MIGUEL CARBONELLEs natural y hasta comprensible el rechazo que suscitó la intentona de los consejeros del IFE de subirse los sueldos, como lo es también la irritación que suscitan los ingresos de algunos otros altos funcionarios del Estado mexicano. El reclamo ciudadano tiene fundamento y debería ser atendido sin demora por los legisladores.
Pero no debería servir como excusa para tapar que no es en sueldos donde se nos escapa el presupuesto. Hay otros espacios del gasto público que sí suponen un verdadero asalto y que llevan años siendo denunciados.
De hecho, la Auditoría de Fiscalización Superior de la Federación daba cuenta en su más reciente informe de desvíos y maquinaciones nada menores. Por ejemplo, el manejo opaco y discrecional de los subejercicios presupuestales, los cuales muchas veces son repartidos entre los funcionarios (como ha sucedido en la Cámara de Diputados, por ejemplo). Es decir, no sólo no saben ejecutar el presupuesto, sino que además —en el colmo del cinismo— se premian por ello. Otros casos: la Secretaría de Hacienda subsidia al sindicato de maestros para que los abnegados docentes no tengan que pagar el Impuesto Sobre la Renta por sus aguinaldos y primas vacacionales; en Fonatur se venden terrenos a precios llamativamente menores a los establecidos; el Programa Enciclomedia es una caja oscura donde hay faltantes de equipo, mala contratación de los derechos de uso de los programas, etcétera.
Para darnos una idea del monto de estos despropósitos, sólo en el presupuesto de 2007 la ASF observó más de 60 mil millones de pesos, cifra que es escandalosa, aunque sensiblemente menor a la observada durante el primer año del gobierno de Fox, cuando la llamada de atención del auditor fue por 339 mil millones de pesos. Entre esas cantidades hay gastos sin comprobar, entrega de donativos sin justificación, poco rigor en la asignación de concesiones y contratos públicos, apapacho para ciertos sindicatos, desorden en la administración de bienes inmuebles de propiedad pública, trato amable para algunos contribuyentes sujetos a procesos penales por fraude fiscal y así por el estilo.
Una mención aparte la merecen los “fideicomisos”, que se han creado lo mismo para asegurar pensiones complementarias para jueces y magistrados que para construir los segundos pisos del Periférico y el Viaducto; hay miles de millones de pesos depositados en fideicomisos que están alejados de la mirada pública y cuya administración es, por lo menos, opaca y discrecional. Otro sector muy delicado se observa en el ejercicio del gasto previsto en el llamado Ramo 33, por medio del cual se transfieren recursos a estados y municipios; esos recursos muchas veces se gastan sin justificación, orden, límite ni supervisión. El Ramo 33 se ha convertido en un surtidor económico de los pequeños reyezuelos que gobiernan en entidades federativas y en municipios.
La administración pública mexicana en sus diversos niveles de gobierno no solamente es una estructura llena de fugas de recursos y sin ningún esquema de racionalidad en el gasto, sino que además está dedicada a preservar la impunidad. Hace unos días el auditor de la Federación se quejaba del poco caso que le hacen dependencias como la Secretaría de la Función Pública o la PGR, que son las encargadas de abrir procedimientos sancionatorios contra funcionarios presuntamente corruptos. Una de sus denuncias fue presentada en 2007 por el presunto desvío de mil 700 millones de pesos entregados al sindicato de Pemex; según sus propias palabras, la PGR todavía no ha tenido el tiempo (ni las ganas, cabría agregar) para estudiar el caso y resolver conforme a derecho.
Si el gasto público se ejerciera mejor no haría falta discutir demasiado sobre los sueldos de los altos funcionarios. Lo peor es pagarles muy bien por malgastar nuestro dinero y permitirles además que se sigan encubriendo entre ellos. No estamos lejos de tener en México una “cleptocracia” en toda regla, es decir, un gobierno de ladrones. La pregunta interesante es hasta cuándo seguiremos aguantando este asalto masivo y cotidiano.
Pero no debería servir como excusa para tapar que no es en sueldos donde se nos escapa el presupuesto. Hay otros espacios del gasto público que sí suponen un verdadero asalto y que llevan años siendo denunciados.
De hecho, la Auditoría de Fiscalización Superior de la Federación daba cuenta en su más reciente informe de desvíos y maquinaciones nada menores. Por ejemplo, el manejo opaco y discrecional de los subejercicios presupuestales, los cuales muchas veces son repartidos entre los funcionarios (como ha sucedido en la Cámara de Diputados, por ejemplo). Es decir, no sólo no saben ejecutar el presupuesto, sino que además —en el colmo del cinismo— se premian por ello. Otros casos: la Secretaría de Hacienda subsidia al sindicato de maestros para que los abnegados docentes no tengan que pagar el Impuesto Sobre la Renta por sus aguinaldos y primas vacacionales; en Fonatur se venden terrenos a precios llamativamente menores a los establecidos; el Programa Enciclomedia es una caja oscura donde hay faltantes de equipo, mala contratación de los derechos de uso de los programas, etcétera.
Para darnos una idea del monto de estos despropósitos, sólo en el presupuesto de 2007 la ASF observó más de 60 mil millones de pesos, cifra que es escandalosa, aunque sensiblemente menor a la observada durante el primer año del gobierno de Fox, cuando la llamada de atención del auditor fue por 339 mil millones de pesos. Entre esas cantidades hay gastos sin comprobar, entrega de donativos sin justificación, poco rigor en la asignación de concesiones y contratos públicos, apapacho para ciertos sindicatos, desorden en la administración de bienes inmuebles de propiedad pública, trato amable para algunos contribuyentes sujetos a procesos penales por fraude fiscal y así por el estilo.
Una mención aparte la merecen los “fideicomisos”, que se han creado lo mismo para asegurar pensiones complementarias para jueces y magistrados que para construir los segundos pisos del Periférico y el Viaducto; hay miles de millones de pesos depositados en fideicomisos que están alejados de la mirada pública y cuya administración es, por lo menos, opaca y discrecional. Otro sector muy delicado se observa en el ejercicio del gasto previsto en el llamado Ramo 33, por medio del cual se transfieren recursos a estados y municipios; esos recursos muchas veces se gastan sin justificación, orden, límite ni supervisión. El Ramo 33 se ha convertido en un surtidor económico de los pequeños reyezuelos que gobiernan en entidades federativas y en municipios.
La administración pública mexicana en sus diversos niveles de gobierno no solamente es una estructura llena de fugas de recursos y sin ningún esquema de racionalidad en el gasto, sino que además está dedicada a preservar la impunidad. Hace unos días el auditor de la Federación se quejaba del poco caso que le hacen dependencias como la Secretaría de la Función Pública o la PGR, que son las encargadas de abrir procedimientos sancionatorios contra funcionarios presuntamente corruptos. Una de sus denuncias fue presentada en 2007 por el presunto desvío de mil 700 millones de pesos entregados al sindicato de Pemex; según sus propias palabras, la PGR todavía no ha tenido el tiempo (ni las ganas, cabría agregar) para estudiar el caso y resolver conforme a derecho.
Si el gasto público se ejerciera mejor no haría falta discutir demasiado sobre los sueldos de los altos funcionarios. Lo peor es pagarles muy bien por malgastar nuestro dinero y permitirles además que se sigan encubriendo entre ellos. No estamos lejos de tener en México una “cleptocracia” en toda regla, es decir, un gobierno de ladrones. La pregunta interesante es hasta cuándo seguiremos aguantando este asalto masivo y cotidiano.
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