autoritaria en no pocas regiones, ahora encarnada en los gobernadores, que buscan alinear a su lógica a las entidades que por mandato constitucional deberían funcionar de manera autónoma.Otro riesgo son las operaciones legislativas que reducen o acotan la autonomía de las instituciones encargadas de las elecciones, la defensa de los derechos humanos o el acceso a la información pública. Ejemplos, por desgracia, no faltan. La facultad que el Congreso del estado de México se dio para nombrar al secretario ejecutivo del instituto electoral de ese estado; la fusión que hizo el Congreso de Querétaro de los órganos de defensa de los derechos humanos y de la transparencia (aunque después la Corte le corrigió la plana). Esas operaciones tienden a erosionar la autonomía y por ello a desgastar a los nacientes organismos.Pero quizá el problema mayor sea, cito de nuevo a Córdova: "la tendencia a ver a los órganos autónomos como un botín y a sus titulares como el resultado de cuotas políticas". Ello desnaturaliza su conformación y su funcionamiento. En ocasiones da la impresión que los grupos parlamentarios prefieren negociar con el criterio de "cuotas", lo cual facilita los acuerdos, pero tiende a convertir a los órganos autónomos, o mejor dicho a sus titulares, en correas de transmisión de los partidos que los postularon. Esa fórmula es grave de por sí, pero resulta aún peor "que quien es nombrado a un cargo se asuma como el representante de intereses de parte y no como el titular de un órgano que, por su propia definición no puede, no debe, asumir partidos predeterminados".O para decirlo de otra manera: resulta impertinente que los partidos políticos a través de sus grupos en los congresos prefieran contar con enviados o representantes en los órganos autónomos. Pero resulta aún peor que los nombrados se piensen a sí mismos y actúen como si fueran los emisarios de sus designadores.México logró en los últimos años pasar de un mundo de la representación política monopartidista a otro plural. Esa colonización por parte de la diversidad de las instituciones del Estado es una buena nueva ya que edifica pesos y contrapesos en el espacio que antes se desplegaba siguiendo la voluntad del titular del Ejecutivo federal. En ese proceso transformador se edificaron nuevas instituciones estatales -con un carácter autónomo- tendientes a fortalecer el entramado republicano, el ejercicio de diversos derechos de los ciudadanos y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Entonces, atentar contra ellas no es sólo un mal cálculo inmediatista, sino una apuesta riesgosa que vulnera las posibilidades de ofrecer viabilidad a la coexistencia de la diversidad que marca nuestra vida pública.